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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Nos hemos acostumbrado a que en tiempos de elecciones de todo se ve, aunque no todo sea transparente: vemos ataques entre candidatos sin propuestas claras, vemos noticias falsas circulando con velocidad causando mucho daño, vemos bodegas digitales atacando a todos aquellos que no piensan como su elegido, vemos que cada detalle en un debate, cada mensaje en redes sociales, cada declaración ofrecida en radio o televisión puede convertirse en un arma para usar por cuenta de los opositores del dueño del argumento. Pero, a decir verdad, poco debate de ideas, de propuestas claras y estrategias para ejecutarlas. De cómo hacerlas realidad, porque para promesas, los políticos. Y todo esto está pasando cuando el Registrador Nacional del Estado Civil está “bajo escrutinio” por cuenta del conteo de los votos en estas pasadas elecciones a Congreso que han dejado todo tipo de conclusiones, menos la que se debía arrojar desde el comienzo: transparencia para todas y todos los colombianos que fuimos a las urnas para hacer valer nuestro derecho en una sociedad democrática. Ah, y ni qué decir del lamentable comportamiento de muchos jurados de votación que incluso se hizo público en redes sociales evidenciando otro problema estructural que tenemos: el de la falta de ética y honestidad. Pero en medio de esta difícil realidad, sobre la que hemos venido cubriendo todos los detalles en nuestras secciones de Política y de Judicial, debemos entrar a analizar un tema que tiene a millones de colombianos en suspenso: las pensiones. No es un tema nuevo, no. Se sabe que es uno de esos temas que merece atención, mucha, pero que poca le hemos dado, para ser sinceros. Pero el tema volvió sobre la mesa por unas declaraciones del candidato Gustavo Petro y que hizo que los ojos de todo el país se voltearan sobre él. Así que para entender qué es lo que está pasando en la discusión nacional con el tema pensional le pedimos a nuestros colegas de la sección de Economía que nos enviaran toda la información que hemos hecho al respecto y con ella construimos el siguiente boletín. Recuerden entrar a todos los links para ahondar mejor en cada arista. Comencemos.
Vayamos hasta el 2 de mayo de 2018, cuando en la mañana de ese miércoles el fondo de pensiones y cesantías Porvenir era tendencia por cuenta de las fotos en las que varios usuarios denunciaban pérdidas en los rendimientos de sus ahorros. Pasaba lo mismo con aportantes de Protección. ¿Cuál era la respuesta? Volatilidad en los mercados, explicaban algunos analistas expertos; pero los que veían números en caída no entendían qué tenían que ver sus ahorros para la pensión con los mercados. Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, Asofondos, lo explicó en sus términos: “En los últimos 12 meses las rentabilidades de los trabajadores se valorizaron en $22 billones, en los últimos dos años $42 billones, el histórico es $141 billones sobre los $226 billones que son el total de los ahorros de los trabajadores y así es como hay que ver estas cifras, las volatilidades pueden ser negativas en un trimestre, dos trimestres, nunca ha habido una rentabilidad negativa en un año, jamás, y así es como hay que ver esas cifras”. En otras palabras: que es normal que se presenten ese tipo de movimientos en el corto plazo y que lo que había que estudiar era las rentabilidades en un periodo más amplio.
Este era el momento para entender cómo funcionaba la rentabilidad de las pensiones en Colombia y para eso también era preciso explicar cómo funciona el modelo. “Lo primero que debe saber es que el sistema pensional colombiano está conformado por dos regímenes: Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, más conocido por su sigla RPM, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, o RAIS. El primero es administrado por la estatal Colpensiones, mientras que el segundo lo manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP), que son privadas (Protección, Porvenir, Colfondos y Old Mutual). La rentabilidad es un elemento fundamental en el RAIS, pues al final de la vida laboral de una persona, el 70 % de su ahorro será fruto de las ganancias que consiguió la administradora de su pensión tras una serie de inversiones y sólo el 30 % provendrá de sus aportes, según cálculos de las AFP”.
