Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El Gobierno anunció que tramitará un paquete de proyectos en el Congreso para reactivar la economía colombiana. En un primer momento, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, informó que en esa lista de iniciativas estarían las inversiones forzosas para la construcción de vivienda, energías renovables, integración digital e infraestructura en salud y educación, una estrategia que también mencionó el presidente Gustavo Petro en su discurso del 1° de mayo.
También lea: ¿Qué implicaría flexibilizar la regla fiscal, como propone Minhacienda?
Hasta ahora no se conocen más detalles sobre este paquete de proyectos, cuyos borradores siguen en construcción. De hecho, este martes el jefe de la cartera de Hacienda dijo que siguen evaluando la propuesta de inversiones forzosas y que, incluso, le presentarán al presidente alternativas para analizar si es posible acudir a esta herramienta o si es mejor tomar otro camino. “Estamos examinando hasta dónde se puede llevar la inversión forzosa del sector agropecuario que está aprobada hace muchos años o si es mejor ver otras alternativas complementarias”.
En este panorama, en el que hay más dudas que certezas, no es posible analizar los efectos de la propuesta, pero sí aproximarse a las inversiones forzosas para entender cómo funciona este mecanismo en el país.
¿Qué son las inversiones forzosas?
José Ignacio López, presidente de la ANIF, explica que los bancos usan parte de los depósitos (los recursos que guardan de sus clientes) para entregar créditos considerando criterios de rentabilidad y riesgo, pero con las inversiones forzosas se ven obligados a destinar cierta cantidad de recursos a una inversión determinada. Dependiendo de cómo lo plantee el Gobierno, esos recursos se podrían entregar directamente a los beneficiarios a través de créditos o por medio de entidades de fomento que se financien con esas inversiones para poder entregar los préstamos.
César Ferrari, superintendente financiero, explicó a medios de comunicación que por la ley de inversiones forzosas en favor de la agricultura todos los bancos desde hace años tienen que invertir en el sector, pero como algunos “no tienen la experiencia para hacer el desarrollo financiero en la agricultura, entregan unos cupos” y terminan financiando al Banco Agrario, que entrega los créditos.
Le puede interesar: ¿Cómo está la economía colombiana?: esta es la visión del Banco de la República
“La inversión forzosa es lo que hoy existe en el sistema agropecuario que administra el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). La idea es que no solo pensemos en inversiones destinadas al sector del agro y agroindustria, sino en otras que necesita el país para la recuperación económica”, dijo Bonilla.
Según las declaraciones del ministro, y la comparación con lo que hoy ocurre con Finagro, parece que el Gobierno quiere acudir a la segunda opción que mencionaba López: que los bancos tengan que comprar títulos de entidades de fomento para que con esos recursos la entidad pueda financiar créditos.
Los Títulos de Desarrollo Agropecuario
Alexandra Restrepo, presidenta de Finagro, explicó a este diario que los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) han permitido que los productores accedan al sistema financiero. Pese a la importancia del sector, dice la presidenta, este es muy vulnerable, porque asume riesgos climáticos, biológicos, cambiarios o de mercado, y por eso el perfil de riesgo de la actividad agropecuaria es muy alto y el costo de financiamiento también.
Por medio de la Ley 16 de 1990 se creó el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, Finagro y los TDA, que son la principal fuente de financiamiento del sector. Las instituciones financieras tienen la obligación de adquirir TDA, la cantidad de inversión se determina según ciertos criterios y se divide entre TDA tipo A y TDA tipo B. Los del primer tipo se destinan para el fondeo de los pequeños productores con condiciones de financiamiento más bajas y los segundos, para créditos a medianos y grandes productores.
Entre enero y marzo de 2024, según Finagro, el requerido de inversión fueron $12,66 billones para TDA tipo A y $12,66 billones para TDA tipo B. Ahora bien, la entidad no recibe todo el dinero porque también existe una especie de “premio” para quienes destinan recursos para el sector agropecuario: si un intermediario entrega con recursos propios créditos al sector, el valor de ese crédito se le descuenta de su inversión requerida en TDA, el porcentaje depende de si es un gran productor (25 %), mediano (50 %) o pequeño (150 %).
Pese al incentivo, Restrepo señala que el Banco Agrario sigue siendo la fuente principal de financiamiento para los pequeños productores, representando el 93 % del número de operaciones que se han hecho para esta población entre enero y marzo de 2024; en cambio, ha crecido la colocación de créditos para los medianos y grandes productores. La sustitución de TDA tipo A en los primeros tres meses del año fue de $0,91 billones, mientras que la TDA tipo B fue de $6,95 billones.
“Los TDA han dinamizado el financiamiento al sector agropecuario. Para los pequeños productores han asegurado que se cuente con recursos suficientes para poder atender sus necesidades de financiamiento con condiciones de fomento, algo que sin estos títulos a la fecha sería imposible. Para los medianos y grandes productores, el esquema de sustitución ha permitido que se coloquen muchos más recursos que si se atendieran solo bajo redescuento”, sostiene Restrepo. Entre agosto de 2022 y marzo de 2024, la cartera de Finagro, incluyendo operaciones de redescuento y sustitutivas, sumó $42,11 billones; 900.000 personas cuentan con una operación activa, el 86 % son pequeños productores.
Lea también: A pesar de un aumento en producción, resultados financieros de Ecopetrol bajaron
¿Qué implicaría aumentar las inversiones forzosas?
Santiago Rodríguez, profesor de la Universidad de los Andes, explica que si bien todavía no se conoce la propuesta, las tasas de rentabilidad de esos títulos suelen ser bajas. Si decide ampliarse el mecanismo, es probable que para compensar una menor rentabilidad las entidades financieras suban sus tasas de interés en algún segmento del crédito. “El sector financiero puede ver golpeada su rentabilidad, porque en lugar de prestar ese dinero vía tarjetas de crédito, crédito de vehículo, libre inversión o crédito comercial, tendrían que destinar la plata a una inversión que rentaría menos”.
Una fuente del sistema financiero, que pidió no ser citada, coincide en que invertir el ahorro del público en títulos de entidades de fomento generaría costos extras que se suman a otra serie de costos regulatorios que ya están asumiendo los bancos, de ahí que es posible que el crédito se vuelva más costoso. “La propuesta debería atarse a una conciliación y a un análisis técnico con las entidades bancarias. Es un buen instrumento, depende de su implementación”.
Los detalles de la medida serán fundamentales para determinar su viabilidad. Por ahora solamente es una propuesta que, según afirmó Bonilla este martes, sigue estudiando el Gobierno. La conversación con los bancos será clave porque, como reconoció el ministro, “a nadie le gusta que le digan que tiene que invertir forzosamente”.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más