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Ecopetrol se encuentra bajo la lupa de la Contraloría por un supuesto daño presupuestal de $2,4 billones (o el equivalente a US$615 millones). El ente de Control comunicó que esta presunta pérdida se habría generado por un mal negocio hecho por la petrolera en Perú, pues a finales de 2008 compró el 50 % de las acciones de la sociedad Offshore International Group (OIG), mismas que vendió en enero de 2021 por menos del 5 % de su valor original.
Según los resultados de la indagación preliminar, antes de formalizar la compra había indicios de que este era un negocio mal planificado. La Contraloría precisa que la petrolera desestimó una serie de advertencias que hicieron consultores externos sobre eventuales riesgos que podrían acompañar dicha inversión. Las previsiones de estos expertos no solo se cumplieron, sino que la compañía adquirida nunca generó utilidades a Ecopetrol.
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“La historia de esta mala inversión, se puede resumir así: En 2008, con el objetivo de llegar a producir 1 millón de barriles en 2015, Ecopetrol se enfocó en distintas estrategias, entre las cuales se encontraba la “adquisición de campos y/o empresas a nivel nacional e internacional que aportaran recursos exploratorios, recursos contingentes y reservas”. Y, en su momento, Perú era atractivo para la empresa puesto que desde 2007 había ingresado a ese país y quería consolidarse allí aportando barriles a la producción de todo el grupo empresarial. El 29 de diciembre de 2008, Ecopetrol, junto con Korea National Oil Corporation – KNOC-, una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República de Corea, suscribieron un contrato de compraventa de acciones con Offshore Exploration and Production LLC –OEP-, mediante el cual Ecopetrol y KNOC adquirieron en partes iguales el total de las acciones representativas del capital social de Offshore International Group Inc. –OIG- (cuyo principal activo era la compañía Petro-Tech Perú)”, explica Ecopetrol.
En suma, la petrolera compró estas acciones por US$992′180.848, de los cuales pagó (en febrero de 2009) US$496′090.424. Una de las cláusulas del contrato establecía que si se cumplía una serie de condiciones antes del segundo aniversario de la fecha de cierre, KNOC y ECP estarían obligados a pagar una suma adicional denominada “Earn Out Amount” o el Importe del Beneficio Futuro.
Es así como el 22 de febrero de 2011, Ecopetrol y KNOC realizaron unos pagos adicionales por US$145′884.191 por dicho concepto.
“Por lo anterior, Ecopetrol realizó pagos de acuerdo a lo pactado contractualmente con Offshore Exploration and Production LLC –OEP-, correspondientes al 50% de participación de Offshore International Group Inc. –OIG-por un valor de US$641.974.615,11. El 19 de enero de 2021, Ecopetrol informó a través de un Comunicado de Prensa que, mediante la suscripción del contrato de compra venta de acciones, entre Ecopetrol y KNOC actuando como vendedores y Z Mining Investments LLC., una de las compañías filiales de DeJong Capital LLC., en su calidad de comprador, se perfeccionó la enajenación de la totalidad de la participación de ECP y KNOC en el capital de la sociedad Offshore International Group Inc. -OIG-, en la cual Ecopetrol tenía una participación equivalente al 50% del capital social. En el comunicado referido, Ecopetrol manifestaba que no se revelaba el monto de la transacción por “un acuerdo de confidencialidad” aspecto que llamó la atención de la Contraloría General de la República, la cual se dio a la tarea de indagar por dicho proceso”, añade el ente de Control.
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En la información que la Contraloría solicitó a Ecopetrol, esta le detalló que las partes del Contrato de Compraventa de Acciones acordaron un valor total de la transacción compuesto por cuatro ítems: 1) Un pago de Precio de Compra inicial al cierre de la transacción de US$ 2 Millones 2) Un ajuste del precio de compra inicial de hasta US$3 Millones 3) Pagos sujetos a la materialización de eventos de hasta US$170 Millones 4) Y pagos asociados al crédito de accionistas con Savia de US$56.5 Millones.
