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El descontento, el inconformismo y la desconfianza parecen ser un denominador común entre médicos y pacientes del sistema de salud colombiano, para quienes no bastan las explicaciones de Diego Palacio, ministro de la Protección Social, sobre cómo los decretos de Emergencia Social, que reforman la salud, no afectarán sus derechos ni la promesa del presidente Álvaro Uribe de preservar la autonomía médica.
Y es esa misma desconfianza la que llevó a Dennis Silva, presidente de la Asociación Colombia Saludable, a anunciar que llevará los decretos expedidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “La Emergencia Social no le da potestad al Estado para atentar contra los derechos fundamentales y atenta contra el derecho a la salud y el aseguramiento”, le dijo a Caracol Radio, y agregó que también presentaría una queja ante la Organización Internacional del Trabajo.
Por si no bastara, ayer, durante la reunión que mantuvo Palacio con los llamados pacientes de alto costo (aquellos que por la gravedad de sus enfermedades acuden a medicamentos fuera del Plan Obligatorio de Salud, POS), la Defensoría del Pueblo volvió a mostrar su preocupación por la suerte de todas las personas que no cuentan con los recursos suficientes para costear los tratamientos que requieren y que, en teoría, el Estado garantizaría con recursos que tienen una destinación específica.
“Hemos pedido que se reexaminen esos decretos, que se reconsideren a efectos de encontrar los mecanismos que permitan garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud”, reveló Vólmar Pérez, defensor del Pueblo.
Por otra parte, en un intento por brindar más garantías a todos los actores del sistema, el presidente Uribe anunció que su gabinete sostendrá reuniones puntuales todos los días, desde las cinco de la tarde, con los voceros de la salud para llegar a un consenso en la redacción de los decretos que reglamentarán las reformas.
La invitación es recibida con optimismo y entusiasmo, pero sobre todo con reserva, por parte de los gremios médicos. “Confiamos en la palabra y el compromiso del Presidente, y esperamos que más temprano que tarde podamos llegar a puntos de encuentro”, comentó Rodrigo Córdoba, presidente electo de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, en diálogo con El Espectador.
Para el representante gremial, las sanciones económicas a los profesionales de la salud y la definición de “daño al sistema” por recetar medicamentos o tratamientos no contemplados en el POS, son los puntos principales que han impedido que tanto médicos como Gobierno lleguen a un acuerdo.
Por lo pronto, el Gobierno se reunirá el viernes para revisar el borrador de decreto que reglamentará el Régimen Subsidiado de Salud.