El ‘imperio’ del trabajo tercerizado

Rafael Pardo Rueda, ministro de Trabajo, dijo que un primer reporte (que corresponde a menos del 50% de entes territoriales del país, debido a los cambios de administración) señala la existencia de 100.240 funcionarios de planta y de 170.441 empleados vinculados por prestación de servicios. “Esto significa 1,7 por cada uno que está de planta. Esto muestra la gravedad de la situación”.

Los sindicatos tienen otro estimativo. Tarsicio Mora Godoy, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), estimó que poco más del 50% de los trabajadores estatales (hay aproximadamente un millón de personas) están laborando bajo la figura de prestación de servicios. “Se está desatando una masacre laboral. La politiquería se comió al Estado y está jugando con la inestabilidad del trabajador”.

Este primer barrido del Gobierno mostró que Bogotá es el lugar del país donde más empleados públicos están trabajando por prestación de servicios: hay 27.600 casos, buena parte concentrados en la Alcaldía Mayor de Bogotá. Le sigue Antioquia (con su gobernación y los municipios), que cuenta con 14.500 plazas de trabajo en estas condiciones; Santander registró 13.100; Nariño, 11.000; Norte de Santander, 10.900; Valle del Cauca, 10.680; Cundinamarca, 8.969, y Arauca, 7.335. Este último departamento generó sospechas por el alto número de contratistas.

Pardo dijo que “el Gobierno pretende con esta nueva fase que tanto las entidades nacionales como territoriales del nivel central como descentralizado empiecen a construir planes de acción”. Esto significa que deberán medir las cargas de trabajo para determinar cuál es la planta necesaria y analizar sus presupuestos para ver cuántos empleados pueden quedar contratados directamente. Este encargo terminará en marzo de 2012.

Según el jefe de esta cartera, el objetivo a largo plazo es que los contratos por prestación de servicios sean en casos excepcionales y no el común denominador de la contratación estatal. Agregó que “hay quejas por el cambio de mandatarios. No son masivas, pero no se puede tomar como disculpa para no renovar contratos y cambiarlos por otros diciendo que son politizados”. Por ejemplo, dijo Pardo, lo que hizo el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, fue anunciar el vencimiento de contratos.

Pero no todo para allí en materia de tercerización laboral, debido a que la muestra del Ministerio no incluye a los trabajadores del sector salud, que según fuentes de esta cartera, se han convertido en un lío de marca mayor no sólo para obtener información del empleo, sino para formalizar puestos de trabajo.

Si las cosas siguen así en materia de empleo estatal, según el presidente de la CUT, en 10 ó 15 años habrá una “gran masa laboral que no se podrá pensionar. No hay políticas públicas y esto se presta para que cada gobernante haga lo que quiera”.

De acuerdo con fuentes de la Contraloría General de la República, en los entes territoriales del país que no han reportado información no existe contabilidad adecuada ni balances al día. El ente de control había advertido a la Contaduría General de la Nación que esto puede causar inconvenientes en el seguimiento a la situación fiscal de municipios y departamentos. “Hay contratistas de todo orden. Existen carruseles en las alcaldías pequeñas donde se dan los contratos al político, al amigo o al pariente”.

El hecho de darle un giro al actual esquema de contratación, según la Contraloría, le va a costar al Estado, porque tendrá que pagarles las prestaciones sociales a quienes no las han tenido. Y en cuanto a la tesis de que se podría producir una masacre laboral, descarta que esto sea así, debido a que la posición del Ministerio de Trabajo y de la Corte Constitucional les está dando “las de ganar” con más trabajos formales.

En cuanto al tema de contratación en el sector de la salud, el ente de control consideró que hay que manejarlo aparte, debido a su complejidad.