Con base en esta información la Contraloría concluyó que en el mejor de los casos se podría llegar a US$231,5 millones, de los cuales US$115,75 millones le corresponderían a Ecopetrol, con el agravante que de los US$231,5 millones, US$170 estarían sujetos a “la materialización de eventos futuros”, entre ellos un proceso contra la SUNAT (la administración de tributos del gobierno peruano) por 153 millones de dólares.
“Lo realmente recibido entonces, como elemento cierto sería el 50% de lo correspondiente a los ítems 1, 2 y 4, es decir US$30,75 millones (menos del 5% de lo pagado para adquirirla). A partir de esta notable diferencia, la Indagación Preliminar ahondó en todo el proceso previo a la compra de la compañía, su adquisición y posterior administración, llegando a varias conclusiones”, continúa explicando la Contraloría.
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La primera de estas conclusiones es la de las advertencias emitidas por firmas asesoras externas, especialmente por riesgos geológicos, legales y técnicos de la compañía que sería adquirida. Cuatro meses después de ser adquirida, Ecopetrol comprobó la materialización de esos riesgos.
Una segunda conclusión a la que llegó la Contraloría es que se presentaron deficiencias en las acciones orientadas a la mitigación de estos riesgos; además, a los tres años de la compra ya se habían materializado varios de estos, lo que llevó a que Ecopetrol comenzara el proceso de venta, en 2011, mismo que no fue exitoso, sino hasta finales de 2020 (cuando los indicadores financieros de la empresa adquirida ya eran críticos).
Otra de las conclusiones es que “la empresa no logró la incorporación de reservas, por el contrario, tuvo que desincorporarlas continuamente desde la compra; y tampoco tuvo éxito en las campañas de perforación debido a dificultades tanto técnicas, atribuidas a la complejidad de los yacimientos (tema advertido por los asesores contratados para evaluar estos aspectos), como de entorno que le impidieron lograr su objetivo. Sin embargo, los temas técnicos eran de amplio conocimiento por parte de Ecopetrol, ya sea en relación con las características de los yacimientos y la mala calidad de la información sísmica o en relación con la indisponibilidad de equipos, herramientas y personal necesario para llevar a cabo la actividad operativa, sin dejar a un lado el mal estado en el que se encontraban los equipos al momento de recibirlos”, informa el ente de control.
También se encontró que desde la compra y hasta la venta, esta empresa nunca aportó utilidades a Ecopetrol, pues las que se generaron se invirtieron en temas de operación. Para la Contraloría es claro que no hubo un seguimiento de la planeación realizada, lo que impidió reducir los riesgos anunciados y alcanzar las metas trazadas con esta inversión. Esto también señala el bajo nivel de compromiso que tuvieron los directivos en esta materia, pues los mismos no hicieron controles permanentes ni análisis que permitieran tomar decisiones oportunas.
“Cuando se decide realizar la inversión en Perú en 2008, se presentaron en la Junta Directiva de Ecopetrol las condiciones que eran favorables para la inversión. Dos de ellas eran: la “estabilidad en las reglas de juego” y un “régimen fiscal favorable y entorno político estables resultando en un ambiente óptimo para invertir”. Sin embargo, en la respuesta recibida por la CGR se plantea que para el momento en que se decide hacer la desinversión, el segmento Upstream en Perú era poco atractivo para las actividades de exploración y producción principalmente por los siguientes factores: ✓ El entorno regulatorio y de gestión de permisos podría retrasar el desarrollo de las actividades. ✓ Existe una inestabilidad contractual y jurídica que podría postergar o incluso cancelar los proyectos de inversión. ✓ Oferta limitada de servicios petroleros y recursos logísticos. ✓ Incremento de los riesgos de entorno político, ambientales y de comunidades”, se lee en el informe de la Contraloría.
A pesar de que Ecopetrol le explica a la Contraloría que al momento de materializar el negocio existían condiciones favorables, el ente de control también tiene en cuenta los conceptos de los expertos, que van en contravía. Es por esto que decide abrir una investigación, para que las personas responsables den cuenta de sus actos.
Lo cierto es que este mal negocio habría implicado la pérdida de una billonada de dinero.
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