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El primer ministro de España, Mariano Rajoy, llegó al cargo en noviembre del 2011, luego de que su Partido Popular (PP), conservador, lograra la victoria electoral más grande de la era pos-Franco. Pocos políticos europeos en ese momento tenían un mandato más convincente para el tipo de reformas fiscales, económicas y financieras que se necesitaban para reconstruir la prosperidad de su país y proteger su membresía en la Eurozona. Hoy, sin embargo, el capital político generado por el triunfo de Rajoy es una borrosa memoria del pasado, a causa de un oscuro escándalo de finanzas del partido, del que Rajoy, para culpa suya, no ha logrado eliminar las dudas ni el veneno que mina su credibilidad.
Semana tras semana, mes tras mes, el escándalo está afectando a Rajoy, desacelerando los esfuerzos de reforma de su gobierno, debilitando a la democracia española y corroyendo la imagen internacional de España. Es verdad que está bajo poca presión para renunciar, en el sentido de que no hay pruebas irrefutables aún que contradigan su afirmación de que nunca ha recibido pagos en efectivo ilegales por parte del fondo paralelo que operaba Luis Bárcenas, el extesorero del PP. El partido de Rajoy aún gobierna sobre una cómoda mayoría parlamentaria y sigue siendo, en su mayoría, leal a él. Entretanto, la oposición socialista percibe que son demasiado impopulares como para recibir ventajas de unas elecciones anticipadas.
Sin embargo, por el bien de España el mandato de Rajoy debe estar basado en algo que vaya más allá de la simple supervivencia política y la insistencia en que no hizo nada malo. El que se niegue a apreciar que el escándalo cada vez mayor exige una explicación completa de las prácticas de financiamiento del PP, en el pasado, y en el presente, está erosionando la confianza pública en su liderazgo. También está drenando el respeto hacia el sistema político que se estableció en 1975, luego de la muerte de Franco. Los españoles, con buena razón, consideran que es inaceptable que sus líderes aumenten los impuestos, reduzcan el gasto público y permitan que aumente el desempleo a niveles catastróficos, mientras que desestiman la necesidad de ser honestos y abiertos con respecto a los gastos de sus partidos y utilicen enormes sumas de dinero.
Este de ninguna manera es el primer escándalo de financiación gubernamental o de partido en la España pos-Franco. El Caso Filesa de la década de los ochenta afectó la imagen de los socialistas, así como un caso de corrupción bajo investigación judicial en la región de Andalucía, en el sur del país.
No obstante, el contexto del escándalo del PP es diferente, lo cual hace peligroso que Rajoy insista en sus tácticas dilatorias y distractoras. Resulta que no sólo están la economía española y el sistema bancario en su condición más frágil desde el regreso de la democracia, a finales de la década de 1970, sino que los españoles están insatisfechos con que ciertos pilares del estado pos-Franco, como la monarquía, el sistema judicial y los estatutos de autonomía de las 17 regiones de España, no están funcionando de forma tan eficiente ni son tan claramente ventajosos para los intereses públicos como deberían serlo.
Las tensiones regionales son más agudas en Cataluña, donde el separatismo es fuerte, pero el gobierno central de Madrid enfrenta resistencia a sus reformas fiscales y económicas en otras regiones, como el País Vasco y las islas Canarias. Las revelaciones del fondo paralelo están debilitando la legitimidad de Rajoy precisamente cuando más la necesita. Sin la confianza y el apoyo del público, las reformas que necesita para fortalecer la economía de España y para estabilizar la Eurozona se van a paralizar.
Tal como están las cosas, es Bárcenas quien, a través de filtraciones a cuentagotas con respecto al fondo paralelo, dicta los términos en los que el sistema legal español y los ciudadanos conocen los detalles del escándalo. Sin embargo, Bárcenas también es una persona que no es notoria por ser sincera y está bajo investigación por evasión tributaria, soborno, fraude y otros crímenes.
La secuencia de revelaciones, seguidas de negaciones, y luego más revelaciones, mina la estabilidad política que Rajoy dice encarnar. Es imperativo que el primer ministro se presente ante el parlamento y diga la verdad sobre lo que sabe. Sin la confianza del público, las reformas que son necesarias para fortalecer la economía de España se verán paralizadas.