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El Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto que busca que varios sectores industriales paguen un 20 % más por la energía que consumen. El objetivo es que esa contribución adicional financie parte de los subsidios que reciben los estratos 1, 2 y 3. Aunque la medida ayudaría a aliviar la compleja situación fiscal por la que atraviesa el país, preocupan los efectos que tendría el aumento en los costos para las empresas.
Las razones detrás de la medida
Cada mes, los usuarios de estratos 1, 2 y 3 reciben un subsidio en sus facturas de energía sobre el consumo de subsistencia (la cantidad mínima que se requiere para cubrir las necesidades de un hogar). Para el estrato 1 es de hasta 60 %; estrato 2, hasta 50 % y estrato 3, de 15 %.
Para financiar ese apoyo, los usuarios de estratos 5 y 6 y comerciales hacen una contribución del 20 %, y el faltante se cubre con el Presupuesto General de la Nación. Las cifras muestran que la brecha cada vez es más grande y, por ende, se necesitan más recursos públicos para mantener los subsidios. Según un documento de Minhacienda, el déficit total del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso (la diferencia entre las contribuciones y los subsidios) se ubicó en $ 3,9 billones en 2023, en $ 4,4 billones en 2024 y llegará a $ 5,1 billones en 2025.
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Hay otras dos piezas claves para entender el rompecabezas. La primera, que en varias ocasiones las comercializadoras de energía han advertido que están en una situación crítica porque el gobierno de Gustavo Petro se demora en pagar los subsidios. Las empresas son intermediarias: cubren el beneficio para los hogares de estratos 1, 2 y 3 hasta que el Estado les pague. Con las demoras que se han registrado en esta administración, las compañías han advertido que se ve afectado su flujo de caja. El Gobierno ha establecido varios acuerdos para ponerse al día. Con corte a agosto, la deuda con las empresas agremiadas en la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), se ubicó en $ 2,2 billones.
La segunda es que en este momento las cuentas del propio Gobierno tampoco cuadran y la situación podría empeorar. Para la muestra, un botón: para el presupuesto de 2026, por $ 556,9 billones, el Minhacienda busca una reforma tributaria por $ 26,3 billones. El camino de esa iniciativa, que llegaría al Congreso en los próximos días, es cuesta arriba. Si los ingresos no se materializan, el presupuesto quedaría desfinanciado por segundo año consecutivo.
Los expertos han recomendado un recorte del gasto, pero el Ministerio de Hacienda defiende que el 92 % del presupuesto es inflexible y que recortar el porcentaje restante, destinado a inversión, afectaría gravemente el desempeño de la economía. Es en este panorama que la administración Petro está buscando opciones que le permitan ahorrar en algunos rubros sin afectar la inversión social y el avance de los programas de Gobierno.
Lo que implica la sobretasa del 20 %
Inicialmente, todo el sector industrial tenía que pagar una contribución de 20 % sobre la energía eléctrica que consume (conocida como sobretasa), así como lo hacen los usuarios comerciales y los estratos 5 y 6. Sin embargo, la ley 1430 de 2010 eliminó ese aporte en pro de la competitividad y estableció que el Gobierno definiría quiénes son los usuarios industriales beneficiarios de la exención. Por medio de un decreto, en 2013, se definieron las actividades económicas, que incluyeron a la industria manufacturera, explotación de minas y canteras, sector agropecuario, construcción, información y comunicaciones y suministro de electricidad, gas y agua.
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Ahora, el proyecto de decreto del gobierno Petro dice que solo quedaría exenta la industria manufacturera. Entre otras cosas, el análisis de Minhacienda muestra que esta es la actividad que más se vería afectada por la sobretasa e incluso que el cambio se traduciría en un aumento en el precio de los bienes que produce. También señala que ha perdido participación en el PIB (pasando de 22,8 % en 1975 a 11,1 % en 2024), que es el sector más sensible a cambios desde la perspectiva financiera y que, en el análisis de beneficios tributarios, las empresas de manufactura tienen una de las menores participaciones en exentos y descontados.
Así las cosas, el proyecto de decreto del Gobierno pretende que todos los sectores, menos industria manufacturera, vuelvan a pagar la sobretasa de 20 %. Con esta medida, una empresa que pagaba $10 millones por la energía, ahora pagará $12 millones. Con los aportes del sector agropecuario, construcción, explotación de minas y canteras, electricidad, gas y agua e información y comunicaciones, Minhacienda estima que se necesitarían $1,2 billones menos para atender los subsidios. Ese ahorro puede aliviar, aunque sea un poco, las finanzas públicas. La pregunta es a qué costo.
