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Este miércoles, cuando abra la jornada bancaria, unas 15.000 empresas en Colombia tendrán una obligación nueva en sus cuentas. No es una declaración más. Es el primer pago de un impuesto que no existía para ellas hace apenas unos meses.
La primera cuota del impuesto al patrimonio para personas jurídicas vence el 1 de abril. Corresponde al 50 % del total a pagar. La segunda llegará en mayo.
El cobro nació en medio de la emergencia económica decretada por el gobierno Petro tras las lluvias que golpearon varios departamentos. Dos decretos —el 173 y el 240 de 2026— pusieron en marcha el recaudo extraordinario sobre quienes tienen mayor capacidad patrimonial.
La base arranca en 200.000 UVT, más de COP 10.478 millones en patrimonio líquido al 1.° de marzo de este año. Desde ahí, la tarifa general es de 0,5 %. Para sectores como el financiero, asegurador o minero-energético, el porcentaje sube a 1,6 %.
La medida amplió el universo de contribuyentes. Incluye sucursales de empresas extranjeras y establecimientos permanentes en el país. Y llega con una particularidad que no ha pasado desapercibida: grava el patrimonio, no la utilidad.
María Alejandra Osorio, directora ejecutiva de Acopi Cundinamarca, advierte que el cobro alcanza también a medianas y pequeñas empresas que entran en el grupo de cerca de 15.000 compañías obligadas a pagar la primera cuota. En su lectura, la medida llega en un momento de presión acumulada sobre el tejido productivo.
“El impuesto al patrimonio afecta de manera especial a las medianas y pequeñas empresas. No era un impuesto que estuviera presupuestado en las decisiones financieras del año, y que, por el contrario, generará afectaciones en el flujo de caja”, señaló en conversación con El Espectador.
Liquidez es la palabra clave en este asunto, la más repetida en los escritorios de tesorería y los gremios. La segunda, por supuesto, es la jurídica.
El calendario dejó poco margen. Entre la expedición de los decretos y el primer vencimiento hay semanas, no meses. El Consejo Gremial habló de una carga cercana a COP 8,3 billones para el sector productivo. El plazo “no permite a las empresas prepararse adecuadamente” y obliga a tomar decisiones que ya empiezan a circular en los pasillos: tocar la nómina, venta de activos, endeudamiento y aplazamiento de inversiones.
“En práctica, muchas empresas no tendrán la liquidez necesaria para cumplir, lo que puede afectar su operación, llevar a cierres y quiebras y poner en riesgo cientos de miles de empleos”, advirtió el gremio en un comunicado. La preocupación escala cuando se conecta con empleo y operación.
Desde el Consejo se ha advertido de un riesgo amplio que podría tumbar como ficha de dominó el flujo de caja.
Los efectos a mediano plazo
Osorio agrega otro elemento que ha generado debate entre los gremios: el destino de los recursos. Lo que se ha planteado es que los ingresos serán para “tapar el hueco fiscal” del Gobierno». Para Osorio, “no es una medida para cubrir un hecho sobreviniente como lo estipula la ley para las medidas de emergencia, sino para un asunto regular y de recursos”.
En ese entorno, el efecto no se limita al corto plazo. La directora de Acopi habla de una señal que puede quedarse instalada. “Preocupa que, al hacer estos experimentos, quede en el ambiente que las empresas tienen la capacidad de pagar, y lo cierto es que la responsabilidad empresarial implica acatar normas y obligaciones tributarias”.
Lo que se afecta en el mediano y largo plazo, señaló, es la “capacidad de ampliación de estas empresas, que son generadoras todas de empleo formal”.
El ajuste no ocurre en el vacío. Se suma a un escenario de costos laborales más altos, cambios regulatorios recientes y un entorno macroeconómico que, según los gremios, ya venía tensionando la actividad empresarial.
Ahí aparece otro frente. La competencia externa. “Si a esto se suma las dificultades de la producción nacional, en términos de la competencial desleal con otros países donde tenemos subvenciones estatales y mayores facilidades para empresas extranjeras que pueden traer sus importaciones, e incluso que pueden acudir a mercados más fácil que las empresas colombianas, esto (el impuesto al patrimonio) configura mayores dificultades para el tejido productivo.”, advierte.
Desde finales de este mes, gremios empresariales han elevado solicitudes a la Corte Constitucional para que evalúe la medida e incluso suspenda su aplicación mientras se toma una decisión de fondo. También se han promovido acciones para revisar su legalidad bajo el marco de la emergencia económica.
