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El 2016 comenzó haciendo historia en materia de comercio exterior. El pasado 4 de febrero de 2016 fue firmado El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Un pacto que reune cerca del 40% de la economía mundial pues en éste se encuentra Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile.
Sin embargo, para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) el acuerdo no dará ningún beneficio en el corto plazo como resultado de la débil demanda mundial y de las barreras al comercio de servicios que todavía existen: “En el pasado, el rápido crecimiento del volumen del comercio mundial de bienes se cimentó en los destacados crecimientos de la economía mundial y, en particular, de las economías emergentes que vieron su PIB subir 5% en entre 1990 y el 2010. El problema es que este crecimiento se está desacelerando hacia un 4% en los próximos dos años, cambiando el panorama bajo el cual se había negociado el TPP”, comenta la entidad.
Asimismo, Anif argumenta que el comercio de servicios continúa siendo restrictivo en los países miembros del acuerdo, “implicando restricciones equivalentes a un arancel de entre el 15 y el 17% para el caso de Canadá, Japón y Australia, que son tres importantes miembros del TPP. Adicionalmente, al tratado le han surgido notorias voces contradictoras. En la lista se encuentran los candidatos a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump y Hillary Clinton”.
¿Y Colombia?
El centro de investigación advierte que en Colombia se están dando los primeros pasos hacia la internacionalización de la prestación de servicios. El Gobierno tiene una ambiciosa meta de incrementar las exportaciones no mineroenergéticas de US$12.000 millones hasta los US$30.000 millones.
Con el objetivo de cumplir con tal meta el Gobierno anunció un nuevo decreto que flexibiliza la reglamentación en las zonas francas. Por ejemplo eliminarían requisitos de áreas mínimas para los casos de servicios de turismo y salud, se autorizarían las ventas al detal y la prestación de servicios a domicilio. Obviamente, “la tarea de la DIAN tendrá que reforzarse para evitar que ello se vuelva nuevamente foco de elusión y evasión tributaria”, indicó Anif.
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