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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Por qué estamos hablando de los productores de arroz en Colombia? ¿Cuál es la razón para que la protesta de turno sea la de estos actores clave del agro nacional y fundamentales en la canasta familiar? ¿Es verdad que se van a quebrar unas 80.000 familias (otras personas hablan de 500 mil), como denuncian unos, mientras cientos han bloqueado corredores viales con sus tractores? ¿Esto es un asunto de desbalance en el mercado local o se trata de un asunto internacional, como advierten quienes señalan al contrabando? ¿Cómo funciona el negocio arrocero en el país como para que, al unísono, sus líderes gremiales digan que no les alcanza la plata que reciben por la venta del grano para cubrir los costos de cultivarlo, recogerlo, procesarlo, almacenarlo y comercializarlo? Pues de eso se trata este boletín y con la ayuda de los contenidos que han publicado los colegas de Economía, vamos a contestar todas estas dudas. Recuerden entrar a cada enlace que les dejaremos a continuación.
Comencemos con algunos datos que nos dicen por qué resulta tan importante este alimento en la dieta diaria de los colombianos. De acuerdo con las cifras de la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, y del Dane, el consumo per cápita de arroz al año es de 46 kilogramos, eso quiere decir que, si se hace un promedio, cada persona que habita nuestro país come 1,8 libras semanales de ese alimento. Sin embargo, cuando miramos por regiones, en Córdoba se registran 71 kilogramos, en Sucre 70 y en Cauca 57.
Colombia cultivó más de 600.000 hectáreas de arroz en 2023. Gremios del sector consideran que una cifra equilibrada para evitar grandes excedentes debería ser 550.000 hectáreas.
En áreas rurales, 51 y en urbanas 44. A nivel geográfico, entre países cercanos, superamos a Brasil, Chile, Argentina y México, y solo estamos por debajo de Perú y Ecuador. Por volumen, Bogotá alcanza las 350.000 toneladas al año, Antioquia 290.000 y Valle 230.000. Y, si se mantienen esos promedios, el aumento en el consumo de arroz en los últimos cinco años ha sido del 12 % en el país, concluyendo que el 98 % de toda la población come arroz, pero el 90 % lo hace a diario. Con estos datos, está más que claro que ese cereal sumado a cualquier otro alimento es la base alimenticia de todo un país. Ni más, ni menos, de nuevo, hablando de promedios, porque todavía hay colombianos por debajo de la línea de pobreza a los que no les alcanza, paradójicamente, ni para comprar una libra de arroz.
Ahora, con esto claro, vayamos un poco atrás, pero no tan lejos. El 3 de marzo de este 2025 la noticia, que parece una de esas que se va repitiendo cada tanto, como si viajara en un bucle, era exactamente la misma que estamos viendo por estos días: “Paro arrocero: estas son las solicitudes que le hacen los productores al gobierno”. La situación se podría resumir en que no estaban ganando plata en la cosecha, al contrario, lo que recibían no alcanzaba ni para pagar los gastos. La realidad se podía entender usando un par de expresiones del mundo de los negocios, “nadie compra pan para vender pan”, o, “nadie trabaja a pérdida”, y si eso estaba pasando, “hay que cambiar de oficio”, siempre he escuchado en otra coloquial expresión cuando los negocios no son rentables.
Sobre la mesa, la angustia era porque de acuerdo con los datos históricos, en el primer semestre del año los precios tienden a subir, pero lo que pasaba en ese mismo periodo de 2025 era todo lo contrario, los precios iban en caída libre (en el último año, de julio a julio, el precio ha caído un 3,2 %, de acuerdo con el Dane, aunque los arroceros dicen que el precio al productor ha caído en cerca del 20 %). Pero en el fondo no solo se trataba de precios de comercialización del llamado arroz paddy verde, el asunto atravesaba deudas de los agricultores con la banca, la petición que buscaba crear salvaguardias que “protegieran” al sector de las importaciones, la forma en la que se usa el agua para los cultivos; el costo y la calidad de la “semilla certificada” además de un asunto que tiene también mucho de ancho: los cultivos de rotación, en donde aparecen el maíz, la soya y el algodón. Esta era la situación hace apenas tres meses:
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En la situación de los arroceros aparecen muchas de esas banderas rojas arriba que permiten entender alertas básicas del mundo de la economía, por ejemplo: cuando hay mucho producto disponible, el precio tiende a bajar. Es decir, cuando la oferta es grande, los precios son bajos. Si hay mucho arroz disponible, es imposible que los precios no sean pequeños. La famosa ley de oferta y demanda. Tanto es así que, en ese pasado marzo, fue el mismo gremio, Fedearroz, quien le pidió a los productores que, antes de hacer la siembra, tuvieran en cuenta todo el ciclo en el calendario hasta llegar a la comercialización. La razón: de nuevo, mucha producción, mucho inventario, bajos precios en el mercado.