Aunque las simulaciones de Minhacienda indican que eliminar la exención “no tendría implicaciones económicas significativas, en términos de incremento de sus costos”, los expertos y gremios advierten que sí habría efectos para las finanzas de las empresas. José Plata Puyana, profesor de la Universidad Javeriana y experto en el sector, dice que puede haber dos grandes consecuencias: que los industriales suban los precios para transferir parte del aumento en los costos a los consumidores y que los productos colombianos sean menos competitivos.
“Sus impactos negativos serán significativamente mayores a los positivos. Aunque esta medida representaría una reducción en el gasto fiscal para la nación, sería a expensas de un mayor costo de operación para los sectores productivos. Afectaría directamente la competitividad y el crecimiento económico del país, la inversión, los aportes fiscales, el empleo y, además, generaría presiones inflacionarias no previstas”, advierte Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).
Pearl agrega que en algunas industrias el incremento se trasladaría al precio final que pagan los consumidores, pero en otras, como la de hidrocarburos, en las que el precio de venta está determinado por el mercado internacional, lo asumirían las empresas.
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Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, explica que, por ejemplo, en una operación de pequeña escala en el interior del país, con tecnificación media y con inversiones en mejoras en eficiencia energética, para producir una tonelada de carbón se gastan $18.000 en energía en promedio al mes. “Con la nueva medida, el total de productores del interior podrían estar asumiendo cerca de $21.000 millones por el pago de la sobretasa a la energía eléctrica, lo que implica que la tonelada para este tipo de productor tendría un sobrecosto aproximado de un dólar. Estos valores se multiplican aún más cuando hablamos de mediana y gran minería”, dijo.
El presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, advirtió que la decisión tendrá impacto en los costos de construcción de vivienda y que se suma a “muchas otras decisiones del Gobierno” que han generado presiones. El desempeño de explotación de minas y canteras y de construcción preocupan: el PIB de ambos sectores cayó en el segundo trimestre del año, 10,2 % y 3,5 %, respectivamente.
Focalizar los subsidios
Varios expertos del sector, como Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), han advertido que el Gobierno debería tomar medidas para focalizar mejor los subsidios que llegan a los estratos 1, 2 y 3. Como señala Plata, los recursos se estarían entregando a personas que no los necesitan porque el estrato no necesariamente refleja la capacidad adquisitiva de los hogares. Para el profesor de la Javeriana, entre otras medidas, es clave que se actualice el catastro, para que ese insumo permita actualizar los estratos.
La focalización de los subsidios no es un debate nuevo. La ley de tarifas, que el Ministerio de Minas y Energías prometió radicar en el Congreso (todavía no está claro cuándo) buscará modificar la asignación de estas ayudas. Según el borrador, usuarios de estratos 1, 2 y 3 podrían perder el beneficio dependiendo de cuánto consuman.
Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) y excomisionada de la CREG, asegura que el aumento en los subsidios se deriva directamente del aumento en las tarifas de energía. “No debe corregirse con un mayor impuesto, sino con una regulación adecuada y oportuna que beneficie a todos los usuarios. En los últimos tres años las tarifas de energía eléctrica han subido más del 45 %, sin que se ejerza la regulación para ajustarlas y tener facturas razonables”, dijo.
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La directora de Asoenergía argumenta que el aumento en la contribución para los industriales es una manifestación de la “incapacidad regulatoria de determinar tarifas justas” y considera “irresponsable” que se adopte una “decisión facilista” que al final del día afecta la competitividad del país, el empleo y el crecimiento económico.
Otra fuente del sector, que pidió no ser citada en este artículo, reconoció que, aunque tal como están las cosas los subsidios no son sostenibles, el proyecto de decreto del gobierno debería justificar técnicamente por qué se retira la exención para sectores como el agropecuario, la construcción y la explotación de minas y canteras.
El Ministerio de Minas y Energía defendió que el gobierno viene estudiando la medida desde enero de este año, que se han realizado mesas de trabajo en las que participaron distintas entidades y que el objetivo es apoyar los subsidios a los estratos 1, 2 y 3.
Aunque está claro que se necesitan soluciones en este momento de estrechez fiscal, queda la duda de si aumentar los costos de las empresas, especialmente en sectores que están en números rojos, es el mejor camino.
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