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El anuncio oficial de intervenir los esquemas tarifarios para bajar el costo de los servicios públicos, especialmente de la electricidad se quedó corto. Desde finales del año pasado, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se propuso desarrollar acciones con las empresas generadoras buscando aliviar el valor de las tarifas eléctricas, sobre todo para los habitantes de la región Caribe y alguna zona del centro del país.
El anuncio que fue recibido con mucha expectativa por parte de los usuarios hastiados del incremento en sus facturas se fue diluyendo con el tiempo. El propio presidente Petro amenazó con intervenir directamente a la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) y a la CRA (Comisión de Agua Potable y Saneamiento Básico) y cambiar a varios de los comisionados.
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Lo cierto es que el presidente Petro no necesita intervenir en las Comisiones de Regulación como lo venía anunciado hasta que el Consejo de Estado lo freno. En el Plan Nacional de Desarrollo de la administración Duque, el presidente quedó facultado para tomar decisiones en materia tarifaria que serían acatadas a través de la CREG, para el caso de la energía.
“En conjunto con la CREG, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Hacienda, se revisará la regulación de las tarifas de energía con el fin de que sean estables y asequibles para todos los ciudadanos, en especial los ubicados en la Costa Caribe”, fue el anuncio hecho en septiembre del año pasado. Hasta el momento ha quedado en solo anuncio.
El gobierno fue entendiendo que las tarifas eléctricas no se pueden bajar a sombrerazos. Entendió el ministerio de Minas y Energía que “el cálculo de las tarifas de energía depende de varios componentes que representan los segmentos de la cadena de valor de la electricidad: la generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas y restricciones”. En materia de rebaja considerable en el valor de las tarifas eléctricas no pasó nada y todo continuó como al principio. Se siguen esperando los efectos del Pacto por la Justicia Tarifaria tan aclamado por la ministra de Minas y Energía.
El subsidio a los combustibles
Ahora la mirada del Ejecutivo está puesta en el esquema tarifario que define el incremento mensual del valor de los combustibles. En este sentido, la ministra Vélez señaló que “vamos a hacer una revisión integral completa. Ya arrancamos. Estamos haciendo mesas técnicas entre el ministerio de Hacienda, el ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol”. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, advirtió que en esas mesas técnicas debe estar incorporado también el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, “sin ellos dos (Ecopetrol y CARF) esa discusión no tiene ningún sentido”.
A la ministra Vélez le pareció muy fácil decir que no tiene sentido que “el 100% de la gasolina se tase a precio internacional”. Sobre este asunto el propio ministro de Hacienda indicó que no se puede obligar a Ecopetrol a vender la gasolina por debajo del precio internacional. “Es ponerle control de precios a Ecopetrol y no vamos a llegar a eso”, remarcó el funcionario. Para Bonilla uno de los temas a examinar es qué va a pasar con el precio del galón del Diésel que, por orden del presidente Petro, está congelado hasta junio de este año.
La ministra sostuvo que una de las propuestas es establecer tarifas diferenciales para los consumidores de gasolina. Se buscaría favorecer a las personas de menores ingresos y bajos consumos como las motocicletas, sin embargo, los distribuidores minoristas de combustibles alertaron cuáles son las inconveniencias de la iniciativa.
También a la propuesta de regionalizar el cobro, también salieron voces de alerta por las dificultades de llevar un anuncio de estas características a la práctica.
“Los subsidios a los combustibles fósiles son en la actualidad el programa de subsidios más costoso a cargo de la Nación y más que duplican la totalidad de las transferencias directas a los hogares
en el país, además de ser regresivos”, señala el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Advierte que “reversar o suspender la política de corrección de precios no sólo pone en riesgo el cumplimiento de las metas del plan financiero y el cumplimiento de la regla fiscal, sino que desviaría recursos fiscales desde otros programas sociales y de infraestructura, al pago de estos subsidios”.
El Gobierno insiste en que dentro de las alternativas analizadas para afectar el esquema tarifario que define el costo del galón de gasolina y diésel se contempla: el establecimiento de mecanismos de estabilización diferenciales, mayores controles a los combustibles distribuidos con beneficios económicos y tributarios en zonas de frontera, y revisiones regulatorias que en el marco de la discusión con todos los actores de la política de combustibles permitan identificar eficiencias en el sector.
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Finalmente, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal llama la atención sobre el hecho de que “valorar los combustibles por debajo de su precio internacional no es la solución para el déficit del FEPC (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles), y que, por el contrario, perjudica a la Nación y a Ecopetrol. Cualquier desviación entre el precio regulado y el precio internacional será asumida por el Gobierno Nacional, de una forma u otra, sin importar la forma en que se contabilice”.
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