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La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó para comentarios una resolución con la que busca promover la competencia en el mercado de servicios móviles. Con las medidas, por ejemplo, se agilizaría la portabilidad numérica (cambiarse de operador con el mismo número).
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Algunas de las disposiciones están dirigidas, específicamente, a Claro, el operador dominante, el que tiene la mayor participación en ingresos, tráfico y accesos en todos los servicios fijos y móviles.
Las medidas no le han caído bien al operador, que considera que la Comisión busca “amarrarlo de manos”. Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia (empresa propietaria de Claro), dijo a este diario que la empresa le ha solicitado a la CRC que se amplíe la fecha límite para presentar comentarios al proyecto regulatorio, incluso después de la subasta para 5G (20 de diciembre) con el fin de que toda la industria pueda analizar las implicaciones de la resolución.
“Parece que el objetivo es afectar la posibilidad de Claro de competir libremente. La resolución no solo afectará a los operadores de telecomunicaciones, afectará a todos los proveedores de tecnología en redes, a los proveedores de terminales, a los proveedores de servicios en la nube”, afirma Archila. El presidente define el proceso como precipitado y advierte que se podrían tomar “decisiones improvisadas”, teniendo en cuenta, que vienen cambios en el mercado (como la subasta de 5G, la alianza entre Movistar y Tigo y la posible llegada de un nuevo competidor) y que se avecina la salida de dos comisionados.
En entrevista con El Espectador, Nicolás Silva, director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), responde a las críticas y habla sobre las medidas que se van a implementar y cómo podrían afectar a los usuarios.
¿Qué porcentaje hay en manos de cada operador y cómo ha ido evolucionando esa participación?
Hay que acotar que, de acuerdo con la prestación de los servicios, hay distintas aproximaciones que podemos tener respecto a los servicios móviles. Lo primero es que, en términos generales, Claro es el operador que tiene la mayor participación en tres variables que nosotros analizamos, que son: ingresos, tráfico y número de conexiones o accesos.
En ese orden de ideas, en esas tres variables mantiene unas participaciones que, en ingresos, está del orden de 60 % aproximadamente. En conexiones estamos hablando del orden de 52 %. En tráfico, la participación, en principio no pareciera ser tan grande, ya que es del 40 %.
En términos generales, si hablamos de internet móvil, uno ve que Claro tiene 60 % de los ingresos, 40 % del tráfico y 50 % de las conexiones. Es una participación significativa, si la comparamos con los demás operadores.
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En los análisis que hemos hechos la contratación de los servicios, por parte de los usuarios, ya no se da prioritariamente en los servicios de voz y datos como algo separado. Y por eso creamos lo que se llama un mercado relevante, el de servicios móviles. Este incluye tanto los servicios de voz, como los de datos. Allí lo que vemos es que el comportamiento es muy similar, pues Claro tiene 52 % en cuanto a conexiones, en ingresos es 60 % y en tráfico es de 40 %.
¿Cómo ha evolucionado esa participación, lleva mucho tiempo con ese porcentaje?
Así es: lo que nosotros hemos visto es que en los últimos años la participación siempre ha sido mayoritaria por parte de quien hemos denominado como un operador dominante. ¿Por qué? Porque lo que observamos es que esto no es un comportamiento para 2022 o 2023, sino que se ha dado desde tiempo atrás. Es un comportamiento recurrente.
¿Qué efectos tiene esa dominancia de cara a los usuarios y la competencia?
Lo que hemos visto es que, más allá de los efectos que se pueden ver derivados de la competencia (una disminución en las tarifas), también hay efectos que tienen que verse desde la perspectiva de un regulador, como lo son la disponibilidad de oferta a los usuarios y, por otro lado, la calidad del servicio.
Como regulador no nos podemos quedar viendo únicamente que las tarifas han bajado o hay más operadores, sino cómo se está dando la competencia y qué tan real es. Allí es donde hemos hecho análisis que nos llevan a concluir que, el efecto de que Claro tenga una participación más grande, que tenga economías de escala mayores, lleva a que tenga la posibilidad de mantener esa posición y, por supuesto, eso se ve reflejado en los ingresos que tienen los operadores.
Uno mira los resultados de los últimos años y observa que los márgenes de utilidades, o mediciones como el EBITDA, se ve que en un operador de la escala de Claro son significativamente altos: estamos hablando de 30 % o más. Mientras los otros operadores escasamente llegan a un punto de equilibrio, o incluso han mostrado pérdidas, y esto presenta un riesgo de poder persistir y operar. Y allí es donde hemos identificado que existe una falla de mercado y vemos necesario poder tomar medidas.
¿De cara a los usuarios no hay ninguna alarma, sino de cara a la competencia?
No podemos aislar una cosa de la otra. Vemos que puede haber unos efectos positivos que se han derivado por cuenta de la competencia en los últimos años. Pero eso no es todo lo que, como regulador, debemos observar. En términos generales, si bien hay algunos actores que están en el mercado, los más grandes son los que poseen las redes, y eso ha llevado a que las tarifas hayan disminuido como efecto de la competencia, hay que reconocerlo. Pero lo que observamos es que existen unas falencias muy grandes, en materia de cobertura y calidad. Aún hay mucho por hacer y mucho por mejorar. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo.
¿De qué consta la intervención para impedir que se siga concentrando el mercado?