Así se veían los números para ese momento:
La marea bajó, pero no era nuevo que se trataba de un tema con necesidad de debate, incluso expertos de primera línea como José Antonio Ocampo, un mes después, nos lo hicieron saber: “El sistema de pensiones nacional tiene problemas profundos, como su baja cobertura y su insostenibilidad financiera, que hacen urgente una reforma en la materia. El problema es cómo hacerla”. Recalcaba que, entre una lista de ajustes por hacer, aparecían “los problemas asociados a la existencia de dos regímenes que compiten entre sí con reglas de operación muy diferentes”. El análisis completo aparece en este link, pero aquí les dejamos dos datos necesarios: “apenas una cuarta parte de la población de más de 65 años tiene hoy en día una pensión, y sólo el 5 % en el caso de las mujeres”. Nos recordó que, para él, “la mejor alternativa es converger hacia un sistema similar al que introdujo Chile en 2008, mediante el cual se garantizaría a todos los colombianos una pensión básica que se complementaría con cualquier ahorro que hayan realizado a lo largo de su vida, ya sea cotizando a pensiones o a Beneficios Económicos Periódicos, BEPS (Es el programa de ahorro para quienes no cuentan con las condiciones para pensionarse)”.
“Quienes cotizan son menos de la mitad de la población y muchos de ellos no completarán el número de semanas de cotización necesarias para tener una pensión”.
El equipo de la redacción de Negocios nos explicó todo lo que se debe saber sobre los tipos de pensiones que hay en Colombia, quiénes las administran, cómo se liquidan, cuáles son sus diferencias y en qué consisten los modelos de protección subsidiados que ha venido implementando el Gobierno. En mayo de 2019 el Gobierno anunció con bombos y platillos el lanzamiento de una plataforma en la que los colombianos podrían participar en la discusión para la construcción de una reforma pensional. El equipo de Negocios nos habló de sostenibilidad y equidad, conversamos meses después con el presidente de Colpensiones para entender la mirada pública y qué resultados había arrojado en todo el 2019 la entidad. Por supuesto también empezamos a analizar lo que debería tener esa reforma pensional de la que todos y todas las especialistas estaban hablando:
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La discusión tomaba forma, el Gobierno insistía en que no iba a modificar la edad de pensión, las semanas cotizadas o los aportes a jubilación y que tenía un objetivo claro: cubrir a 2,3 millones de personas mayores de 65 años que no contaban con un ingreso para su vejez. Pero llegó la pandemia y la prioridad era evidente: salvar vidas en medio de una crisis sanitaria. Empezaron a pasar los meses y a pesar de que el Gobierno se había comprometido con sacar adelante la reforma, el tema no se volvió a discutir. La emergencia sanitaria cambió las prioridades en el Congreso, el Ejecutivo se concentró en tratar de proteger el empleo y finalmente la reforma quedó en el cajón del olvido.
El primero de febrero de 2021 entró a regir el piso de protección social por medio del decreto 1174, con el que se buscaba dar seguridad social a personas que no alcanzaban a devengar un salario mínimo mensual porque trabajaban a tiempo parcial, pero los sindicatos la consideraban una reforma laboral disfrazada porque promovía, dijeron, el trabajo por horas y por ende lo que buscaría sería desincentivar el empleo de calidad. El piso de protección social fue realmente creado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y pretendía ofrecer salud, en el régimen subsidiado; un seguro que cubría riesgos laborales y ahorro para la vejez por medio de los Beneficios Económicos Periódicos, BEPS.
Fue hasta el 26 de marzo del 2021 cuando volvimos sobre el tema cuando Colpensiones transmitió de manera virtual su audiencia pública de rendición de cuentas del año 2020. Allí su presidente, Juan Miguel Villa, dio a conocer los resultados de la operación del Régimen de Prima Media (RPM), el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y el Modelo de Bienestar y la transformación digital que tuvo la entidad durante el 2020. La entidad había logrado utilidades por más de $243.000 millones, reportó 79.000 nuevos pensionados y 70.000 nuevos vinculados al programa BEPS.
El 7 de agosto hicimos el balance de las tareas pendientes del Ejecutivo. Santiago La Rotta, editor de Negocios, lo resumió así: “Dos de las grandes deudas de la administración de Iván Duque, hasta el momento, son no haber impulsado las reformas pensional y laboral. El panorama del empleo y los problemas fiscales definirán el último año de este gobierno y el devenir de la economía en el corto y mediano plazo”.
El sistema pensional vigente en Colombia tiene más de 25 años de antigüedad. La mayor parte de él data de los años 40, pero en 1993 se hizo una modificación trascendental: la famosa Ley 100.
