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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué es lo que sucede, en el fondo, en el sector transportador como para que tomaran la decisión de detener, literalmente, la movilidad de una parte del país, después de que el Gobierno subiera el precio del galón de Acpm? ¿Por qué si la gasolina venía subiendo aceleradamente, se desencadenó una tormenta cuando se pretendió hacer lo mismo con el diésel? ¿Qué pasó en las granjas avícolas y por qué se especula, desde ya, que todo esto le pegará al dato de inflación? ¿Cómo nos vimos afectados, todos, con estas decisiones? ¿Qué hizo el Ejecutivo para lograr que los camioneros levantaran el cese de actividades? ¿Qué es el SiceTAC y qué tiene que ver con todo este embrollo que no es pequeño? ¿Qué papel juega la reforma laboral mirando este antecedente hacia el futuro? Pues con la ayuda de todos los contenidos que hicieron los colegas de las redacciones de Economía, Política, Colombia y Bogotá, construimos el siguiente resumen para responder cada una de esas preguntas. Comencemos.
El 28 de agosto de 2024 la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) había convocado “caravanas pacíficas nacionales” como forma de protesta al anuncio de incrementos al precio de Acpm, pues el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había dicho que le subiría $6.000 en una franja de septiembre de 2024 y finales de 2025, con el objetivo de llevar el galón de ese combustible de los $9.456 a los $15.456. Tres aumentos de $2.000 cada uno, en promedio.
Pero ¿por qué había que subirle esa cantidad, que no es poca? Resulta que existe el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Como lo dice su nombre, busca que los precios internos estén estables con los del mercado global. Pero ahí está el problema: el FEPC terminó 2022 con un déficit de $37 billones que, si no se resuelve, es decir, si ese dinero no sale de la misma gasolina y Acpm, entonces esa plata tendrá que cubrirse con recursos del Presupuesto General. Esta es la parte donde todo se complica más, pues quiere decir que los recursos que se podrían usar en proyectos de infraestructura, de vivienda, de gestión en programas sociales, hay que mandarlo para cubrir ese hueco. De ahí que se dijera que el país, es decir, todos los que pagamos impuestos, estamos subsidiando a las personas que usan Acpm para sus trabajos, como los camioneros, los de transporte de pasajeros, los tractores, etc.
¿Y cuál era el plan de la administración de Gustavo Petro, desde que comenzó su periodo? El Gobierno ajustó el precio de la gasolina, poco a poco mes a mes, pero el gran pendiente todavía estaba en el ajuste del diésel. Un dato no menor: “En 2023, el déficit del FEPC fue de $15,2 billones y este año cerraría en $12 billones, que le correspondería exclusivamente al Acpm, según las cuentas del Ministerio de Hacienda”, escribieron los colegas de Economía. “Según Bonilla, cada ajuste en el precio del Acpm ayudará a reducir el déficit del FEPC entre $2 y $3 billones”, agregaron. Así, palabras más, palabras menos, llegamos al primer día de paro, teniendo en cuenta que el Ejecutivo y varias organizaciones de transporte sí tuvieron mesas de negociación previamente, pero nunca llegaron a un acuerdo y, finalmente, el ministerio de Hacienda subió el precio -$1.904- y los camioneros que dijeron no sentirse representados por grandes gremios, salieron a protestar. Comenzaba el paro:
Economía
Paro camionero hoy: así se vivió la jornada de manifestaciones en el país
Economía
Murió mujer en la vía Bucaramanga-Cúcuta en medio del paro de camioneros
Política
Sectores políticos piden que Gobierno negocie en nueva jornada de paro camionero
Bogotá
Más de 340.000 usuarios de Transmilenio afectados por protestas de camioneros
La vía al Llano desde Bogotá estaba totalmente bloqueada. Sí, atravesaron camiones o simplemente los estacionaron sobre la carretera, imposibilitando el paso de cualquier tipo de vehículo. En Ocaña hubo cierres intermitentes hacia Cúcuta, afectando el corredor vial comercial con la costa caribe. Más bloqueos se registraron en “vías de Santander: Pamplona-Bucaramanga, a la altura de La Laguna; El Socorro-Oiba, San Gil-Bucaramanga, sector El Guasca; Bucaramanga-Rionegro, y Bucaramanga-La Lizama-Barrancabermeja. Estos cierres dejaron atrapados a decenas de vehículos, así como bloqueado el transporte en terminales de Cúcuta y Bucaramanga”, contó la sección Política.
