El reto: desarrollo sostenible

El ministro de Medio Ambiente, Frank Pearl, da respuestas profundas y organizadas. Habla en voz baja. Utiliza una hoja en blanco para ir dibujando sus ideas. Dice que el despacho que hoy ocupa tiene en sus manos una temática que ha estado relegada durante los últimos nueve años y por eso, reconoce, “arrancamos como una institución débil que hay que fortalecer”. Reforzar los estándares ambientales que deben regir a las industrias, endurecer las compensaciones que se les exigen a sectores como la minería, promover el diálogo interinstitucional, reorganizar el territorio para prevenir futuras emergencias como la que se vive hoy por cuenta del invierno, son apenas algunos de los retos.

Una apuesta del Gobierno es intensificar la inversión privada para jalonar el desarrollo. ¿Qué tipo de medidas y de políticas son necesarias para incorporar todos los costos sociales y ambientales en los mercados?

Antes que nada habría que aclarar que el concepto de desarrollo de este gobierno es un desarrollo sostenible, que tiene tres elementos. Primero: la iniciativa privada debe tener límites; los inversionistas deben saber que el papel de las empresas dentro de una sociedad no es sólo ganar dinero. Segundo: la actividad económica debe impactar a las comunidades, beneficiar a los más pobres a través de procesos que los conviertan en parte integral de un proyecto de negocio o con la creación de capacidades en los miembros de la comunidad. Eso es desarrollo. El tercero es el medio ambiente: eso significa que si el Gobierno determina que una actividad se puede hacer y cómo se debe hacer, las empresas deben acogerse por convicción a los estándares más altos, no sólo para proteger el medio ambiente sino para tener un impacto positivo.

¿Cómo debería ser el impacto de las empresas en las comunidades?

El concepto de desarrollo que tenemos en el Ministerio es muy parecido al del premio Nobel de Economía Amartya Sen (1998), que dice que, si una sociedad logra invertir en las personas y generar capacidades en ellas, los grupos humanos serán más libres (refiriéndose a libertad económica, social, política y cultural). Queremos que las personas sean cada vez más capaces y a través de esas capacidades sean más libres y puedan ascender en las escalas de los derechos. Eso es lo que entendemos por proyectos sostenibles que beneficien a una comunidad. Aquí no estamos hablando de responsabilidad social corporativa, que a veces se usa para promover la imagen de una compañía o una marca, o para limpiar esa imagen. Hacemos un llamado a las empresas para que muestren un genuino interés en el desarrollo de las comunidades.

¿Y qué políticas se necesitan para impulsar esos tres ejes del desarrollo sostenible?

Se necesitan unas políticas para atraer inversión. Unas reglas de juego claras que dicten qué se puede y qué no; que delimiten las zonas donde se puede hacer, cómo se puede hacer y bajo qué parámetros. Y se requiere también una mejor coordinación entre las entidades del Gobierno, para que el sector privado, los inversionistas y las comunidades, no tengan que estar tocando miles de puertas buscando un mensaje claro. Eso implica revisar las políticas sectoriales actuales (infraestructura, minas y energía, defensa, vivienda, agricultura y ganadería, industria y turismo) y determinar cuáles son los elementos transversales. Finalmente, hay que definir unas metodologías claras para la toma de decisiones. Hay que hacer unos cambios estructurales en los procesos de los ministerios y las entidades. Doy un ejemplo: lo que venía ocurriendo con los títulos mineros es que eran relativamente fáciles de obtener y eso generaba unos mensajes muy equivocados entre los inversionistas, porque esos títulos se otorgaban sin ninguna información sobre cuál era la probabilidad real de tener una licencia ambiental en la zona donde se adjudicaban. Nosotros mismos estábamos generando unos cuellos de botella en el Gobierno. Esas son cosas que estamos empezando a cambiar a través de un trabajo más coordinado con el Ministerio de Minas y Energía, para llegar a tener una sola ventanilla para estos procesos. Tenemos que lograr criterios más unificados.

Usted mencionó que las empresas deberían adoptar los mejores estándares ambientales por convicción. ¿Cómo llegar a eso cuando, de entrada, el país no cuenta con un sistema sólido de regulación?

