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Esta semana, la nueva Junta del Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central designada por el gobernador del estado, Ron DeSantis, con control sobre el territorio en el que se ubican los parques temáticos de Disney, aprobó medidas encaminadas a imponerse a la compañía de entretenimiento.
Esta es la última jugada en una guerra entre DeSantis y el conglomerado de entretenimiento, que desde hace décadas no se veía envuelto en una batalla política y legal como la que está planteando el gobernador republicano, quien tiene aspiraciones presidenciales y ha impulsado legislación que puede ser definida como polémica por algunos, pero que para otros bordea en lo inconstitucional.
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En el fondo de este asunto hay un problema de control sobre los poderes que tiene Disney para regir y administrar su complejo de parques en este estado, así como una pelea política por la oposición del conglomerado a la llamada ley “No digas gay”.
La legislación, que esta semana fue aprobada para ser implementada en educación secundaria, prohíbe a los maestros abordar la identidad de género y la orientación sexual. Disney se opuso a la aprobación de esta legislación y desde ahí DeSantis tiene en la mira al conglomerado.
Control, control, control
La respuesta de DeSantis a la oposición de Disney ante su proyecto, criticado abiertamente por restringir la visión del mundo que debe ofrecer el sistema educativo, pero defendido ampliamente por un grupo de votantes que se opone también al control de armas o la vacunación contra el covid-19, fue imponer mayores controles a los parques de Disney. O al menos intentarlo.
En su primer round, el gobernador no logró su cometido, pues la anterior junta que supervisa el turismo en Florida llegó a acuerdos legales con Disney en el que le daban un amplio poder para operar, pero también para renovar y desarrollar su complejo de parques (en temas como densificación de nuevas edificaciones, por ejemplo).
Los acuerdos, además, le daban control al grupo casi que a perpetuidad, lo que suponía que el control estatal se limitaba a asuntos menos importantes, como vías de acceso.
En febrero de este año, DeSantis firmó una nueva legislación que, básicamente, acaba con el modelo de autogobierno sobre el complejo de parques del que ha disfrutado Disney durante décadas.
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El gobernador dijo esta semana que la Legislatura de Florida tiene la autoridad para revocar acuerdos y que se está trabajando en un proyecto de ley para anular los alcanzados a última hora entre Disney y el Distrito de Mejoras de Reedy Creek.
En medio de la pelea, el congreso de Florida votó una nueva ley, impulsada por el gobernador, para acabar con la autonomía del Distrito de Mejoras de Reedy Creek. Y por aquí que el gobierno estatal introdujo nuevos miembros, quienes a su vez votaron esta semana para sobreponer su control por encima de la gobernanza que Disney tiene sobre sus parques.
La nueva junta respaldada por DeSantis se otorga así una autoridad superior sobre Disney para tomar decisiones en cuestiones de planificación y desarrollo en Lake Buena Vista, donde se encuentran los parques de la compañía de entretenimiento.
El presidente del Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central, Martín García, apoyado por DeSantis, dio a conocer hoy los cambios que promueve, entre los que incluye mayores impuestos a Disney.
Turbulencias económicas
La pelea con DeSantis, que puede a la larga implicar mayor escrutinio o impuestos para el negocio de los parques, llega en un momento retador para el conglomerado de entretenimiento, así como para la economía global.
Entre la ata inflación y los vientos de recesión, la confianza (y alcance) de los consumidores es un asunto volátil que bien puede erosionar las patas del negocio de este gigante del entretenimiento.
Al enfrentarse a una crisis del costo de vida, los clientes pueden eventualmente dar un paso atrás ante los aumentos de precios que Disney está implementando en Disney+ y sus parques temáticos.
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También es poco probable que las audiencias de los cines se recuperen a los niveles previos a la pandemia. Métricas como los ingresos de taquilla ya no tienen tanta importancia, lo que altera la forma en que se compensa el “talento”. Aunque Disney tiene un excelente grupo de historias y personajes, el año pasado gastó alrededor de US$30.000 millones en contenido para alimentar a la bestia del streaming, en medio de la competencia de rivales acaudalados como Apple, Netflix y Amazon. Sin embargo, no a todo el mundo le entusiasman sus experimentos con las franquicias de Star Wars y Marvel.
Justo esta semana, Disney anunció que comenzará, de manera escalonada, a despedir 7.000 empleados como parte de un plan de reducción de costos que pretende dejar rebajar unos US$ 5.500 millones en operaciones.
El anuncio de los despidos coincidió con la publicación de sus resultados trimestrales, en los que dio cuenta de una pérdida de 2,4 millones de suscriptores en su servicio de streaming Disney+.
Esta breve línea de tiempo ayuda a entender las fechas claves en esta batalla:
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