El Gobierno tuvo que instalar un Puesto de Mando Unificado con distintos ministros presentes, como la de Transporte, el del Interior, el de Hacienda y el de Energía. En ese primer balance, María Constanza García, Mintransporte, contó: De las 46 situaciones reportadas en el paro de los transportadores, 11 fueron concentraciones y el resto bloqueos intermitentes. Entre los afectados estuvieron los menores de edad que trataron de regresar de sus colegios en sus rutas escolares, pero se encontraron con bloqueos en varias zonas de Bogotá.
La Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, denunciaba persecución y estigmatización por parte del Gobierno, alertando falta de garantías para ejercer su derecho a la protesta pacífica. Que se pretendía enviar el mensaje de que la manifestación tenía fines políticos, donde la oposición política estaba haciendo de las suyas empujando a los transportadores. Pero lo que se veía en las calles eran pequeños camioneros y volqueteros. Ni una sola de las grandes empresas o por lo menos de las tractomulas de esas compañías de transporte de carga aparecían en los bloqueos.
El país llevaba 56 meses sin aumentar el precio del galón de Acpm o diésel. Esta primera alza era de $1.904, el costo por galón pasaría de $9.456 a $11.360.
Los más afectados en Bogotá fueron los usuarios de Transmilenio. Tuvieron que caminar kilómetros para llegar a sus casas. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, alertaba de buses con niños y adultos mayores que llevaban casi 24 horas en las vías sin poder avanzar. En sus cuentas, 35 bloqueos en todo el país complicaban la movilidad. “El Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el libre ejercicio de los derechos de quienes no participan de dichas protestas, particularmente de personas de especial protección como niños, niñas y personas mayores o con necesidades especiales”, dijo. Los departamentos más afectados: Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Nariño. Por supuesto, Bogotá. Tras el balance de las 42 Defensorías Regionales, informaron que de los 35 bloqueos “10 eran absolutos y no permiten el paso de alimentos, medicamentos, ambulancias y buses escolares”.
En Bogotá, por ejemplo, los empleados públicos tuvieron jornada de teletrabajo para el segundo día de paro. Los colegios, tanto públicos como privados, también tuvieron que atender sus clases desde la casa. Ya había retrasos reportados en la recolección de basuras. Los programas de alimentación escolar también se veían afectados. Varios mandatarios locales estaban esperando la directriz del gobierno nacional, quien se encontraba en el PMU, para poder tomar decisiones.
Para el segundo día de paro ya se sentían las consecuencias económicas. Los ministros se sentaban con los líderes de gremios de transportadores, pues no solo se trataba de una manifestación de camioneros, también había volqueteros, buses de pasajeros intermunicipales, grúas y todos aquellos que usan Acpm como combustible diario:
Economía
Paro camionero podría dejar hasta US$300 millones en pérdidas diarias: Analdex
Economía
Alza del diésel: el impacto en el transporte de pasajeros, un asunto olvidado
Bogotá
Recolección de basuras en Bogotá está siendo afectada por el paro camionero
Judicial
Fiscalía abre indagación formal por 36 bloqueos debido al paro de transportadores
Para entender la situación había que ir un poco más al detalle: ¿Por qué hace más de 50 meses no se subía el precio del Acpm? Resulta que una de las estrategias para reactivar la economía del país justo cuando se vivió la pandemia y los meses posteriores, fue esa, detener dicho aumento para que el aparato productivo se moviera y la cadena de transporte tocara a cada uno de sus eslabones: los montallantas, las servitecas, los restaurantes por carretera, etc. Pero el no subir el precio del Acpm se convirtió en un problema para el FEPC y, de manera directa, para los administradores de los recursos nacionales, es decir, el ministerio de Hacienda.