Pero, ¿por qué urge la reforma? Por varias razones, pero aquí van algunas: “cada año el gobierno destina más de $40 billones a subsidiar las pensiones de 2,1 millones de personas y se prevé que para 2050 el número de trabajadores por cada adulto mayor sea de 2,4. Al final, millones de abuelos llegarán a una edad donde no son tan productivos sin ningún tipo de cobertura”, nos contaron los colegas de Negocios. Las otras: en Colombia tenemos, para sumar, regímenes especiales (las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional) y regímenes exceptuados (entidades públicas, rama judicial y magisterio). Ambos tienen normas especiales de liquidación y cálculo muy favorables respecto a lo que nos exigen al común de los trabajadores, pero solo los primeros sobrevivieron a una ley de 2005, los segundos están oficialmente acabados desde 2010, aunque se siguen pagando para quienes ya habían adquirido los derechos. Nos explicaron, de la mano del líder de Fedesarrollo, la discusión del traslado exprés a Colpensiones y sus inconveniencias, además de analizar el por qué ocupamos el puesto 25 entre 43 sistemas pensionales de todo el mundo:
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A final del año pasado, el Informe Nacional de Competitividad 2021-2022, realizado por el Consejo Privado de Competitividad, presentaba una hoja de ruta con cuatro variables en las que debería trabajar el país: educación y empleo de calidad, desarrollo de mercados, conexión física y digital y un Estado eficiente. Pero entre estas propuesta, se cruzaba una que tiene relación con el mercado laboral, con el empleo de calidad, con las posibilidad de mejorar la vida de las personas y esa era “reformar el sistema pensional para avanzar en cobertura, equidad, sostenibilidad fiscal y financiera”. Ahí lo dejaron sobre la mesa.
Llegó también el anuncio del nuevo salario mínimo que regiría para el 2022. Y por eso era preciso también explicar cómo este 10,07% impactaría de manera directa a las pensiones. ¿Por qué? Porque las pensiones de salario mínimo serían las únicas que gozarían de ese incremento concertado por los empresarios y los sindicatos. Las demás, o sea, las que son de más de un salario mínimo, subirían con la inflación.
Sucedía también que la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, la misma que negoció el aumento del salario mínimo, se había comprometido que desde el 28 de enero de 2022 se iniciaría la evaluación sobre la conveniencia de dos propuestas: una, que los pensionados que reciben más de un salario mínimo dejen de obtener un aumento anual con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y pasen a hacerlo con el porcentaje del incremento del salario mínimo; y la otra que todos dejen de aportar el 12 % de sus ingresos a salud, y pasen a hacerlo con el 4 %.
Tras la temporada de vacaciones vimos las cinco principales recomendaciones que hizo la Misión de Empleo. Pensiones, como era de esperarse, era una de ellas. Propusieron que las condiciones para pensionarse fueran revisadas pues las actuales son muy difíciles de alcanzar, lo que a su vez se traduce en un desestímulo para la formalidad. Y todo esto implica no solo una sino varias reformas estructurales.
Está claro que Colombia necesita una reforma pensional, no es una discusión nueva y lleva años, si no es que décadas, pendiente. Pero no solo debe contener una mayor cobertura como base y lograr la sostenibilidad como principio, sino que también hay que hablar de protagonistas que han sido históricamente afectadas: las mujeres. Ellas enfrentan más obstáculos en el mercado laboral y por ende se hace más difícil el camino a la pensión. En ese camino analizamos la propuesta de Asofondos de reforma integral del sistema de protección a la vejez que incluye un sistema contributivo de ahorro con administradoras de pensiones públicas y privadas, el fortalecimiento de Colombia Mayor y la transformación de los BEPS. Y recomendamos también dos textos que ayudan a todos los trabajadores del país que todavía creemos en la jubilación con una pensión justa:
Y entonces llegamos a las declaraciones del candidato a la presidencia, Gustavo Petro, quien propuso crear un sistema de pilares, dentro de ellos se contempla tomar el ahorro pensional de los fondos privados por cotización individual y pasarlo a un fondo público con el que se pagaría un bono pensional de más de $500.000 para tres millones de personas que actualmente no tienen pensión. Las reacciones no se hicieron esperar y hasta el mismo presidente Iván Duque, quien no puede intervenir en política, salió a criticarla: “Hablar de quitarle los recursos a los fondos es una expropiación. Eso es sencillamente un corralito, como vimos en otros países América Latina, para quitarle ese ahorro a las personas y volverlo plata de bolsillo para financiar demagogia”.
