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El gobierno del presidente Petro acelera el proceso para que la transición energética no se detenga y avance con paso más firme. Los primeros resultados que se esperan es crear el escenario adecuado para incorporar 6 GW (gigavatios) de energía renovable entre 2023 y 2026, y en la cual Colombia espera que entren en operación de 800 a 1.000 MW (megavatios) de nueva generación limpia a finales de 2023 e inicios de 2024.
El primer paso dado tiene que ver con la modernización de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). Dentro de la estructuración de esa unidad, se creará una nueva Subdirección de Gestión de Información, de cara a la labor estratégica de coordinación de información sectorial, como un insumo para la labor de planeación del sector.
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Se ampliará la planta de personal de acuerdo con los requerimientos de la transición energética en que está empeñado este gobierno.
Según el gobierno, la modernización de la UPME hace parte de los esfuerzos del Gobierno nacional por seguir impulsando la transición energética justa, a través de procesos claves para la democratización del modelo energético nacional, como la asignación de la capacidad de transporte a proyectos de generación, cuyo último ciclo tuvo más de 1.600 solicitudes del orden de los 89.5 GW.
Una de las acciones tiene que ver con el fortalecimiento de la Subdirección de Energía Eléctrica y, en consecuencia, de los procesos de la planeación eléctrica en materia de expansión de la transmisión y la atención al proceso de asignación de capacidad de transporte, así como el desarrollo de las convocatorias públicas del Sistema de Transmisión Nacional.
Precisamente, la hoja de ruta de la transición energética justa destaca cómo el sector eléctrico colombiano, especialmente el perteneciente al SIN, ha gozado de seguridad y sostenibilidad durante los últimos 30 años.
Resalta el estudio que el sistema cuenta con una matriz de bajas emisiones en la que cerca del 67 % de la capacidad instalada es basada en energía hidráulica y con la cual en algunos años se puede producir más del 80 % de la energía eléctrica. Sostiene el estudio que el año pasado, el 83,66 % de la electricidad fue producida a través de fuentes hidráulicas, mientras que el 14,6 % fue a través de las plantas térmicas, según los datos de XM, el administrador del sistema eléctrico colombiano.
Con la nueva concepción de la hoja de ruta, se espera que esta configuración presenta variaciones para los próximos años. Esta percepción está sustentada en la incorporación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) como la solar y eólica costa adentro, se descuenta la poco probable entrada de nuevos proyectos hidroeléctricos con embalse de gran escala y la salida de termoeléctricas que cumplan su vida útil o que dejarán de ser competitivas, sobre todo de las que no están alineadas con las políticas de descarbonización y transición energética.
Lo que se proyecta es que, para el final de esta década, Colombia haya duplicado su capacidad instalada de energía limpia y esto sea logrado, casi en su totalidad, a partir de FNCER.
El escenario de transición energética presentado en Plan Energético Nacional (PEN 2022-2052), se destaca la inclusión de un plan ambicioso de satisfacer la demanda de energía eléctrica principalmente a través del aprovechamiento de FNCER, pero también incorpora otras fuentes firmes como nuclear, grandes hidroeléctricas, y mantiene termoeléctricas a carbón y gas procurando garantizar flexibilidad, inercia y firmeza para el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Señala el estudio que la Transición Energética Justa incorpora las preocupaciones de las comunidades, propone un uso razonable y justo de los territorios con abundancia de FNCER, de manera que concrete una descentralización del despliegue de estas tecnologías en todas las áreas del país con potencial, se prioriza la participación comunitaria para el desarrollo de proyectos en torno a diferentes energéticos y resalta el papel que juega la participación de usuarios generando su propia energía. En esta tarea se concentra actualmente la tarea del ministro de Minas Energía, Andrés Camacho.
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Todo este proceso de transición energética tiene su punto principal con la reestructuración de la UPME. Recuerda el gobierno que este proyecto comenzó en 2020, propósito que fue retomado por la administración Petro, la cual adelantó las gestiones para la inclusión y posterior aprobación del artículo 266 del Plan Nacional de Desarrollo, por medio del cual se garantizaron los recursos para la financiación de la modernización de la UPME.