Ahora, al subir $1.904 por galón, sucedía lo siguiente para ponerlo en un ejemplo concreto: si una sola tractomula acostumbrada a llenar sus tanques asumía ese aumento en los 200 galones que tiene de capacidad, pasaría a pagar $380.800 adicionales por cada tanqueada. Eso obligaría al conductor y al dueño del vehículo, que no veían ese mismo aumento reflejado en el precio que le pagaban por transportar la carga, es decir, el flete, a asumir ese aumento dentro de sus gastos. ¿Cuál sería el resultado? Que los viáticos para la alimentación, por ejemplo, se afectaban directamente, que ya no podría pagar un hotel para descansar en las noches, que el dinero disponible para pagar el cargue y descargue sería impactado y que se trabajaría en muchos casos a pérdida. Para explicar el caso en un asalariado: Imagine entonces usted recibir un salario mensual, pero que los gastos para movilizarse, por ejemplo, resultan siendo más altos de lo que se gana. Eso era lo que se comentaba entre los camioneros en los distintos puntos de manifestación.
Las universidades se sumaban a las clases virtuales. Petro lideraba el PMU. Motociclistas y conductores de aplicación anunciaban que se unirían al paro camionero en Bogotá. El Gobierno se mantenía en el aumento del Acpm como lo tenía en su plan original. Aunque las centrales de abastos reportaban llegada de alimentos, no en la misma proporción y cantidad. Con cuentagotas las consecuencias del paro iban pasando factura.
¿Qué pedían los camioneros? Aquí va la lista:
- Derogar el acto administrativo que autorizó el incremento del valor del diésel en $1.904.
- Expedición de un régimen laboral para el transportador colombiano.
- Fortalecer la regulación económica del sector con un SICE-TAC “que se actualice en tiempo real”, así como un SICE-TAC para vehículos de carga liviana y volquetas. El SICE-TAC es el sistema de información del Ministerio de Transporte que permite medir o calcular los costos de la operación del transporte, de acuerdo con las características propias de cada viaje (tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de espera, cargue y descargue, entre otros factores).
- Un régimen sancionatorio que “coloque en cintura” a los diferentes actores del transporte que no cumplan las normas del transporte.
- Creación del Fondo Nacional del Transporte, que incluya un fondo de reposición para todas las modalidades del transporte (esto para todos los vehículos viejos).
- Acciones contra la ilegalidad en el transporte, como decretos que obliguen a las autoridades a actuar en este sentido.
- Promover una ley de peajes.
- Un decreto que reglamente las fotomultas y que se implemente un programa de cámaras de seguridad en carretera.
Así se veían los aumentos proyectados por Analdex, el gremio de los exportadores, con el paro de camioneros:
¿Cuál fue la primera decisión que tomó el Gobierno ante el paro de camioneros? ¿Qué pasaba en Transmilenio y sus afectaciones? ¿Cómo se afectaba el comercio? ¿Qué pasaba en las regiones de Colombia?:
Economía
No habrá más incrementos en el ACPM hasta llegar a un acuerdo: Mintransporte
Bogotá
1.599.000 usuarios de Transmilenio resultaron perjudicados por el paro camionero
Bogotá
Ventas del comercio en Bogotá se desploman por cuenta del paro camionero
Colombia
Los efectos del paro camionero se sienten fuerte en las regiones
La ministra de Transporte, María Constanza García, destapó su primera carta en la negociación: no habrá más aumentos en el precio del diésel hasta que se logre un acuerdo con los transportadores. Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, decía que el Gobierno entendía que los pequeños camioneros sintieran golpeada su economía y que rechazaran una medida que se venía aplazando desde hace cinco años, pero reafirmó que era necesario mantenerla: “Es una decisión inevitable, dolorosa, que este Gobierno no hubiera querido tomar, pero se hace necesaria en la actual situación fiscal”. El ministerio de agricultura hacía su propio pedido: Dejen pasar los alimentos.
En medio de las negociaciones, que eran intensas y con cientos de actores participando, iban saliendo declaraciones de varios tipos: “Hay sectores radicales interesados en mantener un conflicto”, decía el ministro del Interior sobre el paro. Por los lados de Soacha, la palabra para resumirla era “colapsada” y hasta en buses de Policía los ciudadanos se trataban de movilizar para llegar a sus destinos. Las aerolíneas también ponían de su parte: Satena anunciaba frecuencias adicionales y Latam permitía reprogramación de vuelos sin cargos adicionales.
