Embargan sueldo a Mineducación

El contrato suscrito entre el ente distrital y la unión temporal London Sinergy se firmó el 21 de julio de 2000, cuando Vélez ocupaba el cargo de secretaria de Educación de Bogotá. Según el informe de la Contraloría inicialmente se pactó un plazo de 14 meses para la ejecución de los trabajos. Luego este término se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2004, generando nuevas adiciones al contrato principal y “presumiendo falta de planeación de la Administración para el desarrollo del proyecto”.

El contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, explicó que “este es un caso de un software al que se comprometió un contratista con su diseño, implementación y puesta en marcha, pero no cumplió con los objetivos para soportar el sistema de información de la Secretaría, entonces procedimos a imputar responsabilidad a los funcionarios”.

Además del incumplimiento del contrato, este ente argumenta que la Secretaría no adoptó, en su debida oportunidad, “medidas de control e intervención necesarias para garantizar la ejecución del mismo, realizando pagos por valor de $3.380 millones, sin recibir a satisfacción el proyecto”.

También es hecho de investigación la no aplicación de la cláusula penal por el incumplimiento parcial del contrato. Según la Contraloría, hubo “falta de control y seguimiento”. El abogado William Cruz, defensor de Cecilia Vélez, asegura que “todavía el contrato no se ha liquidado, está en curso, entonces no se puede  cuantificar un detrimento fiscal”. Además de la Ministra y Abel Rodríguez, quien fue consultado por este diario y prefirió no pronunciarse al respecto, otros 10 funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría están siendo investigados.

Los implicados tendrán un plazo de tres meses para ejercer su derecho a la defensa. “La medida de embargarles los salarios y los bienes se mantendrá durante ese período. Si se comprueba que hubo responsabilidad, esos bienes y dinero contribuirán al resarcimiento del daño”, explicó Moralesrussi.

En el caso de Abel Rodríguez quien está siendo investigado por ampliar la entrega del contrato a su llegada al Distrito, la decisión de la Contraloría se suma al proceso que le adelanta este mismo ente por celebración indebida de contratos, peculado y falsedad en documento, en la adquisición del lote El Clavel, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, con el fin de reubicar el colegio Mochuelo Bajo. La Contraloría estima que hubo un sobreavalúo por más de $1.280 millones. El sueldo del Secretario ya se encontraba embargado por esta investigación.