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Nunca se había visto en una concertación de salario mínimo que los empresarios decidieran no llevar una propuesta de cifra a la mesa. Por lo general, las centrales obreras destapan sus cartas, luego los empleadores, y de ahí en adelante la discusión se centra en un tire y afloje para llegar a un punto medio. Pero este año no fue así.
El complejo panorama macroeconómico del país, impulsado por la creciente inflación, llevó a que el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, informara que la ruta que eligieron para 2023 es la de estudiar muy bien las cifras y concertar el incremento con las centrales obreras. Es decir, este año quienes antes trabajaban desde puntos distintos de la mesa se unen para llegar a la cifra que resulte más conveniente para el país.
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Y es que decidir el incremento que tendrá el salario mínimo no es tarea fácil, pues casi que es una jugada milimétrica en la que se deben tener en cuenta diversas variables. Si se sube mucho se pone en riesgo la capacidad de contratación de las empresas, lo que afectaría la lucha contra el desempleo, así como su producción; pero si se sube poco la economía podría estancarse aún más, pues se desestimula el gasto al no haber poder adquisitivo en los trabajadores.
Para las centrales obreras (CUT, CGT y CTC) lo apropiado es que el salario mínimo tenga un incremento del 20 % (es decir, $200.000). Esto lo argumentan al decir que, en noviembre, la inflación para los sectores más vulnerables del país fue cercana al 14 %, a lo que se le suma el 1,24 % de la productividad total de los factores (el valor agregado que aportaron este año los trabajadores a la economía) y cerca de un 5 % adicional, que es el incremento real con el que se busca recuperar el poder adquisitivo que se perdió en 2022 por cuenta de la carestía de los principales productos y servicios que conforman la canasta básica familiar.
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De llegarse a dar este incremento del 20 %, Colombia registraría una nueva cifra récord en el alza del mínimo, pues la más alta registrada fue la del año pasado, con un 10,07 % (si se tiene en cuenta que la inflación en 2021 fue del 5,6 %, podría decirse que el incremento real fue del 4,47 %).
Un aumento del 20 % este año, con una inflación que podría cerrar 2022 por el orden del 12 %, implicaría un aumento real del 8 %, nuevamente el más alto (por lo menos en lo que va de este siglo).
Aunque los empresarios decidieron no presentar una cifra, puede que lo hagan en los próximos días, aunque el tiempo les jugaría en contra si se tiene en cuenta que para el 15 ya debe estar concertado.
El reto de la inflación
Más allá de la cifra, la inflación ha sido el tema central de esta conversación, pues su constante crecimiento pone en riesgo cualquier aumento que se pacte en la mesa. En otras palabras, de nada sirve un aumento significativo si al cabo de unos meses la carestía de los productos y servicios terminará por borrarlo, tal y como pasó este año.
Es por eso que gran parte de la conversación se ha centrado en evaluar las medidas que se pueden aplicar para mitigar la inflación. La que probablemente es la más ambiciosa tiene que ver con desindexar una serie de productos y servicios del salario mínimo, es decir, que con el cambio del año estos no aumenten en la misma medida en que sube el ingreso salarial.
“Son 204 productos y actividades de cada uno de los ministerios que pueden desindexarse del salario mínimo. Ya estas carteras entregaron al Ministerio de Hacienda sus listados, y entre estos tenemos vivienda, agua potable, SOAT y salud, entre otros”, detalló la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
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Para la desindexación se tiene que contar con el aval del Ministerio de Hacienda, cartera que en días anteriores anunció que ya había logrado la desindexación de las multas, sanciones y demás pagos relacionados con el Estado que antes estaban atados al salario mínimo.
Aunque una de las medidas para ponerle freno a la inflación es el alza de tasas que determina el Banco de la República (como mecanismo para reducir el consumo e influir en la disminución de los precios), las centrales obreras y las empresas se suman a la propuesta de que se baje la tasa de usura, pues esta ya casi es de tres veces la inflación, lo que genera una presión en los bolsillos de los hogares colombianos.
También están las apuestas que desde el Gobierno Nacional se puedan adelantar, como los subsidios a los insumos de los productores colombianos, quienes por la ola invernal, así como el panorama inflacionario que se vive en todo el mundo, ven peligrar sus cosechas, lo que redunda en un aumento en el precio de los alimentos.
Finalmente está la revisión de la fórmula que determina el precio de la energía en el país, pues las centrales obreras aseguran que en esta se tienen en cuenta las pérdidas de las compañías generadoras, lo que implica que esos costos se trasladen al usuario final.
Con todos estos ajustes se espera que el incremento que se le dé al salario mínimo en 2023 pueda preservarse, y con esto se dinamice la economía, pues muchos hogares han recortado sus gastos para estirar el billete.
La mesa tiene hasta el 15 de diciembre para concertar el incremento salarial. Si no lo logran para entonces, será el presidente Gustavo Petro quien determine el alza en 2023. Conviene que esto se logre en la mesa, pues el acuerdo no solo estaría conformado por una cifra, sino por toda esta serie de medidas con las que se busca ponerle freno a la inflación.
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