El ministerio de Salud rechazaba bloqueos al paso de personal médico y ambulancias. La estatal petrolera, Ecopetrol, informaba que los bloqueos, sumados a varios atentados, afectarían el abastecimiento de combustible. Hasta las oficinas de la Cancillería tuvieron que hacer modificaciones para cumplir con las citas para la expedición de pasaportes. Y la mayor central de abastecimiento de alimentos de Colombia, Corabastos reportaba reducción de algunos alimentos por paro de camioneros. Camiones con frutas, hortalizas y verduras no lograban entrar a la capital del país. Se reportaba un 41% menos de ingreso de toneladas de alimentos.
El director del DPS, Gustavo Bolívar, decía que no estaba de acuerdo con los bloqueos en el paro de los camioneros. “Nosotros no hemos estado de acuerdo nunca con los bloqueos, ni siquiera durante el estallido social. La gente tiene derecho a protestar y el Gobierno tiene que escucharlos. Pero esa protesta no está tan justificada”. Y soltó otros comentarios: “Para nosotros tiene un costo político muy alto, pero tienen que entrar en conciencia de que hace 56 meses no se sube el precio del diésel. Estoy de acuerdo con que el alza sea más gradual”, no sin antes asegurar que: “En el gobierno de Duque les tuvieron miedo y nosotros por dos años, pero esto no puede ser eterno. Ha habido antes paros, porque ellos tienen el poder de la presión de cerrar calles y por eso los gobiernos ceden”.
Mientras tanto, la Procuraduría solicitaba adoptar medidas para mitigar afectaciones por el paro. Se reportaban las primeras muertes de animales por estrés y falta de agua en medio de los bloqueos, la mayoría de ellos cerdos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tomando la vocería de otros mandatarios locales, fue directo: “El Gobierno Nacional tiene que definir —y estamos listos a que definan—, o bien van a avanzar en esa negociación, concreta y aterrizar una propuesta que permita levantar los bloqueos y garantizar que no tengamos problemas de abastecimiento, de derechos de ciudadanos que se quieren movilizar en el transporte público, de problemáticas con ambulancias y de manejo de basuras, o si consideran que no hay más posibilidades vía diálogo de resolver el problema y dan la instrucción nacional de que el paro y los bloqueos que se han generado por el paro se levantan con la fuerza pública”. El Gobernador de Cundinamarca ya informaba que el desabastecimiento de combustible en el departamento llegaba al 25%.
¿Qué decían los congresistas en medio del paro? ¿Qué pasaba con la venta de tiquetes de bus? ¿Cuál era el costo político que estaba golpeando al Gobierno? ¿Qué decían los camioneros al Ejecutivo sobre el aumento del precio en el galón de Acpm?
Política
Comisión de seguimiento al paro: Congresistas piden que no se criminalice la protesta
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Economía
Diésel subió $1.904: camioneros piden que solo suba $100 en total
Para el 4 de septiembre ya eran 19 departamentos los afectados en el país y la que se esperaba sería una alocución presidencial sobre el paro de transportadores, resultó en una denuncia de Gustavo Petro sobre un software espía usando para conseguir información privilegiada, reservada (todos los detalles sobre este tema aparecen en este enlace, pues ha sido público desde 2021). Solo dedicó un par de frases a la realidad que se vivía en el país en ese instante: “Sabemos distinguir perfectamente que es un paro empresarial”. Mientras tanto, de acuerdo con informes de la Policía Nacional, el paro ya se sentía en 107 municipios de Colombia.
En paralelo, entidades como Nueva EPS alertaban sobre las dificultades en el acceso a tratamientos para pacientes crónicos. Aunque la mesa de negociación seguía, no había acuerdo. El Gobierno proponía eliminar el aumento que se hizo de $1.904 por uno mensual de $200 hasta diciembre para llegar a un total de $800, pero los transportadores respondían que solo aceptarían un único aumento de $400. “Esta propuesta incluía la promesa de coordinar nuevas mesas con los líderes gremiales para solucionar otros temas que estaban sobre la mesa”, contaban los colegas que estuvieron atentos a toda la negociación.
