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El reciente informe sobre reservas de hidrocarburos en el país volvió a agitar las aguas de una industria que en los últimos dos años ha generado una intensa conversación alrededor de los fines y los caminos para lograr la mencionada transición energética sin llevarse por delante la economía y la política social de un país con una lista larga de necesidades y problemas urgentes sin resolver.
De acuerdo con el informe presentado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el balance entre reservas y producción, que determina el horizonte de autosuficiencia, el país pasó de 7,5 años en 2022 a 7,1 años en 2023 para petróleo; al gas le fue peor, pasando de 7,2 años a 6 años en un año.
Hablamos con Frank Pearl, cabeza de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), sobre qué implican estas cifras para la industria y, en general, cómo se encuentra la salud de un sector que sigue siendo el mayor exportador de una economía que, al menos en el papel, busca alejarse de la dependencia de los bienes minero-energéticos.
¿Cuál es su lectura sobre el informe de reservas de la ANH?
Es un campanazo de alerta y creemos que es el momento para repensar la posibilidad de tener nuevos contratos de exploración. En el caso del gas, la caída fue muy importante, de 15 %, lo que nos coloca muy cerca del límite que toma un contrato desde la firma hasta la puesta en producción. Esto quiere decir que, para el gas, las reservas se acabarían en 2029. Es una situación grave e innecesaria porque Colombia tiene gas. Los Estados deben garantizar su seguridad energética. Es una de las lecciones que hemos aprendido todos a partir de la invasión de Rusia a Ucrania.
¿Nuevos contratos implicaría repensar también la decisión del fracking?
Este no es el momento de tener la conversación de fracking, estamos hablando de contratos convencionales.
¿Qué hacer en el escenario del gas?
Como ya lo dije, es un momento crítico. Pero hay soluciones. Unas de corto plazo: hay 18 proyectos que están avanzados y si impulsáramos su puesta en marcha, en un periodo de dos años podríamos tener recursos que representan 25 % de la demanda actual. Sería un alivio importante, aunque no suficiente. Para fortalecer el mercado del gas hay unas medidas que hay que tomar, como revisar el esquema tarifario para que los incentivos promuevan las inversiones que hacen falta para cerrar las brechas de conectividad entre el sistema y las regiones, por ejemplo.
Y lo otro que falta hacer, y estamos trabajando en eso, es facilitar los proyectos costa afuera. Si entran en operación, el país no sólo supera el tema de conectividad y autosuficiencia, sino que podríamos exportar. El gas colombiano tiene unas enormes ventajas: impulsa una cadena de valor, paga impuestos, genera trabajo formal. Cuando uno tiene gas nacional no está sujeto a las variaciones internacionales. No tiene sentido en recurrir de manera importante y sistemática a gas importado.
Si se avanzara en esos 18 proyectos, ¿qué tan rápido podrían entrar en producción?
A los costa afuera les tomaría alrededor de cinco años.
El país registró una caída en la inversión durante 2023, que, aunque más moderada, se vio también en el primer trimestre de este año. ¿Cómo están las inversiones en el sector de hidrocarburos?
Las inversiones se van a mantener porque Ecopetrol está sosteniendo ese capex. Pero sí ha habido una disminución en la actividad de esta industria. Algunos inversionistas son muy susceptibles a las señales de los gobiernos en ciertos sectores y acá ha habido alguna preocupación por algunas de las señales que se han enviado desde el Gobierno.
La otra cara de la moneda es que este es un sector en el que hay empresas que invierten a muy largo plazo y saben que hay ciclos buenos y malos y que todos pasan. Los inversionistas que hemos visto que paran labores o se van del país es por el tema de seguridad. Este es el principal problema del sector actualmente.
El Gobierno asegura que con los contratos firmados, incrementando su eficiencia al máximo, es suficiente…
Venimos trabajando muy bien con el Ministerio y la ANH y estamos de acuerdo con las medidas en los contratos existentes. Pero en este momento el principal obstáculo es la inseguridad y la falta de garantías para las operaciones. Los bloqueos ilegales y la criminalidad impiden inversiones en muchos territorios. Y, en la realidad, estos son recursos que dejan de llegar a las regiones.
Por ejemplo, medidas para lograr mejores eficiencias a través de tecnologías de recobro mejorado, eso es necesario. Pero no es suficiente. Por el contrario, si vamos a subir la producción a 1 millón de barriles y no tenemos exploración nueva, nos vamos a consumir más rápidamente las reservas que hoy nos alcanzan para 7 años en petróleo. En el mundo está probado que el petróleo se va a seguir explorando y produciendo durante décadas. Lo que hay es que hacerlo muy bien, con responsabilidad. Acogerse a las mejores prácticas, impulsar la descarbonización, captura de carbono.
En este escenario, ¿en dónde queda la transición energética?
Esta es una conversación mundial, pero que está distorsionada. Podemos hacer la transición, pero a la colombiana: no podemos adoptar las velocidades ni las rutas de otros países que ya han resuelto problemas que nosotros no, como la informalidad y la ilegalidad en la economía, la inequidad, la pobreza, la falta de provisión de bienes públicos. Pero tenemos un sector que representa 3 % del PIB, genera $56 billones anuales en regalías e impuestos y contribuye a la estabilidad macroeconómica y social del país. El principal reto que tenemos es disminuir la pobreza y la inequidad y para ello debemos usar bien estos recursos y así lograr una diversificación del PIB en las regiones. Esto también ayuda a quitarle espacio a las economías ilegales, sobre todo en estos lugares.
Pero llevamos más de 100 años de explotación petrolera y muchos de esos retos se mantienen…
Los retos sociales no se dan por la exploración petrolera, sino por el mal uso de los recursos públicos. Ahí está la raíz del problema y el reto que hay que resolver. Pero cuando los recursos públicos se quedan atrapados en marañas de corrupción es que creamos nuestros problemas. La solución está en formas de usar bien los recursos públicos y, desde las empresas, acogerse a los estándares más altos en temas ambientales sin sustituir al Estado; pero sí ayudar a fortalecer al Estado en las regiones.
Si uno mira los montos de regalías en departamentos como La Guajira, Meta y Cesar, el ingreso per cápita debería ser tres o cuatro veces el promedio nacional, pero no es así. Son departamentos con altos niveles de pobreza. ¿Por qué? Porque los recursos se van como agua entre los dedos. De nada nos sirve generar recursos si no le llegan a la gente.
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