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Este martes, el Gobierno nacional publicó una batería de decretos con medidas para enfrentar la emergencia económica y social que fue declarada el mes pasado para La Guajira.
Entre los documentos publicados por la administración del presidente Gustavo Petro se encuentra el decreto 1276 del Ministerio de Minas y Energía, que trae algunas decisiones que comienzan a levantar dudas y críticas en el sector energético.
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Detrás del sobreprecio decretado de $1.000 para las facturas de los usuarios de altos ingresos y de $5.000 para los industriales y comerciantes, con destino a suministrar electricidad para varias zonas de la Guajira, va una decisión que llena de preocupación a los comercializadores de energía: el mencionado decreto avala el incumplimiento de los contratos de largo plazo de suministro adquiridos en las subastas para los generadores de Fuentes no Convencionales de Energía Renovable (FNCER).
El artículo séptimo otorgó “un alivio de suspensión de contratos de suministro de energía media anual a largo plazo para generadores de Fuentes no Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en el departamento de La Guajira”. La autorización para el incumplimiento se hace por dos años, hasta julio de 2025.
Los gremios del sector eléctrico advierten sobre el peligro de esta decisión, pues podría hacerse extensiva para todo el país. Aunque algunos voceros del sector eléctrico consideran que la medida va encaminada a ayudar a algunos dueños de proyectos que van colgados en sus obligaciones, otros estiman que es una especie de patente de corso para justificar cualquier incumplimiento futuro.
En el momento en que los comercializadores no puedan hacer efectiva la póliza de incumplimiento a los generadores, tienen que ir a la bolsa de energía a comprar a un precio mayor. Esta situación se puede agravar ante la presencia del fenómeno de El Niño porque los deja desprotegidos. Una de las consecuencias en este escenario es que este mayor costo de la electricidad será trasladado a los consumidores a través del Costo Unitario incluido en las facturas eléctricas y que podría ser mínimo de 5 %. “Este es un precedente nefasto”, dijo un analista del sector eléctrico que pidió no ser citado por no ser un vocero autorizado.
“La suspensión de los contratos entre los futuros generadores de energías provenientes de fuentes no convencionales en La Guajira y los comercializadores que adquirieron los mismos a través de las subastas del cargo por confiabilidad y la de energía renovable de los años 2019 y 2021″ crea un manto de duda sobre las “señales de confiabilidad, aunque también es cierto que da un respiro en tiempo y economía” a los proyectos colgados, señaló Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy y exdirector de Hidrocarburos del ministerio de Minas y Energía.
Por su parte, Acolgen (gremio los generadores de Energía) aseguró a través de un comunicado que “preocupa que algunas de las medidas adoptadas en el Decreto 1276 de 2023, no conducen a superar las causas de la declaratoria de situación de emergencia en el Departamento y además, van en contravía de los principios que hemos defendido desde el sector de generación de energía eléctrica, que terminarán perjudicando a los usuarios finales al desincentivar la competencia y producir sobrecostos en la prestación del servicio”.
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El decreto de la administración Petro contempla que “los contratos de suministro de energía media anual a largo plazo suscritos con ocasión de las SUBASTAS CLPE 02-2019 y 02-2021, asociados a proyectos ubicados en el departamento de La Guajira, se modificarán en el sentido de suspender temporalmente la obligación de suministro de energía hasta que entre en operación el proyecto”.
También agrega que “salvo que el comprador notifique al vendedor con una antelación de un año a la fecha de terminación de la vigencia del contrato de suministro a que se refiere este artículo su intención de darlo por terminado, el contrato se prorrogará automáticamente por el periodo de suspensión” que va hasta el 22 de julio de 2023.
“Durante el periodo de ampliación el generador suministrará la energía prevista al menor valor entre el precio total del contrato y el precio promedio de bolsa del mes de suministro”, precisa el decreto.
El Gobierno justifica el incumplimiento de los generadores de Fuentes no Convencionales de Energía Renovable al decir que “el cubrimiento de las obligaciones de suministro a través de bolsa se ha hecho necesario porque los generadores/vendedores no han podido entrar en operación por motivo de alteraciones de orden público y demoras en las consultas previas, así como por demoras en las licencias ambientales”.
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El temor de los empresarios del sector eléctrico es que este argumento haga carrera y los incumplimientos se generalicen para el resto del país y se hagan extensivos en el tiempo.
Aquí hay que aclarar que, en efecto, varios proyectos de generación de energía verde se encuentran atrasados.
Se menciona que los proyectos Beta y Alpha de capital portugués serán los más beneficiados con la decisión del gobierno del presidente Petro. El proyecto parque eólico Alpha localizado en el municipio de Maicao del departamento de la Guajira es construido por la empresa Vientos del Norte con obligación de entrar en generación en noviembre de este año. Sin embargo, una auditoría destacó que la iniciativa “presenta un retraso del 74,69%”, a diciembre del año pasado. Vientos del Norte “debe solicitar la modificación de la fecha de puesta en operación del Parque Eólico Alpha para el 15 de septiembre de 2024″, precisa un informe de la UPME.
Por su parte, el proyecto de energía eólica Beta, que se desarrolla en los municipios guajiros de Uribia y Maicao y está a cargo de Eolos Energía (EDPR) (de los mismos empresarios de Alpha), registró un retraso del 66,48 %, por lo que la nueva fecha de operación sería septiembre de 2024.
Vera señala que el decreto genera dudas y preocupaciones, aunque “es cierto que les da un respiro en tiempo y economía de los proyectos y la posibilidad real que se puedan materializar y superar las dificultades socio ambientales que principalmente no han permitido sacarlos adelante en los tiempos previstos”.
Alza tarifaria para los renglones más beneficiados
El decreto también busca recursos para “la energización del área rural y no interconectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN)”. Por ello, desde el próximo mes y durante seis meses, si el Congreso no amplía el plazo, se incluirá en todas las facturas del servicio público de energía eléctrica que se emitan en el resto territorio nacional, un valor denominado “Aporte Departamento de la Guajira”.
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Es decir, que el costo de la electricidad para los estratos 4,5 y 6 se elevará en $1.000 y para los industriales y comerciantes en $5.000. Esos dineros irán al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas (FAZNI).
El Ministerio de Minas y Energía espera obtener un recaudo de $51.230,9 millones. “Lo fundamental es que sea una medida temporal y excepcional, que vaya acompañada de acciones e inversiones muy precisas que permitan garantizar la provisión de energía en el departamento de la Guajira y que dichos recursos no terminen difuminados en gasto improductivo”, señala Vera.
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