De manera técnica, lo decía así el gremio: “Se hace un llamado a todos los actores de la cadena productiva para que trabajen de forma coordinada y los proyectos puedan desarrollarse en condiciones de viabilidad y rentabilidad, mitigando todos los riesgos posibles”. Es decir: “Que productores analicen todos los factores que inciden en la producción y en lo posible, que consulten con sus potenciales compradores los volúmenes a producir”. Dicho en otra palabras: antes de sembrar, planee quién le va a comprar.
Veamos todo esto con los números que nos contaron los colegas de Economía de El Espectador: “La producción de una carga (dos bultos de arroz) está sobre los $230.000, pero en el mercado no se vende por más de $185.000”. Ahí está la máxima, una de esas banderas rojas de alarma: producir a pérdida. Una realidad que cíclicamente tienden a vivir muchos renglones del sector agrícola de Colombia. Pero, como ya lo vimos, el peso del arroz en el plato de comida nacional es alto, así que la afectación es más que evidente. Entonces, un primer problema es la sobreproducción de arroz. Mucha siembra, mucho grano disponible, traducido en precios bajos al final de la cadena.
Un segundo punto es el contrabando de arroz que llega desde Ecuador y Perú, de acuerdo con los mismos productores colombianos quienes aseguran que existen allá agricultores dedicados a sembrar exclusivamente para enviar a tierras colombianas. “No hay un control estricto en la frontera que evite esto”, dijo Rafael Hernández Lozano, gerente de la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz. Los que nacieron como acuerdos comerciales entre la Comunidad Andina que “en su momento favorecían a Colombia”, “hoy están afectando a los productores nacionales”.
Así las cosas, trabajando a pérdida y luchando contra el contrabando, no hay un estado financiero que aguante, no hay forma de que alcance la plata para pagar los créditos que sacaron en las distintas entidades del sistema. ¿Qué dijo el Ejecutivo en ese instante? “El Gobierno ha dispuesto de varios instrumentos financieros para aliviar la situación de los arroceros. Finagro ofrece líneas especiales de crédito, subsidios y el fondo agropecuario de garantías. Por su parte, el Banco Agrario tiene habilitadas las líneas de reactivación económica que permiten la refinanciación”.
Para ese instante ya se contaban cuatro días de paro. María Camila Ramírez Cañón y Daniel Felipe Rodríguez Rincón, de la redacción de Economía, hablaban de las afectaciones: bloqueos intermitentes en vías principales de Tolima, Huila y Meta, mientras que en Casanare era total. 11.000 transportadores de carga afectados por día. Nos explicaron que “en Colombia, cerca del 70 % del arroz se cultiva bajo el sistema de secano, es decir, sin riego artificial. Mientras que el 30 % de los cultivos cuentan con sistemas de riego”.
Eso, en qué se traduce: Que la gran cosecha depende de los meses de lluvia. Entonces la mayoría de los productores hacen su trabajo en esa temporada. Se obtiene la mayor cantidad de arroz. Venden lo que necesita el mercado y el resto lo almacenan. El Gobierno pagaba un incentivo a los industriales para que guardaran ese excedente para que los vendieran en tiempos de poca lluvia. Y todo funcionaba. Pero, advierte Fedearroz, el Ejecutivo eliminó dicho incentivo. Así las cosas, la cosecha completa entra a circulación. Una vez más, exceso de oferta = precios bajos. Montar sistemas de riego, que permitiría distribuir la cosecha durante todo el año, vale billones, asegura el dirigente gremial. No es una opción viable en un negocio que trabaja a pérdida, concluye.