Tenemos que determinar esos estándares y los procesos para que se cumplan. En paralelo hay que hacer un trabajo de pedagogía, educación, concientización, para que los ciudadanos interioricen esos estándares. Su adopción también se logra del lado de la demanda: castigando a las compañías que no cumplan, ya sea porque los mismos mercados exijan un sello, o porque haya una conciencia en los consumidores de no premiar con su compra a quienes no están cumpliendo con esos estándares, o porque nosotros logramos desde el Gobierno darles incentivos sólo a cadenas de comercialización que están certificadas. Hoy estamos otorgando licencias ambientales con criterios muy estrechos. Un ejemplo: a los proyectos de explotación minera se les hace un análisis sobre cuál puede ser el impacto ambiental de esa actividad, pero no se hace de manera integral ni profunda. Hoy se les pide a las compañías que compensen o reparen sólo con reforestación, sin tener en cuenta que se le está haciendo un daño a otros ecosistemas. Eso lo vamos a cambiar obligando a las empresas a que reparen todos los elementos. Hoy, los tiempos de las compensaciones son muy bajos: si una compañía explota una mina por 20 años, tiene obligación de hacer compensaciones sólo por tres años. Nosotros vamos a exigir compensaciones durante toda la vida útil del proyecto.

Otro elemento clave para el desarrollo sostenible son las comunidades. ¿Cómo va a garantizar los canales de participación?

Ya empezamos a trabajar en la creación de una red, porque este es uno de los temas más importantes para nosotros. Este ministerio se hace cargo de asuntos que en los últimos nueve años no han tenido la importancia que han debido tener. Tenemos mucho talento individual, pero todavía no contamos con el talento institucional necesario. Arrancamos como una institución débil que hay que fortalecer. La autoridad nacional de licencias ambientales también tiene muchas dificultades: institucionalmente es débil, los procesos no son claros, es permeable a los intereses personales, hay amiguismos. Pero trabajar en el fortalecimiento institucional no es suficiente, porque los temas ambientales son de todos en este país, no son solamente del Gobierno. Entonces lo que necesita el país es una red. Esto es muy importante porque muchos de los nodos de esa red (ONG, movimientos de estudiantes, centros de investigación, filántropos, académicos) permanecen, mientras que en los gobiernos los funcionarios cambian. Esa red le puede dar continuidad y una perspectiva de largo plazo a los temas y también cumple un papel de veeduría. Hemos visto, a partir de lo que pasó con el Parque Tayrona, que hay un interés enorme en los temas ambientales. Lo ideal es que entre todos elaboremos esa política.

En el manejo de territorio, ecosistemas y cambio climático puede verse que gran parte de las tragedias invernales se están presentando porque la gente está asentada donde no debería y porque persisten prácticas productivas que no son las más adecuadas. ¿Qué se está haciendo en este sentido?

Acabamos de presentarle al Fondo de Adaptación dos proyectos muy importantes. El primero, dirigido a entender los componentes ambientales y el funcionamiento de los ecosistemas desde las cuencas hídricas: un análisis de 143 cuencas que nos va a permitir amarrar eso a la ley de ordenamiento territorial. Nosotros tenemos la obligación de redefinir para qué queremos utilizar el territorio: agricultura, ganadería, infraestructura, reservas. Este es un trabajo que se va a hacer el año entrante. Lo que queremos impulsar es que el tema hídrico esté dentro de los criterios de ordenamiento del territorio y de planificación de las políticas ambientales de las regiones. El otro proyecto no sólo nos va a permitir tener el análisis de las cuencas y de los servicios que prestan, sino amarrar eso a proyectos de reforestación, relocalización de poblaciones y recuperación de bosques.

La sobreexplotación pesquera es otra preocupación. ¿Qué hacer para que el sector de aprovechamiento y explotación de la pesca reconozca los servicios ambientales?

En general, el tema pesquero ha estado muy olvidado. Tiene que ver no sólo con la protección de los ecosistemas marinos sino con la seguridad alimentaria del país, y por eso es fundamental. Hay cerca de 28 millones de colombianos que tienen algún tipo de relación directa con la actividad de la pesca en el día a día. Hay que hacer varias cosas: la primera es revisar cuáles son la legislación, la regulación y los incentivos que existen en este sector. La segunda es tener una institucionalidad más fuerte, y en este sentido el presidente acaba de firmar un decreto para modificar la institucionalidad pesquera y fortalecerla. La tercera es tener controles y la cuarta es tener planes de manejo. En cuanto a los controles tampoco estamos bien: hoy en día, en los municipios donde la pesca es una actividad importante, de supervivencia, no hay conciencia de esta actividad y se están dañando los ecosistemas. En este nuevo ministerio va a haber una dirección de mares que se hará cargo de trabajar estos puntos. Como se relaciona con la seguridad alimentaria, necesitamos una gran coordinación con el Ministerio de Agricultura.