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El Ministerio de Transporte emitió una resolución con la cual queda prohibida la comercialización de cascos para motocicletas que no cuenten con certificaciones de seguridad internacionales a partir de marzo de 2020. Si bien las empresas tienen un año para hacer la transición, la mayoría de ellas ya renovó su portafolio.
El cumplimiento del nuevo reglamento técnico es obligatorio y se exigirá a fabricantes, importadores y comercializadores de cascos para motocicletas, cuatrimotos, mototriciclos y similares, con el objetivo de poner en el mercado artículos más seguros “que ayuden a salvaguardar la protección de la vida de los tripulantes de estos vehículos”.
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El Ministerio de Transporte recordó que el Gobierno llevaba dos años discutiendo el tema con los empresarios del sector antes de llegar al resultado actual. De hecho, la primera norma se hizo en 2003, pero no pudo aplicarse por su falta de precisión en lo referente a mecanismos de control, vigilancia y cumplimiento, aunque ayudó a preparar a las empresas para basarse en las normas europeas (ECE 2205) y estadounidenses (DOT).
Así que podemos decir que el país estaba en deuda con esta regulación técnica de cascos para conductores y acompañantes desde el 2002, cuando se expidió el Código de Tránsito, pues éste establecía la obligatoriedad de cumplir unos parámetros definidos.
La intención de la medida es que los responsables de la producción o comercialización de los cascos sean los encargados del cumplimiento de las condiciones técnicas, de manera que bajo ninguna circunstancia se sancione a los motociclistas por el uso de elementos inadecuados.
La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, destacó que con la norma esperan proteger la vida de los usuarios mediante el uso de un buen casco sin necesidad de atribuirles la responsabilidad. “El foco de control no serán los motociclistas. Vamos a exigirles a los vendedores de cascos que vendan productos que cumplan con los estándares mínimos de seguridad”, explicó la funcionaria.
La norma técnica del Icontec, que existe desde 2017, especifica unos requisitos mínimos de etiquetado y procedimientos para ensayos relacionados con visión periférica, ensayo de rigidez, ángulo de apertura del visor, extensión de la coraza, ensayo de absorción de impactos y transmitancia luminosa, entre otros.
En este control tomarán parte la Superintendencia de Industria y Comercio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y las alcaldías municipales.
De cascos y motocicletas
Se estima que en el país circulan unos ocho millones de motos y que cada año se venden 600.000 nuevas. También se calcula que hay 18 millones de cascos aproximadamente, incluidos los de motos, deportes extremos, bicicletas y seguridad industrial. La directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, Juliana Rico, aseguró que entre 30 y 40 % de estos son producidos localmente y los demás se importan. En esta cadena se estima que participan más de 20 firmas.
Consuelo Ramos, gerente de negocios corporativos de Cascos LAR, primera fábrica de cascos en Colombia desde la década de los 60 y también la primera en instalar su propio laboratorio de ensayos para prueba de cascos en 1999, aseguró que los grandes fabricantes del país se basan en normas más exigentes que las que toma como referencia la nueva regulación, por ejemplo, la británica.
También, en materia de importación, la mayoría se guía por las normas internacionales. “Casi todos los almacenes importan directamente su mercancía, dado que es muy fácil y más económico traer estos productos del exterior. Hay unas 38 marcas diferentes y todas se rigen por la norma”, dijo Ramos.
Nicolás Jiménez, director de investigación y desarrollo de Inducascos, grupo empresarial multilatino y líder en Colombia, aseguró que la norma no es en sí una novedad y que los cascos de este tipo llegaron al mercado nacional hace más de 10 años. “Estoy muy seguro de que, al menos en las principales ciudades del país, el 95 % de los productos ya cumplen esos estándares y puede que allí 75 % de los usuarios tengan un casco con estas características”, indicó.
El Espectador consultó asimismo a Auteco, primera ensambladora de motos del país y hoy también distribuidora de repuestos y accesorios, la cual resaltó que sus cascos cumplen con las normas aplicables y las equivalencias internacionales y lo seguirán haciendo una vez entre en vigor la resolución.
Según la Superintendencia de Industria y Comercio, entre 2018 y lo corrido de 2019, 34 empresas han presentado registros de importación ante la ventanilla única de comercio exterior (VUCE) por un total de 607.180 unidades.
