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La crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19 puso en jaque al Gobierno una vez más por cuenta del extraordinario aumento en la pobreza en Colombia. Ahora, más que nunca, es necesario contar con recursos que sirvan para soportar a las familias que salieron peor libradas de 2020, pero el desafío sigue siendo conseguirlos.
Según cuentas del Ministerio de Hacienda, se necesitarán $7,6 billones para alcanzar 5,3 millones de personas que no pueden suplir sus necesidades básicas en alimentación y vivienda con el Programa de Ingreso Solidario. Los hogares en pobreza extrema y en pobreza monetaria reciben además transferencias de los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, así como subsidios en un porcentaje del consumo en energía y gas.
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Adicionalmente, el Gobierno implementó en el marco de la pandemia la medida de devolución del IVA para apoyar económicamente a los hogares más pobres con $45.000 mensuales, que deberían compensar lo que estas familias destinan al impuesto al consumo. La medida cuesta $1,5 billones para un universo de 4,7 millones de hogares, según el balance de Hacienda.
Por ahora ninguna de estas ayudas alcanza al 100 % de la población en condición de pobreza, y como esta población se incrementó 6,8 puntos porcentuales, hasta 42,5 %, el desafío ahora es mayor. Para empezar, no sé sabe quiénes son las personas que cayeron en pobreza o dónde están. La versión más actualizada del Sisbén, que es la base de datos más completa con la que cuenta el país para estos fines, es de antes de la pandemia, así que no los incluye.
El Gobierno no ha revelado oficialmente cuánto presupuesto adicional se necesitará para extender la cobertura de los programas sociales que hoy existen a los 3,5 millones de nuevos pobres que dejó la pandemia. Un cálculo rápido deja ver que harían falta al menos $6 billones más, la mitad de lo que espera recaudarse con la nueva reforma tributaria que, por cierto, aun no se conoce.
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De acuerdo con Roberto Angulo, miembro del Comité de Expertos de Pobreza, el monto real depende del objetivo de mitigación de pobreza que se fije el Gobierno y de la efectividad de los programas de transferencias y subsidios para impactar en ella. Sin embargo, hizo la advertencia de que si no se recaudan $4 billones anuales exclusivamente para gasto social, el efecto en la reducción de la pobreza no llegaría ni a dos puntos porcentuales.
“Una reforma que pretenda ayudar a acelerar la reducción de la pobreza debería apuntarle como mínimo a cuatro puntos porcentuales, debajo de eso sería insuficiente dado el tamaño de la población pobre con la que quedamos”, dijo. También advirtió que estos cálculos son apenas el comienzo, pues lo importante será implementar los programas, definir un mecanismo de focalización y un canal de pago.
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Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Por supuesto el aumento de la pobreza se explica en la pandemia y las repercusiones de esta en el mercado laboral. Pero, el DANE identificó otros factores que contribuyen a que un hogar esté en mayor riesgo de ser pobre.
De acuerdo con la entidad, los hogares más numerosos tenían mayores probabilidades de ser pobres para 2020. Mientras que en familias de cuatro o más miembros la pobreza monetaria fue del 50,8 % (en las ciudades intermedias llegó al 54,7 %), en los núcleos unipersonales fue de 18,5 % (en las ciudades aumentó al 19,9 %).
Del mismo modo, la incidencia de la pobreza es mayor cuando hay hijos menores de 12 años. Mientras el 76,9 % de los pobres son hogares con tres o más niños, en las familias sin menores la pobreza fue de 27,8 %. Según el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, es un hecho intuitivo, “hay que repartir la alcancía entre más gente que no genera, que es población dependiente”.
Por supuesto todo se resume en el número de personas ocupadas. En hogares con dos o más personas trabajando o devengando un ingreso la pobreza solo llega al 32,1 %, donde solo hay una persona ocupada aumenta al 47,9 % y si todos están desocupados la pobreza es del 62,4 %.
La entidad proyectó el mismo ejercicio para el caso de los jefes de hogar, es decir, quien en una familia asume el rol de liderazgo con el reconocimiento de los demás miembros. Cuando la jefatura está en manos de una mujer la probabilidad de que el hogar sea pobre es 6,7 puntos porcentuales más alta a escala nacional. Pero en las ciudades no capitales (otras cabeceras) la diferencia es de 10,3 puntos porcentuales. Aunque la tendencia no es nueva, se exacerbó con la pandemia, lo que termina por aumentar la inequidad.
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Pero el género no es el único factor donde se evidencian estas brechas. Curiosamente, entre mayor sea el jefe de hogar, menor es la incidencia de la pobreza en su familia. La mitad de los hogares liderados por jóvenes de hasta 25 años eran pobres en 2020, el porcentaje va reduciéndose con la edad hasta 30,3 % para los mayores de 65 años. De acuerdo con Oviedo, la mayoría de los adultos mayores tienen hogares unipersonales o de dos personas, “para ellos la división de la alcancía se hace entre menos gente, incluso con un salario mínimo ya están por fuera de la línea de pobreza; además, la mayoría tiene ingresos adicionales asociados a transferencias de otros hogares o del Gobierno”.
También influyen en la pobreza el nivel educativo, la situación laboral, la posición ocupacional y la afiliación a seguridad social del jefe del hogar. Una persona que solo cursó la primaria tiene 3,2 veces más probabilidades de ser pobre que alguien que terminó la universidad; un asalariado (quien trabaja para alguien a cambio de un sueldo) tiene la mitad de probabilidades de un trabajador por cuenta propia de caer en pobreza y quienes están afiliados al sistema pensional tienen casi tres veces menor incidencia de pobreza que quienes no lo están.
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