Para ese instante ya eran más de 2 millones de usuarios de Transmilenio afectados. Uno de los máximos protagonistas de todo esto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguraba que el Gobierno había puesto “todo de su parte”, pero que había “intransigencia” de parte de los transportadores. Y dejó una máxima contundente: “Lo importante, en el estado en el que están las conversaciones, es que sí hay un acuerdo: se puede descongelar el precio del diésel”. Tenía razón, al final todos aceptaban que había que subir ese precio, el problema era cuánto.
“Es claramente pánico económico y tiene repercusiones graves porque no están dejando pasar los alimentos; las basuras, están creando un problema sanitario; no están dejando pasar ambulancias, niños, adultos mayores; no hay respeto por vehículos particulares”: Ricardo Bonilla, minhacienda.
¿Qué decían los gremios sobre las afectaciones económicas del paro? Fenalco, la ANDI y Fenavi hicieron estimaciones. Para ese momento, el 5 de septiembre a las 6:00 am, “se calcula que las pérdidas económicas por los bloqueos pueden llegar a unos $240.000 millones diarios” tan solo en comercio. Según Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi, si la situación continúa no se hablará de aumentos en los precios, sino de escasez de huevos y pollos en el país en un plazo de apenas tres días, contaban los colegas de Economía. Y soltó un par de datos que evidencian las consecuencias a futuro: “En 2021, cuando se presentó el tema de los bloqueos, particularmente los que afectaron el Suroccidente del país, se restringió la oferta en más de 1.000 millones de huevos al año, lo que trajo como consecuencia una reducción en la oferta y un aumento en el precio. Todos los colombianos lo sufrimos, nos demoramos dos años en recuperarnos. En ese momento, se presentó un aumento de 20 % del pollo y del huevo”.
¿Y todo eso cómo se iba sintiendo en la economía de cada hogar? “Más allá de las cifras macro, los impactos se comienzan a ver en la minucia del día a día. Por ejemplo, de acuerdo con tenderos en el sur de Bogotá, la cubeta de huevos subió $1.000 en estos días, pues pasó de costar $14.000 a $15.000. El litro de gaseosa también subió $500, por los problemas logísticos para llevarla a las tiendas. Estos incrementos también se están sintiendo en frutas y verduras que compran directamente en Corabastos, en donde se ha registrado una reducción de 30 %, en promedio, en la llegada de camiones con productos”, relataba la sección de Economía de El Espectador. Otros gremios también hacían cuentas: “El paro camionero ya genera pérdidas de $40.600 millones en los ganaderos bovinos”.
El alcalde de Bogotá confirmaba que la capital tenía abastecimiento de gasolina para seis días. En medio del paro, Petro decía que la propuesta del Gobierno buscaba “como nunca” proteger al pequeño camionero. En Boyacá cerca de 290.000 litros de leche no podían ser recolectados y menos distribuidos. Bienestar Familiar pedía que se le permitiera el paso a los vehículos con la alimentación escolar de los menores de edad.
Ya se veían filas en las estaciones de combustible porque había gente que estaba tratando de comprar de más previendo una posible escases. La distribución de 30 % de medicamentos se veía interrumpida por las protestas. Y en la tarde de ese 5 de septiembre, la UNDMO, antes conocida como ESMAD, intervenía en varios puntos del norte de Bogotá para poder habilitar el 100 % de las vías.
Nos dijeron, entonces, que fuerzas antidisturbios levantaron bloqueos en una operación coordinada en Bogotá mientras en Villavicencio se declaraba alerta amarilla en su sistema de salud por el paro camionero. Las cancelaciones de reservas en hoteles de Santander llegaban al 70 %. Tan solo en Cundinamarca eran 34 municipios los que reportaban manifestaciones y bloqueos.
También pasó lo mismo Boyacá, donde la fuerza pública abrió el paso en la zona donde los transportadores bloqueaban en el alto del Moral, en la vía que comunica a Tunja con Bogotá, pues el Gobierno Nacional había dado vía libre a gobernantes de Bogotá, Boyacá y Santander de atender las manifestaciones que se presentan en dichas regiones.