Contrastamos entonces lo que dijo Petro durante un debate, con lo que tenía por responder Asofondos. Todos los detalles están aquí, pero les dejamos algunas de las posturas de lado y lado: el candidato aseguró que los aportes pensionales en los fondos de pensiones son públicos, pero Asofondos aseguró que eso es falso, que los aportes a los fondos de pensiones son propiedad de los trabajadores, como lo dice el art. 13 de la ley 100. Petro dijo que los fondos privados de pensiones no dan pensión y el gremio le respondió: “Cada año el número de pensionados en el sistema privado crece cerca de 20%, mientras que en el sistema público crece 4%. ¡Claro que sí hay pensión, sí hay pensionados!”. Otra más: Petro dijo que pasando cotizaciones de los trabajadores a Colpensiones, puede liberar $18 billones anuales, a lo que Asofondos le respondió: “Al gastarse esos recursos, no habría con qué pagar pensiones futuras. Quitar recursos a los que ahorran, para darlos a otros, es tapar un hueco para abrir otro”.
“Se calcula que cerca de 26% de los adultos mayores de 60 años viven en la pobreza en Colombia, por encima de países como Perú (21 %), Ecuador (23 %), Chile (5 %), y Brasil (5 %)”, de acuerdo con cifras del BID.
El ambiente electoral está caliente, por eso lo más adecuado es pensar con cabeza fría y buscando a, por ejemplo, académicos que llevan años estudiando estos modelos y que van más allá del vaivén de las discusiones políticas que están cautivando al electorado. Nos dijeron que el modelo internacional debe tener cobertura, sostenibilidad y equidad, pero en Colombia eso no se logra cumplir. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en nuestro país solo 24 % de las personas en edad de pensión reciben una mesada de al menos un salario mínimo (y solo 5 % son mujeres). “Proponemos la implementación de un pilar contributivo que cubra a las personas que no se encuentran pensionadas a partir de subsidios en el sistema de Colombia Mayor y complementariedad en el ahorro pensional a través del sistema BEPS. Dos, un pilar contributivo Colpensiones y AFP en las cuales ambos siguen funcionando, pero las pensiones de Colpensiones se empiezan a pagar en función del historial de contribuciones de los afiliados y el ahorro pensional. Y tres, un desarrollo del mercado financiero para que se obtengan más y mejores pensiones”, dijo Oscar Becerra, de la universidad de Los Andes.
Justo al día siguiente se revelaron los resultados de la encuesta realizada por Fescol, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y Cifras & Conceptos, donde se reveló la opinión de los ciudadanos frente a varios temas, uno de ellos, las pensiones en medio de una nueva reforma tributaria. ¿Está de acuerdo con eliminar el beneficio que se recibe al ahorrar para la pensión?, preguntaron. El 83 % dijo que no. ¿Estaban de acuerdo con que las personas con pensiones de más de 10 millones de pesos paguen impuesto sobre su mesada? La respuesta: una aprobación del 56 %.
Colombia necesita una reforma pensional, sí, de nuevo, no es un tema que acaba de aparecer en la agenda nacional. ¿Cómo debe ser esa reforma? Ya son varias las propuestas que existen y la mayoría aparecen expuestas en este boletín. ¿Que si hay que dar el debate? Por supuesto, pues no nos podemos olvidar que en Colombia los que más ganan son los que más beneficios reciben -¿recuerdan las pensiones millonarias de funcionarios de la Rama Judicial?-.Digamos que una minoría se queda con la mayoría del pastel mientras una mayoría no logra ni siquiera llegar a la parte más pequeña del pastel. Eso se traduce en adultos mayores pobres, como ya lo dijo el BID. Son muchos los colombianos que no tienen cómo pasar su vejez. Somos cada menos los colombianos que estamos aportando, tanto en el privado como en el público. Basta con proyectar un futuro basado jóvenes que no quieren tener hijos, una decisión también respetable. Discutamos, con argumentos en mano, todas las alternativas que los estudiosos de la materia nos han puesto, no solo mirando modelos internacionales sino entendiendo nuestra propia realidad, en donde la informalidad es otro problema estructural que estamos llamados a atacar. Es un asunto de todos y no del gobierno o del candidato de turno si es que algún día queremos acabar con la desigualdad.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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