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Es incierto lo que pueda pasar con el salario mínimo. Mientras el presidente Gustavo Petro insiste en que el panorama económico actual demuestra que el aumento que decretó no ha tenido efectos negativos importantes, empresarios señalan que el impacto, especialmente en las micro y pequeñas empresas, ha sido notorio.
Los próximos días serán claves, pues el Gobierno se prepara para emitir un nuevo decreto de incremento (con una cifra que será transitoria), mientras el Consejo de Estado decide sobre el futuro que tendrá el salario mínimo en 2026.
Este lunes, los ministros de Trabajo y Hacienda se reunieron con la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (donde tienen asiento las centrales obreras y los gremios), en busca de acuerdos sobre un salario mínimo que beneficie a trabajadores y empleadores.
En entrevista con El Espectador, la presidenta de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI), María Elena Ospina, habló sobre esta reunión, la situación de su gremio y lo que espera para las próximas semanas.
¿Cómo fue la reunión de la comisión de concertación?
Buena, aunque no definimos nada. No hubo una concertación. El Gobierno propone, juntamente con los sindicatos, que se sostenga el incremento del 23,7 %.
Hubo un debate por el lado de los gremios en el que no nos pusimos de acuerdo sobre la cifra que debíamos tener. Desde ACOPI, lo que consideramos es que esperaremos la decisión final del Consejo de Estado, aunque consideramos que el 23,7 % se va a mantener, porque el Gobierno lo volverá a decretar, hasta que el alto tribunal diga otra cosa.
Fenalco ha insistido en que el incremento debe ser más bajo, en concordancia con las cifras de inflación y productividad. ¿ACOPI piensa lo mismo?
Nuestra postura es independiente. Nosotros representamos a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales generan más del 80 % del tejido empresarial del país. Nosotros tenemos que trabajar por la sostenibilidad del empleo formal, pero también por la de las empresas. Es decir, estamos muy de acuerdo en que la financiación del salario mínimo debe ser un tema muy técnico.
Aquí juegan diversas variables, como la inflación, la productividad, el crecimiento del Producto Interno Bruto, y la contribución de los salarios al ingreso de la nación. Estos son los indicadores que pide tener en cuenta la Ley 278 de 1996.
Pero también creemos que en este país se debe dar un gran debate en torno a la informalidad, tanto laboral como empresarial, así como del sostenimiento del empleo formal y la productividad. Además, se debe discutir sobre el salario vital y, más allá, sobre la calidad de vida de nuestros trabajadores. Lo que pasa es que eso no se debe dar de un solo golpe en donde nos toca poner el 23,7 %, porque eso afecta a las empresas y, por ende, al empleo formal.
Estos son debates que se tienen que dar. Estamos de acuerdo en que los empleados ganen más, pero eso debe ser un tema progresivo. A la vez que se va haciendo eso, también se tiene que ir trabajando en incentivos económicos para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan sostener esos empleos.
En lo que va del año se han pagado tres quincenas con el nuevo salario mínimo ¿Cuál ha sido el impacto para las mipymes?
El golpe más fuerte ha sido para las microempresas, porque muchas en este momento están cerrando, mientras que otras están volviendo a la informalidad.
Aún no tenemos una fotografía completa, pues para eso debemos esperar a ver cómo cierra el primer trimestre del año, pues para entonces ya se habrán renovado los registros ante las cámaras de comercio. Pero hasta el momento el panorama es negativo. Tenemos empresas que han despedido a 50 empleados, otras a 10, mientras que entre 50 y 60 microempresas, según nuestros reportes, ya han cerrado.
También nos preocupan las 11 millones de personas que, en Colombia, ganan menos del salario mínimo. Ellas también se ven afectadas porque este año les cuesta más entrar en la formalidad.
En estos momentos estamos haciendo un seguimiento para mirar cuáles cierran y qué es lo que está pasando realmente.
Fedesarrollo advierte que el alza del 23,7 % podría destruir hasta 600.000 empleos formales e incrementar la informalidad en 3 puntos porcentuales. ¿Cree que estas cifras son aterrizadas a la realidad?
Sí, es lo que está pasando y va a pasar.
¿Cuáles han sido las estrategias que han adoptado las empresas que, pese al incremento, siguen manteniendo empleos formales?
Muchas están haciendo una apuesta importante para financiar estos puestos de trabajo desde su patrimonio, porque realmente en una micro y pequeña empresa el flujo de caja es muy complicado. Pero también están buscando créditos, así como opciones tecnológicas que impacten positivamente la productividad.
¿Las empresas están subiendo los precios de sus productos y servicios para poder pagar el alza en los salarios?
Necesariamente hoy eso es un efecto del salario mínimo porque se tienen que aumentar los precios para poder sostener el empleo.
Esto es una realidad. Lo más seguro es que vamos a terminar el año con una inflación entre 6 % y 7 % y eso realmente va a ser muy complicado para el país, especialmente para los que ganan menos del salario mínimo.
El Gobierno y las centrales obreras dicen que la inflación es por la negativa del Banco de la República en bajar las tasas de interés…
Siempre buscaremos que bajen las tasas, pero eso no es lo que genera la inflación. Antes el Banco de la República lo que está haciendo hoy con subir las tasas es tratar de mermar y sostener la inflación, pero queda muy difícil realmente.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, habló sobre la búsqueda de créditos con condiciones favorables para las mipymes, así como refuerzos a los programas de fomento de empleo…
Sí, precisamente en este momento estamos buscando sentarnos con el ministro de Hacienda y con el presidente de Bancoldex para mirar realmente esas líneas de crédito que llegan a los bancos de primer piso. La idea es encontrar alivios en las tasas de interés, especialmente para las mipymes.
¿Estas ayudas serían suficientes?
Siempre van a faltar más ayudas. Si hoy se sacan estos alivios, servirán para solucionar el problema inmediato, pero no resolverán lo que es estructural.
¿Cuáles son los sectores más impactados?
Todos. Pero sí tenemos algunos sectores importantes como el comercio, la manufactura y los servicios.
¿Lo que decida el Consejo de Estado impactará en lo que pase este año en la concertación del salario mínimo para 2027?
Estamos esperando primero la decisión. De ahí parten muchas cosas. ¿Cómo lo vería yo? Capaz es que habría que reformar la Ley 278, porque el salario mínimo vital no es una variable para fijar salario mínimo en este país. Es un concepto de la Organización Internacional del Trabajo, una recomendación.
Lo que ordena la ley es que el salario vital se debe concertar en una mesa, pero no es realmente una variable para fijar salario mínimo en este país el día de hoy. Defenderemos obviamente las variables avaladas técnica y jurídicamente.
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