Ecopetrol anunciaba el cese de operaciones en un campo petrolero en el Meta y, se sabía que apagarían tres en Magdalena y uno en Arauca. En Bogotá, de acuerdo con las autoridades, por el lado de la Unidad de Mantenimiento se suspendían las actividades debido a las complicaciones que generaba el paro. En la capital de los colombianos también se decretaba alerta verde hospitalaria.
La situación se estaba tornado cada vez más delicada:
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Ya se contaban 120 bloqueos permanentes y 82 intermitentes en vías. El Gobierno anunciaba que habilitaría corredores para garantizar el abastecimiento durante el paro. Un hombre de 66 años, que conducía un tractocamión, había solicitado que lo dejaran pasar debido a un fuerte dolor en el pecho, pero murió en medio de un bloqueo en el Cesar.
Unos 730 mil niños dejaron de ir a clases en colegios distritales de la ciudad de Bogotá, afectándose de manera directa su alimentación. “Extrañaba mi refrigerio”, le dijo uno de los menores a los reporteros de El Espectador. Los colegios Distritales reanudarían clases el viernes 6 de septiembre, pues ya se había garantizado la movilidad por medio de la fuerza pública. El transporte de pasajeros había caído 81 % y se dejaban de vender unos 160.000 tiquetes.
Las centrales de abastos estaban recibiendo la mitad de alimentos frente a los que les llegaban antes del paro. La situación ya parecía insostenible hasta que, en la madrugada del 6 de septiembre, mientras la mayoría de los colombianos dormíamos, se conocía la noticia más esperada de la semana: “Se acaba el paro camionero: hubo acuerdo para subir el diésel $800 gradualmente”, escribieron los colegas de Economía.
Así lo relataron: “Los ministerios de Transporte, Hacienda, Trabajo, Minas y Energía e Interior acordaron que el diésel subirá $400 ahora y $400 el 1° de diciembre, el incremento que ya se había hecho (de $1.904) se elimina. Los aumentos adicionales que había planteado el Gobierno quedan suspendidos hasta que no se dé una discusión sobre los temas estructurales del sector”. Y agregaron que “también quedó por escrito que se solicitará ante las autoridades correspondientes el archivo de procesos penales y cancelación de sanciones administrativas que se hayan impuesto con ocasión del ejercicio del derecho legítimo a la protesta y la creación de varias mesas de trabajo para resolver las problemáticas de fondo que tiene el sector”.
Y sobre lo que se viene: “Entre las promesas del Gobierno para poder hacer los siguientes incrementos está atender varios de esos problemas, incluyendo revisar el SICE-TAC, sistema que controla el sonado tema de los fletes, e incluir otras modalidades de transporte. El Ejecutivo también se refirió a las visitas de las empresas intermediarias para asegurar que los pagos a los camioneros sean justos, incluir un régimen laboral para el transportador en la reforma laboral que pasó a segundo debate en el Congreso; presentar el proyecto del régimen sancionatorio del sector transporte y nuevamente analizar la fórmula para calcular el precio del combustible”.
¿Qué decía el acta de compromisos firmada, entre otros, por la ministra de Transporte, el ministro de Hacienda y la Defensoría del Pueblo? Estos son los 15 puntos que se acordaron:
- Se le solicitará a las autoridades archivar los procesos penales, así como la cancelación de las sanciones administrativas que se hayan impuesto por ocasión del ejercicio del derecho a la protesta. (Esto porque desde la Fiscalía se había anunciado el inicio de investigaciones en el marco de las manifestaciones).
- Se modificará la resolución 40350 de 2024, que es la que estableció el alza en el combustible. Se fijará los $800 como el nuevo valor de incremento, el cual se dará de forma progresiva de la siguiente manera: $400 a partir de la modificación de la resolución y otros $400 desde el primero de diciembre del presente año.
- Se suspenderá el alza del diésel hasta que se logre la corrección de las problemáticas económicas descritas por los transportadores en las modalidades de transporte de carga y de pasajeros. Es decir, hasta entonces no se ordenarán nuevos incrementos.
