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El último año ha sido tenso en el sector eléctrico. El fenómeno de El Niño, que podría incrementar las tarifas de la energía, llegó en medio de una crisis por cuenta de la no designación de los expertos en propiedad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
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A los usuarios les preocupa la tarifa y, claro, que haya garantías de suministro. Al hablar del precio, hay varios factores a considerar. Entonces vamos por partes: ¿qué ha pasado en el último año? ¿Seguirá subiendo el recibo?
📍 El precio de la electricidad en Colombia
En octubre de 2022, la inflación en los servicios de energía llegó a cifras alarmantes: en la comparación anual (octubre 2021-2022) el incremento fue de 28,53 %. En ese mismo mes ―considerando el dato de inflación anual a septiembre de 2022, el último que se conocía para ese momento― el Gobierno anunció el “pacto por la justicia tarifaria” como una estrategia para “suavizar” el golpe en el bolsillo de los consumidores, especialmente en Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Montería, Riohacha, Cartagena y Barranquilla, que llegaron a reportar variaciones anuales por encima del 40 %.
Un año después, el panorama ha mejorado: la variación anual del precio de la electricidad para octubre (2022-2023) fue de 7,97 %, en el análisis mensual (septiembre-octubre), el servicio de energía aumentó 0,56 %.
Una aclaración importante: no quiere decir que el recibo de la luz haya bajado, sigue subiendo, la diferencia es que está subiendo menos que antes, o sea hay una desaceleración. En los siguientes gráficos puede ver el comportamiento de la inflación anual y mensual de la electricidad y cómo ha aumentado el servicio en las ciudades del país en el último año.
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Ahora bien, aunque se evidencia una tendencia a la baja en el análisis anual y, además, este rubro ya no está contribuyendo tanto como antes a la inflación total (que para octubre se ubicó en 10,48 %), hay serias preocupaciones respecto al futuro del sector.
📍 ¿Subirá el recibo de la luz?
La factura podría subir con más fuerza por un tema que ya han advertido gremios, analistas y ahora también la Contraloría: todavía no se conocen los nombres de los expertos comisionados de la CREG, institución clave para tomar decisiones regulatorias en un momento en el que se necesitan, entre otras cosas, por llegada del fenómeno de El Niño.
La Contraloría aseguró el viernes que al no estar integrada la CREG, los estudios, análisis y las decisiones tarifarias quedan en el aire, poniendo en riesgo las finanzas públicas y también el bolsillo de los usuarios.
De la Comisión hacen parte el ministro de Minas y Energía, el ministro de Hacienda, el director del Departamento Nacional de Planeación, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y seis expertos comisionados que nombra el presidente por un periodo de cuatro años. El jueves, la CREG aseguró que no podrá tomar decisiones debido a que no cuenta con comisionados para hacerlo y a la falta de nombramientos se sumó la renuncia del director de la entidad, José Fernando Prada, quien cumplió su periodo de cuatro años al frente del organismo. Ese mismo día, el presidente Gustavo Petro nombro a Omar Primas como experto comisionado, pero todavía siguen pendientes cinco nombramientos más.
Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía, dijo a este diario que mientras la CREG no pueda tomar las decisiones regulatorias que se necesitan, “se ve afectado el mercado de energía eléctrica, pero también los usuarios y la demanda”. Destacó también la importancia de prestar atención a lo que está pasando con el gas en Colombia para garantizar efectivamente suministro a largo plazo.
La alerta desde todos los sectores es la misma: la parálisis de la Comisión implica un riesgo para el país. Por medio de una carta, Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia resaltaron que hay dos coyunturas que demandan una decisión pronta por parte del regulador: las medidas para enfrentar El Niño y la falta de liquidez de las empresas comercializadoras, (por saldos pendientes de opción tarifaria, deudas de usuarios, entre otras). “En caso de mantenerse la situación anterior, se pone en riesgo la prestación del servicio público de energía eléctrica”, advierten los gremios.
En contexto: Gremios eléctricos piden al presidente Petro nombrar comisionados de la CREG.
Para la Contraloría, uno de los hechos que hace evidente la crisis en la CREG es que la resolución 101031 de 2022 sobre “tarifas justas” ya perdió vigencia. El órgano de control sostiene que la medida “no era otra cosa que el aplazamiento del cobro a los usuarios de las tarifas reales” y ahora, al no estar integrada debidamente la Comisión, “posteriores estudios tarifarios como la resolución 701023 de 2023 (que consultaba cómo diferir la opción tarifaria en el tiempo, la cual minimizaba el riesgo de apagón financiero), no pueden ser analizadas ni se pueden tomar decisiones con validez”.
Con corte a agosto de 2022, los saldos por cobrar por la opción tarifaria (la diferencia entre lo que se les ha cobrado a los usuarios y el valor real) sumaban $3,5 billones, pero con corte a septiembre de 2023 el saldo es de $5 billones. La cifra ha aumentado, según fuentes del sector, por la regulación existente, incluyendo el pacto por la justicia tarifaria y otras medidas. Dicho de forma sencilla, la deuda con los distribuidores de energía ha crecido y no es claro cómo se pagará.
La Contraloría agrega que como no se sabe cómo los prestadores del servicio podrán recuperar estos saldos, tampoco es claro “si se va a materializar la limitación de suministro por insuficiencia financiera de los agentes del mercado de energía”.
Y, al no determinarse los ajustes necesarios ―señala el órgano de control― en promedio los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica, en especial en la costa Caribe, pueden superar el 15 %. La entidad calcula que la facturación de un solo mes para los usuarios del Caribe podría pasar de $300.000 a $345.000 “y así sucesivamente en los siguientes meses”.
En ese escenario, también incrementarían los subsidios necesarios para los estratos 1,2 y 3, un tema que por ahora no está previsto en el Presupuesto General de la Nación.
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Germán Castro Ferreira, contralor delegado de Minas y Energía, advierte que además de que las tarifas de energía se dispararían en el corto plazo, en cinco años puede haber un apagón: “como no tenemos forma de hacer subastas de energía para el futuro, en unos años podríamos ver consecuencias delicadas, ya que la energía que no se programa no la tendremos”.
Para Sandra Fonseca, el riesgo de un apagón existe por la inestabilidad del sistema. Con un nivel de oferta de generación similar a la demanda, “el país es vulnerable ante las contingencias”. Lo cierto es que en este momento no hay cómo manejar eventos adversos.
Estos y otros nubarrones, como la desconfianza en la institucionalidad y el retraso en los proyectos de energía renovable, se ciernen sobre el sistema eléctrico en Colombia.
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