El debate del subsidio familiar

En dicho debate se mueve una amplia gama de propuestas que van desde la necesidad de suprimir la contribución con cargo a la nómina, con el fin de reducir los costos laborales y procurar una mayor dinámica en la generación y formalización del empleo; pasando por la reorientación de parte de los recursos recaudados con esta contribución y el aprovechamiento de la estructura institucional existente como operadores de servicios sociales, hasta la “transformación” de la naturaleza de la contribución parafiscal para la financiación del Sistema General de Salud.

Todas las propuestas traerán significativos cambios y efectos para la población que hoy es beneficiaria del Sistema del Subsidio Familiar, tanto trabajadores como empleadores. Será necesario un detenido examen y conocimiento del mencionado sistema y de la institucionalidad que lo sustenta, construida a lo largo de más de 50 años, cuya extensión y complejidad requieren que el debate esté precedido por un juicioso estudio antes de cualquier intervención.

El subsidio familiar hoy cuenta con más de 14,5 millones de personas vinculadas al sistema, entre trabajadores y pensionados, cónyuges y personas a cargo (ver cuadro). Nace a mediados del siglo pasado, como una prestación social otorgada a los trabajadores con menores salarios (hasta cuatro), que reconocen las CCF por cada una de las personas que aquellos tengan a su cargo (hijos menores, hermanos huérfanos y padres). Durante 2009 las cajas entregaron mensualmente subsidios en cuota monetaria a poco más de cuatro millones y medio de beneficiarios por cerca de un billón de pesos.

De igual forma, las cajas otorgan el subsidio en especie, reconocido en alimentos, vestido, becas de estudio, textos escolares, drogas, etc., a los trabajadores beneficiarios. En 2009 el sistema otorgó más de 3’770.000 subsidios de esta naturaleza por un valor aproximado de $54.000.

Desde los años 70 las CCF empezaron a transformarse en organizaciones especializadas en servicios sociales. Desarrollaron una importante infraestructura representada en establecimientos educativos, centros de salud y clínicas especializadas, bibliotecas, centros recreacionales y centros empresariales, entre otros, posibilitando que tanto los trabajadores como los propios empleadores accedan a servicios en condiciones de calidad, sólo al alcance de las clases y sectores más pudientes.

A partir de los años noventa el Congreso y el gobierno han intervenido fuertemente el subsidio familiar; destinaron parte de los aportes parafiscales a políticas y programas sociales, cuya ejecución se encomendó a las CCF en materia de vivienda, régimen subsidiado en salud, atención integral a la niñez y desempleo. Los recursos reorientados representan aproximadamente una cuarta parte de la contribución parafiscal al subsidio familiar. Con estas nuevas responsabilidades las CCF ampliaron el espectro de la población receptora de sus servicios, extendiéndolos a sectores especialmente vulnerables, no afiliados al subsidio familiar.

La red institucional creada a lo largo de los 50 años de existencia del subsidio familiar, su presencia en todos los departamentos del país y en un importante número de municipios, así como su capacidad de gestión, han llevado a la suscripción de acuerdos y alianzas con autoridades locales para la ejecución de programas que benefician a toda la comunidad. Ejemplo de ello son los colegios en concesión, los parques, bibliotecas y comedores escolares recibidos para su administración, así como los programas de vivienda de interés social desarrollados. Pero más allá, las CCF cumplen un importante rol de liderazgo en sus regiones, representan y encarnan una concepción de sociedad, son expresión de solidaridad y compromiso para con la población, a quienes se deben.

A pesar de la atención a estas nuevas poblaciones, se cuestiona el sistema con el argumento de la destinación de recursos a poblaciones que tienen el “privilegio” de desempeñarse como asalariados formales, desconociendo el hecho de su importante acción en pro de la población en general.

El espacio para la discusión sobre el futuro del subsidio familiar es el Congreso de la República, contando para ello con la activa participación del nuevo gobierno. La discusión debe ser abierta, amplia y participativa. Debe recoger las contribuciones de los distintos analistas en la materia, como las recientemente efectuadas por el Observatorio del Mercado de Trabajo de la Universidad Externado de Colombia.

Por sobre todo debe ser franca, que promueva y permita la expresión y confrontación de las posiciones encontradas, que se reconozca, por unos y otros, las fortalezas y debilidades de un sistema que ha procurado una vida digna para los asalariados colombianos, que ha propiciado el diálogo y el entendimiento entre trabajadores y empleadores, que ha contribuido significativamente al bienestar de la población y al desarrollo regional.

Debe ser cautelosa al evaluar los alcances y efectos que puedan producirse, principalmente en las relaciones entre empleadores y trabajadores, y entender que la discusión no versa sobre una forma de financiación de la política social, sino sobre el modelo de sociedad que queremos como nación.

 * Director Departamento de Seguridad Social y Mercado de Trabajo de la Universidad Externado de Colombia