Uno de los retos para las empresas es salir del stock que no se adapte a las nuevas exigencias antes de marzo del próximo año y renovarlo para suplir la demanda. Según Ramos, es posible que las ventas se incrementen cuando entre en vigencia la norma, especialmente en las ciudades intermedias, “donde la gente compra cualquier casco solo para evitar el comparendo”.
¿Cuál es la diferencia? Un casco sin certificación no brinda la suficiente protección, el material no es de buena calidad y se rompe fácilmente. Aunque en apariencia puede ser bastante similar a uno certificado, su precio explica la diferencia. El primero se puede conseguir por alrededor de $40.000 y el segundo a partir de $180.000.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), basada en el manual de la Organización Panamericana de la Salud, la Fundación de la FIA para el Automóvil y el Banco Mundial, explicó que “la función del casco es reducir el riesgo de traumatismos craneoencefálicos graves al mitigar el impacto de una fuerza o colisión en la cabeza”.
En 2014, el Fondo de Prevención Vial (liquidado ese mismo año) y el Centro de Experimentación y Seguridad Vial de Colombia (Cesvi) midieron el desempeño de 216 cascos de 28 marcas nacionales e importadas en siete pruebas y encontraron que ninguna referencia superó el protocolo, por lo que invitaron a “revisar si los requisitos mínimos exigidos realmente están bien diseñados para establecer un mínimo de seguridad”.
Estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que cada año se pierden aproximadamente 1,35 millones de vidas en el mundo por accidentes de tránsito y que unos 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales en la cabeza por la misma razón, algunos de los cuales provocan discapacidades permanentes.
Con las motocicletas el riesgo es mayor, por tratarse de usuarios vulnerables de las vías. En la región de las Américas, dos de cada diez muertes involucran a los ocupantes de estos vehículos, según la Organización Panamericana de la Salud, y ese porcentaje se incrementa cada año.
En Colombia, según la ANSV, la moto es el vehículo que más accidentalidad genera, pues el 70 % de los siniestros viales tienen comprometida una moto como actor principal o secundario. El año pasado murieron 3.200 personas y 16.000 quedaron lesionadas permanentemente, el 60 % de las cuales tienen entre 20 y 30 años.
Los ensayos han demostrado que utilizar cascos certificados de forma adecuada disminuye el riesgo y la gravedad del traumatismo craneoencefálico en 72 % y la probabilidad de defunción en 39 %. Sin embargo, solo 44 países (17 % de la población mundial) tienen leyes sobre el uso del casco que se ajustan a las prácticas óptimas. “El año pasado pudimos haber salvado 980 vidas si la gente hubiera llevado el casco adecuado”, dijo el viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos.
Este gobierno dijo estar comprometido con los motociclistas como actores de la vía que necesitan mayor visibilidad y cuyos índices de mortalidad aún son un reto. Ostos anunció que ahora están preparando una regulación del conjunto óptico con las marcas, “para que todas las motos en adelante entren con elementos de seguridad como las luces y los frenos ABS”.
¿Cómo identificar el casco que debo comprar?
En primer lugar, dado que los grandes importadores y fabricantes tomaron como referencia las normas europeas y estadounidenses hace décadas, hay una importante cantidad de cascos que ya cumple con la reglamentación, así que le recomendamos verificar el suyo antes de hacer alguna inversión. Sin embargo, según la ANSV solo el 2,8 % de los motociclistas cumple con los estándares de seguridad.
Conscientes de que los consumidores no son expertos en certificaciones internacionales ni tienen la habilidad para reconocer un buen casco solo con verlo, el reglamento ordena que todo casco cuente con una etiqueta legible, visible y de fácil acceso que especifique sin excepción fabricante, importador, país de origen, lote, talla y norma técnica que cumple.
Es necesario que el artefacto cuente con un armazón resistente, relleno acolchado y elástico y una capa de espuma blanda y tela. Además, el usuario debe usar la talla correcta de casco y llevarlo siempre abrochado.
Jimenez destacó que los motociclistas no deben preocuparse por la reglamentación porque “no se van a subir los precios y en muchos casos ni siquiera tendrán que comprar un casco diferente”.
“Lo que busca el gobierno, haciendo el control desde la base, es que cualquier producto fabricado acá o que ingrese al país cumpla con esas características mínimas de seguridad sin importar donde se compre y que no quede en manos del consumidor saber si es el adecuado o no solo con verlo porque tampoco es su responsabilidad, como ocurre con los medicamentos”, concluyó.