- Se convocará en los próximos días la instalación de mesas técnicas con el propósito de estructurar el sistema de costos eficientes SICETAC para otros prestadores del servicio público de transporte de carga, como son volquetas, líquidos, carga liviana, refrigerados, grúas y niñeras, donde habrá representación de las bases transportadoras de cada una de estas especialidades (este punto es neurálgico, pues se ha encontrado una serie de deficiencias en este sistema que han llevado a que muchos fletes se negocien por debajo de lo que él mismo establece, o que muchos otros dependientes del diésel queden por fuera de sus beneficios).
- El Ministerio de transporte garantizará la inclusión de todos los actores en las discusiones referentes al SICETAC.
- Se incluirá al sector transportador en la reforma laboral que lidera el Ministerio del Trabajo, con varias propuestas que redunden en la protección de los trabajadores de este gremio, en temas tan puntuales como el acceso a la pensión
- Se revisará la regulación actual del Registro Nacional de Carga -RNDC- y el SICETAC, para implementar mejoras en dichos sistemas, tales como determinar que el Manifiesto de carga cumpla la función de un título valor conforme a lo establecido en el Código de Comercio y el Código general del proceso.
- Se convocará una mesa de trabajo con los gremios que representen las bases de la modalidad del servicio de transporte público de pasajeros especial, para tratar los temas estructurales de dicha modalidad, con el compromiso de que en la primera mesa se analizará el tema del FUEC electrónico, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
- Se convocará una mesa de trabajo con los gremios que representen las bases de la modalidad del servicio de transporte público colectivo, para tratar los temas estructurales de dicha modalidad, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
- Se convocará una mesa de trabajo con los gremios que representen las bases de la maquinaria amarilla para tratar los problemas estructurales de dicha actividad.
- Se continuará con la estrategia de fortalecimiento de la Superintendencia de Transporte para mejorar la capacidad de control del Sistema de Información de Costos Eficientes (SICE TAC) y demás conductas que se constituyen en incumplimiento de las normas que regulan las relaciones económicas (Stand-by, cargue y descargue, descuentos no autorizados, pago de saldos, pronto pago, entre otros) por parte de los generadores y empresas de transporte de carga.
- Se revisará y modificará la política de reposición vehicular, para garantizar la reposición uno a uno, incluyendo volquetas y vehículos de carga de dos ejes rígidos.
- Se presentará en el Congreso de la República, el proyecto de Ley del Régimen Sancionatorio del sector transporte.
- Se generará una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía para analizar nuevamente la fórmula mediante la cual se fija el precio del combustible, garantizando la participación de los gremios que representan a las bases transportadoras. Conforme a las conclusiones de dicha mesa, se evaluará la necesidad y oportunidad de presentar un proyecto de Ley ante el Congreso de la República.
- Todos los firmantes de la presente acta de compromiso que integran asociaciones, bases del gremio de transporte de todas las modalidades de servicio y representantes de los mismos, se comprometen a levantar los puntos de concentración y protesta a nivel nacional de manera inmediata, y a permitir la libre movilidad en todo el territorio nacional.
¿Cuáles fueron las reacciones al acuerdo y qué empezaba a pasar en el país?
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Tan solo en Bogotá la incidencia del paro y los bloqueos generaron pérdidas estimadas en $30.000 millones diarios y alzas en alimentos de la canasta familiar. Mientras tanto, el Gobierno anunció un plan para la distribución de alimentos represados por el paro, entre los más afectados estuvieron las cadenas cebollera, láctea y arrocera. Y como se alcanzó a vender Acpm con el aumento de casi $2.000, se anunció que las estaciones de servicio podrían devolver a usuarios excedente en precio del diésel.
Y con el documento firmado y el paro archivado, ¿cuál es el análisis que nos dejó todo este asunto que tiene mucha cola? Varios. Por ejemplo, Juan Camilo Parra, de la redacción Bogotá, escribió: “Siete de cada 10 manifestaciones en Bogotá son contra el Gobierno y 8 son pacíficas”, “Algunos gremios saben que bloqueando la ciudad logran ejercer presión a la Nación”. O, por ejemplo, lo que le dijo Carolina Cepeda, docente del departamento de Relaciones internacionales de la Universidad Javeriana: “La protesta social siempre va a incomodar a alguien y tendrá efectos negativos en la vida de algunas personas. Es difícil imaginarnos algún tipo de protestas social que no afecte a nadie, corremos el riesgo de volver a pensar en protestródomos como lo hizo un exministro de Defensa”. Así que como no es nada nuevo, no debería sorprendernos y, además, con el entendido de que nos van a afectar, directa o indirectamente.