El Gobierno en ese instante respondió con ocho propuestas a través del ministerio de Agricultura: Línea Especial de Crédito (LEC) de reactivación agropecuaria, Incentivo a la Capitalización de Gestión de Riesgos Agropecuarios, Incentivo Integral a la gestión de Riesgos Agropecuarios, Proyectos productivos, Incentivo a la Capitalización Rural, Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA), Fondo de Solidaridad Agropecuaria, y Tierra y productividad. Explicados, uno a uno, están en este enlace. Cuatro días después, el 11 de marzo, se levantó ese paro:
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Geidy Ortega, viceministra de Asuntos Agropecuarios, en ese instante, dio la noticia: “Solicito, dado que hay acuerdo en el primer punto, el desbloqueo inmediato de las vías de Tolima y Huila, con el compromiso de una bolsa (de dinero) que ha sido construida por el ministerio y Fedearroz”. Se refiere a la creación de un paquete con $ 21,9 mil millones. De allí queda disponible un aporte de $8,747 millones para atender la comercialización de los pequeños productores por hasta 72.896 toneladas. “Dejamos en la bolsa de unos $12 mil millones, aproximadamente, para atender a los medianos productores por un techo de hasta 154 mil toneladas”, agregó. Se dijo, en ese instante, que se haría un aporte respectivo de “$9.750 por carga, que corresponde a un 62 % de participación de la bolsa para los medianos productores. Mientras que los pequeños arroceros tendrán prioridad, por lo que el aporte para ellos será de $15.000”.
Se hizo un compromiso de “fortalecer las compras públicas locales” lo que “permitirá que los productores arroceros oferten sus cargas a entidades nacionales que requieran el producto para los programas sociales”. Se buscaba impactar a 3.000 toneladas cosechadas por pequeños y medianos. Sobre el asunto del mercado internacional y el contrabando, anunciaron que el “ministerio de Agricultura trabajará con el ministerio de Comercio para adelantar las actuaciones pertinentes frente a la expedición de salvaguardias que protejan la producción nacional arrocera”. Y que se trabajaría para que una “buena parte de los inventarios actuales lleguen a mercados venezolanos”.
Pero cuatro meses pasaron y, de nuevo, los arroceros anunciaban otra vez un cese de actividades. Otro paro. La razón: el precio. Sí, otra vez. El 6 de julio de 2025 advirtieron que estaba trabajando a pérdida. María Camila Ramírez Cañón, de la redacción de Economía de El Espectador, hizo las siguientes denuncias: “En el molino Roa están pagando la carga por debajo del precio, pasaron de $171.000 a $158.000. Arroz Diana está haciendo lo mismo de Roa, por un precio cercano a los $158.000. Sonora está pagando $15.000 menos en el Tolima”. Y citó a un productor de Casanare que, por temor a represalias, pidió no ser identificado: “El año pasado nos pagaron el kilo a $1.552 y ahora en el Llano están ofreciendo $1.248. Al tiempo que sufrimos ese bajonazo se han incrementado los precios de la gasolina, los insumos, la maquinaria, la mano de obra y los tributos. Es urgente que el gobierno interceda”.
Fedearroz, de nuevo como protagonista de todo este asunto, en cabeza de Rafael Hernández Lozano, dijo que en junio de 2024 los productores recibieron en promedio nacional cerca de $225.000 por carga, precio que en inicio de julio de 2025 ha bajado a los $170.000 en la zona centro y hasta $158.000 en los Llanos. De nuevo, en medio de esa realidad, es insostenible el negocio. Aquí ya lo que se evidenciaba era una ruptura entre los productores y los molinos, que son de los comercializadores. ¿Por qué bajaron los precios?
Esa respuesta, a comienzos de julio, no aparecía. Lo que sí estaba tocando la puerta era la cosecha más grande del año: tres millones de toneladas. El Gobierno, desde el ministerio de Agricultura, nos decía Santiago La Rotta, reconocía que “los precios del arroz verde han bajado más de lo esperado”. ¿Por qué? Al parecer, por el comportamiento internacional del mercado del arroz: de acuerdo con la FAO, la producción mundial de cereales llegará a un récord este año, incluyendo al arroz, el maíz y el trigo. En el caso del arroz, esa producción mundial debería alcanzar “un récord de 555,6 millones de toneladas, gracias a la mejora de las proyecciones en India, Bangladés, Pakistán y Vietnam, y pese al descenso esperado en Irak y Estados Unidos”. El escenario de India preocupa en el contexto colombiano, pues, según el Ministerio de Agricultura, ese país levantó restricciones a sus exportaciones, lo que puede presionar a la baja aún más los precios internacionales”. La lectura aquí es: como en todos los demás sectores de la economía, ¿si sale más barato comprar el producto importado y de buena calidad, por qué no lo harían de esa forma quienes se encargan de abastecer los supermercados? El consumidor, al final, apretado por la inflación, siempre está buscando precios bajos en los anaqueles de la tienda.
