El dilema de los fondos ganaderos

Detrás de la actividad de los fondos ganaderos del país —que buscan el “fomento, mejoramiento y sostenibilidad del sector agropecuario”, según la Ley 363 de 1997— se esconde una larga historia acompañada de ocho reformas a su legislación, bajos niveles de rentabilidad e irregularidades. De 25 sociedades de este tipo existentes en 1990, hoy sólo quedan nueve, las cuales se ven en aprietos financieros para acceder a créditos que garanticen su permanencia en el mercado.

Un informe que conoció El Espectador reveló que los fondos existentes en la actualidad acumularon pérdidas por $22.823 millones al cierre del año pasado. Asimismo, sólo dos estaban generando la rentabilidad requerida.

El Fondo Ganadero del Tolima fue el único que arrojó a diciembre de 2010 utilidades por $887 millones en su operación. En contraste, los que registraron utilidad operativa negativa fueron los de Atlántico ($781 millones), Huila ($699 millones), Santander ($675 millones), Magdalena ($544 millones), Córdoba ($485 millones), Cesar ($415 millones), Meta ($181 millones) y Boyacá ($174 millones).

Un aparte del documento reveló que en los últimos años los fondos de Atlántico, Boyacá, Cesar, Magdalena, Córdoba, Huila y Santander “han venido registrando dificultades operacionales y financieras” que dejan ver debilidades para la continuación del negocio. Según el informe, la participación que tiene el Estado en estas sociedades y que no se ha podido vender desde hace varios años, exige atención inmediata de la mano con un ‘revolcón’ a la legislación vigente que rige los fondos.

De acuerdo con la investigación, los fondos ganaderos no están en capacidad de sostenerse con las exigencias de la Ley 363 de 1997, lo que los ha llevado a buscar su reestructuración, liquidación o transformación. Actualmente están en proceso de liquidarse voluntariamente los fondos de Cundinamarca, Sucre, Arauca, Cauca y Occidente.

Esta ley pide a los fondos hacer actividades de fomento, aunque dice la investigación que el Decreto 863 de 2003 los privó “del beneficio fiscal que les permitía destinar el valor calculado como impuesto de renta y patrimonio a campañas de extensión agropecuaria”. También, la Ley 363 ordenó a los fondos tener “porcentajes estrictos de ganado de cría” y entregar a terceros parte del ganado a manera de participación, hecho que no se considera rentable.

En opinión del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, “ha faltado acción del Gobierno. Desde los noventa, como resultado de clientelismo y malos manejos, los fondos sufrieron reformas legales que les quitaron las prerrogativas”. Agregó que “urge una revisión que permita a los fondos ganaderos privatizarse o ser instrumento de política pública”.

Para el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía López, es necesario un cambio en la legislación de los fondos debido a que corresponden a un sector dinámico y aseguró que el Gobierno alista la creación de una dirección especializada en ganadería y leche que tenga más funcionarios especializados con el propósito de hacer sostenible la actividad ganadera.