¿Cómo impactará el aumento del diésel en el precio de los alimentos? María Camila Ramírez Cañón lo detalla en este texto, pero adelantamos una parte: “A quienes más golpea es al arroz y a la panela por el uso de los trapiches. Pero el sobrecosto no va a pasar del 4 % como máximo”, expresa Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). El gerente de Fedearroz (Federación Nacional de Arroceros), Rafael Hernández, reconoce que todo tipo de aparato con motor funciona con diésel. Y estima que una hectárea de arroz requiere de entre 24 y 28 galones de combustible, por lo que el costo se eleva en un 4 % que terminaría subiendo para el consumidor, sin contar el precio del flete. “Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, recuerda que los expertos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) han mostrado en sus análisis que en la estructura de los costos de transporte, el combustible pesa entre un 30 y 40 %. Por lo que el impacto sería cercano a dichos porcentajes”, escribió María Camila Ramírez.
¿Que cómo se va a cubrir el déficit del FEPC? Una tarea titánica que tiene el Gobierno, pues ya quedó claro que no será vía aumento del galón del Acpm y que ese faltante seguirá siendo cubierto por todos los colombianos. En otras palabras y con números, se puede leer así: “¿Qué impacto tiene la negociación hecha con los transportadores? De momento se traduce en que al FEPC ya no se le recortarán los $1,6 billones presupuestados, sino apenas $600.000 millones, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. Entonces, el déficit que seguirá arrastrando el Fondo se estima entre $10 y $11 billones, según varias fuentes. “Esta diferencia, que el Gobierno deberá presupuestar para el próximo año, pone en aprietos las cuentas planificadas. Si bien el impacto no se sentirá tan fuerte en 2025, de no seguir incrementando el precio hasta $6.000 en 2025, se afectará la sostenibilidad fiscal del país y el déficit seguirá creciendo. Sin ajustes adicionales en el precio del Acpm, en 2025 se acumularía un déficit de $10 billones”, de acuerdo con el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
“La sensación es que se ha ganado una batalla, pero la guerra por estabilizar el precio del combustible está lejos de terminar”, escribieron los reporteros de Economía en este entrevista que le hicieron a la ministra de Transporte, quien además habló del SiceTAC, de la reposición de vehículos viejos, del Registro Nacional de Carga (RNDC) y el Formato Único Extracto de Contrato (FUEC), y de las mesas para tratar los asuntos estructurales del transporte colectivo y la maquinaria amarilla.
Y mirando un poco más hacia adelante, ¿qué?
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Con el paro en el espejo retrovisor, ¿cuáles son los problemas en el transporte?
Está claro que el Gobierno tiene que hacer lo posible por subir el precio del galón de Acpm, el asunto ahora es cómo lograrlo sin volver a vivir esa amenaza latente de paro. Ahora, los transportadores deben ser conscientes que durante más de 50 meses ese precio estuvo congelado. La tarea, entonces, es hacer cumplir las normas, por ejemplo, que los fletes vayan en línea con el aumento de los costos y, de esa forma, no se trabaje a pérdida, que es donde estás uno de los reclamos de fondo. ¿Y cómo se hace cumplir esa norma? Vigilando que las intermediarias, es decir, muchas de las empresas de transporte que contratan a los camioneros, paguen lo que se debe y no lo que quieren. Con la gasolina de logró la tarea, con el diésel también debería ser así.
Y, para sumar, la tarea del Ejecutivo también estará centrada en incluir a este sector de la economía en la reforma laboral, pues si existe un renglón de la economía que brilla por su informalidad, ese es el del transporte: conductores, ayudantes y todos los demás actores presentes, muchos de ellos ni siquiera tienen un contrato con una ARL y tampoco logran ahorrar para la pensión. Se levantó el tapete y mucho polvo escondido estaba debajo de él. Seguiremos atentos a todo lo que se desarrolle tras el acuerdo y qué pasará con las mesas técnicas prometidas. Puede, de allí, surgir un buen modelo para replicar en otros tantos sectores que lo necesitan.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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