El asunto, entonces, iba en que además de los males viejos, se sumaban estos en donde Colombia es espectador y tomador de precios, no es del tamaño como para mover las palancas globales y ajustar la balanza a su favor e imponer. No hay cómo. Se habló de reforzar controles fronterizos para ponerle la lupa al contrabando. De que la Superintendencia de Industria y Comercio revise si hay prácticas anticompetitivas en el sector. Y que el Ministerio de Hacienda estudiara si era posible ofrecer alivios tributarios a grandes superficies para que estas paguen el cereal a precios justos a los productores, según el Ministerio de Comercio, detallaba La Rotta.
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El siguiente párrafo podría ser motivo para que una escuela de negocios dedique un semestre completo a estudiar una industria que va viajando en medio de rebotes sin poder fijar un punto: “El precio que se le paga al productor del arroz paddy verde cayó 11,8 % en 2024, según el Ministerio de Agricultura. Mientras que los costos de producción vienen subiendo: el arrendamiento de los predios para las plantaciones, la logística, el agua y los insumos. A esta situación se suma el exceso de oferta. El inventario nacional de arroz en junio de 2025 es de 534.940 toneladas, un 67,8 % por encima del promedio de la última década”. ¿Qué hacer?
El Gobierno proponía una resolución que “pretende garantizar una formación transparente de precios que refleje las condiciones del mercado nacional y evite pérdidas para el productor estableciendo un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde”. Eso quiere decir que, indistintamente de todas las variables del negocio y del mercado, se fija “un precio mínimo para adquirir el producto”, pero ojo, diferenciado dependiendo de la zona del país en la que se produce: Bajo Cauca, centro, costa norte, Llanos y Santanderes.
Colombia tiene un arancel del 80 % para el arroz, pero existe el riesgo de que sea introducido de manera irregular en la frontera con Ecuador por las limitaciones en los mecanismos de control aduanero.
Dicha medida “propone que todo comprador, obligatoriamente, reporte cada semana los precios pagados por el arroz, entre otros datos, y que los agentes económicos que comercialicen precisamente el arroz blanco en Colombia, sean mayoristas o minoristas, informen de manera clara el país de origen del producto en los empaques, puntos de venta físicos y plataformas digitales”.
Suena, como un todo, como una medida lógica y necesaria para la industria. Pero, y cuando el precio del cereal suba, ¿qué? Cuando los inventarios bajen y los productores esperen recibir mejores precios, ¿qué? Lo que podría suceder es que indistintamente lo que pase en la cadena de producción y comercialización, suba o baje el inventario, suba o bajen los precios, es que nosotros los consumidores estaremos obligados pagar un cereal con una tarifa definida. Básicamente la ley de oferta y demanda dejaría de ser una regla de la economía.
El 14 de julio apagaron los tractores, pero sobre varias de las vías principales de Colombia. Comenzaba el segundo paro arrocero en menos de seis meses. Puntos de concentración en Huila, Tolima, Córdoba, Norte de Santander, Casanare, Meta y Arauca. Advertía Dignidad Agropecuaria que Cesar, Santander y el sur de La Guajira se sumarían. Los arroceros de Huila y Tolima estiman que los productores están perdiendo entre $2.500.000 y $2.800.000 por hectárea cosechada.
Y aquí apareció un análisis que cobra sentido para entender por qué los precios bajan en los molinos y, por supuesto, afectando a los productores: Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, le dijo a la redacción de Economía de El Espectador que “de la baja en los precios tiene que ver con la “configuración de un posible oligopolio en la comercialización, que es un poder desproporcionado de los compradores (es decir, los industriales)””. Es entonces donde cobra sentido la tarea de la Superintendencia de Industria y Comercio. El Espectador, el pasado 14 de julio consultó la perspectiva de la industria, representada por Induarroz de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), pero no recibió respuesta.
Leer los problemas de los arroceros es, tal vez, volver a leer la situación por la que se detuvieron en marzo pasado cuando fue el primer paro, así que ya se sabía, de lado y lado, los puntos para sentarse a negociar, con una variable distinta en el papel: el precio mínimo de compra:
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Este 22 de julio era el segundo día de negociación y el noveno de protesta, contaba María Camila Ramírez Cañón. Se abordaron, por ejemplo, temas relacionados con la resolución de libertad regulada de precios arroz paddy verde, el contrabando, la salvaguarda para proteger la producción nacional de las importaciones y el acceso a insumos, entre otros. “De nuestra parte, yo creo que hay que insistir en algo que para el Gobierno nacional es la premisa: no estamos aquí solo para atender el paro, estamos aquí para salvar a la cadena del arroz. Y creo que todos podemos coincidir en eso”, dijo la ministra Martha Carvajalino.