Los gremios pidieron una pausa
Tanto ANDI como Amcham han solicitado a la Corte Constitucional una decisión antes del vencimiento de la primera cuota. A la fecha, el reloj sigue corriendo. Buscan claridad jurídica en un momento en el que las empresas deben pagar mientras el impuesto sigue en revisión.
“El país necesita certeza jurídica, realismo institucional y una respuesta oportuna”, dijo María Claudia Lacouture, presidente de Amcham.
En una reciente entrevista en El Nuevo Siglo, Lacouture lanzó el dardo a los aspectos jurídicos, “un problema de respeto por el Estado de derecho”, y añadió que la facultad excepcional no debería reemplazar la vía ordinaria del Congreso para crear cargas tributarias de alto impacto.
En la misma línea, Bruce Mac Master advirtió que el riesgo empieza a sentirse desde abril. “Es un impuesto a la inversión sin duda alguna, es un impuesto a la creación de empleo, es un impuesto al crecimiento del aparato productivo colombiano”, afirmó.
La solicitud incluye la suspensión temporal del tributo mientras la Corte toma una decisión de fondo. El argumento es evitar un “daño irreparable” en compañías que deben responder en poco tiempo.
Tercera vez ronda del tributo
Hasta ahora, el impuesto al patrimonio había recaído principalmente sobre personas naturales. Con esta versión, el foco se mueve hacia las empresas. Es la tercera vez que en el actual Gobierno se intenta ajustar este tributo, después de la reforma tributaria de 2022 y de una versión anterior ligada a otra emergencia que aún está bajo análisis constitucional.
El Ministerio de Hacienda lo defiende como una herramienta redistributiva. Sus cifras apuntan a una concentración alta del patrimonio empresarial. Según datos de la DIAN citados por la cartera, “cerca del 0,2 % de las personas jurídicas responsables del impuesto de renta y complementarios poseían cerca del 54,6 % del patrimonio líquido total agregado”.
Hacienda agregó que “el percentil 100 de personas jurídicas tenía para este año una tarifa efectiva de tributación de 21,3 %, la cual está cerca de 7 % por debajo de la tarifa efectiva de tributación promedio del total de personas jurídicas (28,0 %)”.
Desde esa lógica, el impuesto corrige una asimetría: empresas con gran patrimonio pagando, en promedio, tasas efectivas menores que el resto.
Algunos analistas y sectores empresariales ven en este tipo de tributo un castigo a la acumulación de capital. Una empresa que invierte en maquinaria, en plantas, en activos productivos, incrementa su patrimonio. Y con ello, su carga tributaria.
De este modo, entre más invierta una compañía en activos, más pagará. En sectores regulados, como el financiero, el asunto es aún más sensible, pues el capital es requisito para operar.
En su columna de domingo para este diario, Eduardo Sarmiento Angulo escribió que “con el impuesto al patrimonio de las empresas, se configuraría un estado perverso de caída del crecimiento económico y el ahorro”, en una crítica directa a la idea de gravar el capital como eje de política fiscal.
El alcance del impuesto empieza a tocar sectores específicos
El Ministerio de Educación pidió abrir una mesa técnica para revisar su impacto en universidades privadas. Según estimaciones del Observatorio de Universidades, cerca de 100 instituciones podrían verse afectadas. Algunas, como el Externado, enfrentarían pagos cercanos a los COP 23.000 millones.
La cartera busca discutir cómo aplicar la medida sin comprometer la estabilidad financiera de estas entidades. La reunión está prevista para la primera semana de abril.
¿Quién termina pagando?
La norma no impone restricciones sobre la posibilidad de trasladar el costo. En mercados con alta demanda, algunas empresas podrían ajustar precios. En otros, con más competencia, absorber el golpe será la única opción.
En energía, por ejemplo, ya se anticipan efectos. Entre el impuesto al patrimonio y nuevas cargas, el sector calcula costos adicionales por unos COP 330.000 millones. Parte de ese impacto podría terminar en tarifas.
Mientras tanto, el calendario no se detiene.
Las empresas ajustan cifras, revisan caja, hablan con bancos. Algunas pagarán sin mayor sobresalto. Otras llegarán con decisiones tomadas a contrarreloj.
El Gobierno sostiene que los recursos son necesarios para atender la emergencia climática. Los gremios responden que la medida va más allá de esa coyuntura y que compromete el mediano plazo.
El pago arranca mañana. Y con él, una discusión que apenas comienza.
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Por Alejandro Rodríguez Torres
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