Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El presidente Petro anunció que en el segundo semestre de este año llevará al Congreso un proyecto de reforma a la ley 142 que regula la prestación y tarifas de los servicios públicos en el país. El mandatario no ofreció más detalles sobre los puntos que contendría esa iniciativa para modificar una ley marco que ha sufrido muchas reglamentaciones en los 29 años de vigencia.
El proyecto contemplaría una reforma a la forma cómo se prestan actualmente los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, alumbrado público y distribución de gas combustible, tal como están definidos en la ley 42 de 1994.
Casi desde que llegó al poder el mandatario ha intentado intervenir en el sector para tratar de bajar las tarifas de algunos servicios a sombrerazos.
Le puede interesar: El PIB de Colombia a ojos del Banco Mundial y la OCDE: ¿razones para el optimismo?
En la ley 142 las funciones del presidente están delegadas en sus representantes que tienen asiento en las comisiones de regulación. Tal es el caso de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Comisión de Regulación Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), en cada una de ellas hay delegados del presidente de turno. Sin embargo, con la ley 1341 de 2009 se separaron los servicios de telecomunicaciones (telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, internet fijo) y se regulan con otro régimen.
Estas dos comisiones son las encargadas de regular la metodología tarifaria y hacerlas cumplir. En las comisiones hace presencia el gobierno con los delegados de los ministerios de Hacienda, Minas y Energía y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Para la inspección, vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios, la ley 142 creó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En 1993 cuando la ley hacía tránsito en el Congreso de la República quedó claro en la exposición de motivos de la iniciativa que, “la ley no se casa con la privatización; ella será conveniente cuando conduzca realmente a mayor eficacia y eficiencia”.
La ley 142 ha sido muy útil para el país. Pero es peligroso mantener los subsidios y fijar unos mínimos vitales. Se deja uno o el otro beneficio, no los dos pues las consecuencias presupuestarias serán desastrosas. “En Colombia existe en la actualidad un esquema de subsidios cruzados al consumo que aplica a los sectores de Agua y Alcantarillado, Telefonía Básica, Gas y Electricidad”, menciona un informe de Fedesarrollo.
En electricidad, el subsidio máximo sobre el consumo de subsistencia es del 60% para el estrato 1, del 50% para el estrato 2 y del 15% para el estrato 3; la contribución máxima sobre el consumo total de los estratos 5 y 6 y de los usuarios no residenciales es del 20%.
Explica el informe de Fedesarrollo que “el subsidio otorgado a los estratos bajos cubre el consumo hasta un umbral de “subsistencia””. Los consumos de subsistencia para electricidad los definió la UPME: hasta 130 kWh/mes para usuarios ubicados a una altura superior a los 1.000 metros sobre el nivel del mar y hasta 173 kWh/mes para usuarios ubicados a una altura inferior a los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Para agua potable de 20 m3/mes y de 200 impulsos/mes para telefonía básica.
Intervención tarifaria
Desde el año pasado, el gobierno ha intentado intervenir en el mercado eléctrico para tratar de bajar el precio de la electricidad en el país. Como es un mercado regulado con un marco tarifario definido, ha sido una tarea con flojos resultados.
La electricidad es uno de los servicios públicos domiciliarios cobijados en la ley marco de servicios públicos que podría ser modificado. Petro anunció este miércoles que en el segundo semestre de este año se propone llevar al Congreso una reforma a los servicios públicos.
Desde enero, las intenciones del presidente Petro quedaron claras: “Este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos por un tiempo. Entonces voy a asumir el control, las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia”.
Para leer: Los océanos serían la séptima economía mundial, a pesar de estar amenazados
Ese primer intento de intervenir las tarifas eléctricas fue frenado por una decisión del Consejo de Estado. La medida cautelar suspendió los efectos de un decreto presidencial mediante el cual el mandatario de los colombianos decidió tomar las funciones que corresponden a las comisiones de regulación. El Consejo de Estado señaló que las funciones de regular las tarifas de servicios públicos corresponde al Legislativo.
El decreto del Ejecutivo para intervenir el esquema tarifario de los servicios públicos tenía una vigencia de 90 días que se presentará en una coyuntura de elecciones regionales previstas para octubre de este año. Lo cierto es que esa intervención buscaba un efecto político en las regiones en el segundo semestre de este año.
“De acuerdo al artículo 370 de la constitución y el 68 de la ley 142 de 1994, retomó las funciones de control y políticas generales de administración de servicios públicos que la presidencia había delegado en las comisiones reguladoras”, escribió en enero de este año en su cuenta de Twitter el mandatario de los colombianos.
Ahora para evitarse más tropiezos en su iniciativa de intervenir el esquema tarifario de los servicios públicos, especialmente el de la electricidad, anuncia que llevará una reforma al Congreso. “Vamos por la reforma a los servicios públicos, para que el eje del servicio no sea el empresario sino el usuario”, dijo Petro.
Conoce más