Y, de nuevo, María Camila Ramírez Cañón, quien ha seguido toda esta manifestación, invitaba a un análisis del por qué este es un asunto que nos importa a tantos, más allá de las personas que trabajan en la cadena del arroz: “Lo que se decida en la mesa podría tener un impacto en el bolsillo de los colombianos”. Ahí está el punto: volviendo a los promedios y, de acuerdo con cifras oficiales, si el 98 % de los colombianos tenemos a este cereal en la diera diaria, lo que allí decidan nos tocaría de manera directa a casi todos”.
¿Por qué? Hasta aquí hablamos, todo el tiempo, del arroz paddy verde y aquello de ponerle un precio regulado. Pero María Camila nos cuenta que “una de las propuestas con las que llegó la cartera (Minagricultura) a la mesa es la de regular también el precio del arroz blanco, ese que compran los colombianos en supermercados y tiendas. La idea no se la inventó el Ministerio, fue el resultado de una reunión de concertación que se dio el pasado viernes entre el Gobierno, Fedearroz (en representación de los productores) e Induarroz (en representación de la industria). Ahora la propuesta está en discusión y socialización de la mesa de negociación. Definir el régimen de libertad regulada para el precio mínimo de referencia para el arroz blanco es un elemento que se incluiría a la resolución cuyo borrador ya es conocido, de acuerdo con Rafael Hernández, gerente de Fedearroz”.
La reportera consultó a varios expertos quienes aseguran estar “a favor de la propuesta de añadir un valor mínimo para el grano ya procesado” y que “una de las razones es que eso permite que se regulen varios eslabones de la cadena y no quede a la libre determinación de cada sector”. Sin embargo Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) advierte que los controles de precio no son lo ideal, pues es “tirar una moneda al aire: puede que resulte, como puede que no”.
¿Por qué? Ella lo analiza en este texto: “Hay dos escenarios posibles, el más fatalista terminaría por proteger a los productores, pero podría amenazar la rentabilidad de los molinos y de los comercializadores si el precio se fija por debajo de los márgenes de rentabilidad del negocio. Esto podría ser un problema porque si los molineros no tienen suficiente capital, van a comprar menos paddy verde, lo que dejaría a algunos productores sin poder vender la cosecha. Lo otro que puede suceder es que el nuevo precio mínimo haga que suba mucho el costo al consumidor. Esto disminuiría el consumo y como la cadena vendería menos producto, también le comprarían menos a los arroceros”. Y aquí suelto mi opinión como comprador habitual de arroz en varios de los grandes supermercados: si el precio del arroz está tan bajo como denuncian los arroceros productores y hasta el Dane, que habla de un -3, 82 %, ¿por qué me siguen cobrando lo mismo por el kilo que compro en esos supermercados?
Ya lo decía la reportera en su texto, mientras estaba atenta a la mesa de negociación: “Está la posibilidad de que la libra de arroz cueste más en la tienda de barrio”. Y una respuesta a esa postura y, de paso, a mi dudo y opinión personal: “Desde el IEI de la Universidad Javeriana Cali sostienen que es mejor pagar ese precio, a desproteger y echar a pique la industria en su conjunto y volvernos importadores de arroz o vivir todos los años la misma crisis que “se resuelven con paños de agua tibia y siempre terminan favoreciendo solo un tramo del encadenamiento””.
El paro, cuando terminamos de escribir este boletín, se mantenía, así como la mesa de negociación. Es difícil, porque no se trata simplemente de complacer a unos manifestantes, como dicen algunas personas cada vez que hay una protesta de cualquier sector. Aquí estamos hablando del plato de comida principal de la mayoría de los colombianos, de un subsector con 500.000 familias activas, empleos en riesgo, terrenos productivos y, sin temor a equivocarme, la necesidad de solucionar problemas estructurales en un país que quiere entrar a jugar de local en ese sueño de ser protagonista de la despensa mundial de alimentos que no ha podido solucionar el problema del arroz para el almuerzo. En este enlace les estaremos contando qué sucede, al acuerdo que se llegue y cómo nos tocará a todos.
Este es un hasta pronto con nuestro mensaje final: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados adisfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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