Hemos adoptando una serie de medidas, pues no hay una solución única. Por ejemplo, hemos simplificado la portabilidad numérica móvil para los usuarios, que es la posibilidad de que un usuario se cambie de un operador a otro: antes se tomaba tres días, hoy se hace en uno. También, los requisitos para esta portabilidad son más sencillos y eso permite que el usuario tenga acceso a mejores planes de forma más sencilla. De otro lado, que el roaming automático nacional (un operador que no tiene cobertura en una zona pueda usar la red de otro) esté mucho más focalizado, se preste sólo en sitios en donde se requiera y con tarifas reguladas.
En materia de calidad de los servicios, cambiamos los indicadores y la metodología de medición y ahora ya no solamente vamos a medir en unas zonas específicas, como lo veníamos haciendo, sino que podemos tener resultados de todo el país; contamos con datos de 700 municipios, actualmente. También hemos adoptado medidas en el mercado de servicios móviles, comenzando por la declaración de dominancia de Claro, que se hizo en 2021 y es lo que estamos revisando por estos días.
¿Qué medidas se han interpuesto contra Claro?
Por ley no tenemos facultades sancionatorias. Nuestra labor es promover la competencia a través de medidas que pueden llegar a ser diferenciales, dependiendo de, si hay o no, fallas del mercado. Una vez ratificada la dominancia de Claro en los servicios móviles, estamos viendo qué tipo de medidas son las que se pueden aplicar.
Recientemente, publicamos una propuesta regulatoria, en la que proponemos distintas medidas que van orientadas a continuar promoviendo la competencia en los servicios móviles. Por ejemplo, queremos seguir agilizando la portabilidad numérica, que se pueda hacer no sólo en días hábiles, sino en domingos y festivos. Que haya más transparencia en la información sobre los planes tarifarios y las promociones de los programas de fidelización. Cuando un usuario se porte a otro, no se le pueda contactar durante un periodo de tiempo. Y una de las más relevantes es una obligación de reporte del operador dominante sobre su infraestructura pasiva de torres, de manera tal que se dé la posibilidad que la infraestructura que tiene pueda ser aprovechada de mejor manera por los otros operadores.
¿Cuánto tiempo falta para que sea oficial la resolución?
Disponemos de una política de mejora regulatoria. Esto lleva a que las decisiones que tenemos que adoptar no las tomamos sólo nosotros, sino que tienen que ser sometidas a un amplio proceso de discusión. Desde hace unos meses publicamos nuestra primera etapa, que es un documento llamado formulación del problema. En este encontramos cuáles son las problemáticas, las causas y consecuencias y planteamos unas posibles soluciones. Es un proceso que lleva meses. Cuando recibimos comentarios a esa propuesta hicimos nuestra revisión y allí fue cuando publicamos nuestra propuesta de medidas, de las que acabamos de hablar en términos generales.
¿Qué viene ahora? Recibimos comentarios y miramos si hay algún tipo de ajuste que sea posible incorporar. Y debemos surtir otro trámite, el de abogacía de competencia, que es llevar este tema a la Superintendencia de Industria y Comercio para determinar si esto puede llegar a tener afectaciones. Cuando hagamos estos procesos ya tenemos elementos para llevar la resolución final a nuestra junta, que se llama la Sesión de Comisión de Comunicaciones, y en ese momento ya tomamos la decisión final. Como está previsto, estimamos que estaríamos tomando esa decisión en el primer trimestre del próximo año.
¿Cómo beneficiaría esta resolución a los usuarios?
Se busca que tengan mayor facilidad para acceder a planes y servicios y, así, se fortalezca la competencia en pro de tener mejor calidad de los servicios y que el usuario pueda escoger la mejor alternativa de cara a la zona en donde esté ubicado o por donde se desplace. Que para el usuario el criterio sea no sólo si hay señal o no, sino qué tan buena es, y que eso sea un atributo que se pueda tener en consideración.
¿Qué implicaciones puede tener para los operadores?
Va a depender, en términos generales, de la posición que tenga cada uno, de la cobertura. Particularmente, como se puede observar en la propuesta, las implicaciones van a ser más directas para el operador dominante. La evaluación es algo que tiene que hacer cada uno de los operadores.
Claro dijo que la entidad podría estar tomando medidas apresuradas. ¿Qué responde a esto?
Reitero, hemos hecho un proceso que se basa en la política de mejora regulatoria. Y uno de los pilares es la amplia discusión con el sector, que ya comenzó hace unos meses con la publicación de planteamiento del problema. Con la propuesta que publicamos el 3 de noviembre dimos un plazo de tres semanas para que todos los interesados puedan hacer sus comentarios. Además, vamos a tener un foro abierto para escuchar a todos los interesados. De ninguna forma vemos que esta es una decisión apresurada, que se basa en monitoreos que se realizan desde hace años.
Claro argumenta que, como la Comisión está incompleta (falta el delegado del presidente) y se avecina la salida de dos comisionados más, la CRC “tendrá que correr” con la resolución. ¿Esas condiciones pueden afectar el proceso?
El diseño institucional de la Comisión hace que podamos tomar las decisiones del caso, sin que haya sido designado el comisionado por parte de Presidencia. El plan es poder tomar esa decisión en el primer trimestre del próximo año. Ahora bien, el proceso es independiente de quiénes serán los comisionados, porque esta es una decisión institucional.
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