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Tras pedir el hundimiento del proyecto de ley de víctimas en la conciliación del jueves, el Gobierno consideró que el tema se volvió muy político.
La advertencia fue hecha por el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, al indicar que "querían colocar al Gobierno como si fuera el enemigo de las víctimas".
El jefe de la cartera de las finanzas públicas consideró que con los recursos adicionales incluidos en el Senado, el costo de la iniciativa pasaría de demandar recursos por $22,1 billones a necesitar $76,02 billones que significan algo más del 50% del Presupuesto General de la Nación o el 15% del PIB (producto interno bruto).
Esa propuesta podría convertirse en una vena rota para las finanzas del Estado, porque no tendrían límite las reclamaciones que podrían hacer los afectados del conflicto interno, consideran expertos consultados.
El ministro de Hacienda dijo que al Gobierno del Presidente Uribe no lo pueden calificar de ‘tacaño’, cuando se ha mostrado dispuesto a entregar $22,1 billones.
"Donde está la responsabilidad del Estado y qué va a pasar con el resto de los programas de la sociedad y con qué atendemos los pobres, la salud y la educación y con qué se pagan las transferencias y a los pensionados, es que con ellos no hay derechos y obligaciones" se preguntó el funcionario.
Insistió que la propuesta del Gobierno consulta toda esta realidad fiscal, reconociendo "la integralidad del problema de las víctimas, pero no se nos puede convertir esto en un debate político para salir y congraciarse con las víctimas y decir que el Gobierno es un tacaño y que inventa una cifra fiscal".
Finanzas quebradas
Advirtió que acceder a las pretensiones de senadores opositores al Gobierno "quebraría las finanzas públicas y no resiste análisis la propuesta que se le quería presentar al senado de la República ayer (jueves)".
En respuesta a las acusaciones de la ‘tacañez’ del Gobierno, el funcionario indicó que el próximo 5 de julio se entregará los primeros $225.000 millones a las primeras 10.000 víctimas y "eso es una muestra evidente de cómo el Gobierno de una manera responsable puede atender con sus posibilidades fiscales".
Zuluaga reiteró que "ninguna sociedad puede reparar ciento por ciento el daño de sus víctimas t menos un país con limitaciones fiscales como Colombia".
Indicó que se va a insistir en la propuesta del Gobierno que demanda recursos por cerca de $2,1 billones. "Tenemos una propuesta que ha sido trabajada, analiza y estudiada que representa lo que el Gobierno cree debe ser un proceso de reparación de las víctimas y volveremos a insistir el próximo 20 de julio", dijo el funcionario.
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