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El informe de reservas petroleras pone al país en dificultades en un horizonte de siete años. En el último año, fracasamos en el intento de reemplazar las reservas que consumimos y estuvimos viviendo de los ahorros y no de los que produjo la industria. Ante este panorama, la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP) estima importante trabajar y avanzar en destrabar los contratos de exploración suspendidos e impulsar la relación contractual en hidrocarburos para garantizar por más tiempo la autosuficiencia del país.
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Según el ministerio de Minas y Energía, actualmente hay 117 contratos en fase de exploración, entre los cuales se encuentran 35 suspendidos y 32 de ellos podrían contar con recursos en el subsuelo. Hasta el momento, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla no se ha pronunciado sobre la posibilidad de dar marcha atrás en la decisión de no firmar nuevos contratos petroleros.
“Yo estoy esperando el informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que debe decir, no solo cuántas reservas hay, sino qué pasó con los contratos de exploración que están vigentes y sobre los cuales no se tenía ninguna respuesta”, señaló el funcionario. Sólo ahí, “tenemos que mirar si efectivamente podemos hablar de nuevos contratos de exploración”, indicó Bonilla.
Los contratos petroleros suspendidos están ubicados en distintas zonas del país, la mayoría enfrentan problemas de licenciamiento y de orden público.
Según un reporte de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, en la cuenca Caguán- Putumayo se ubica el mayor número de contratos suspendidos sumando los 14. En los Llanos Orientales hay 10, en el Valle Medio del Magdalena hay 6, en la Cordillera Ambiental se encuentran tres y dos en la cuenca del Valle Superior del Magdalena y los restantes en La Guajira, Catatumbo y Cesar-Ranchería.
Las comunidades asentadas en la Cuenca de Caguán-Putumayo se han opuesto a los proyectos petroleros por la percepción negativa hacia la industria. Además, hay preocupación del gobierno sobre la suerte de los líderes sociales del Putumayo que siguen viviendo bajo el fuego cruzado. En octubre de 2022 el ministerio del Interior denunció que en una semana asesinaron a cinco líderes, lo cual enciende las alarmas sobre la grave situación del departamento que tiene gran incidencia en el desarrollo de estos proyectos de la cuenca.
En el caso del Caquetá los problemas de seguridad han permeado la zona por la presencia de grupos armados al margen de la ley durante décadas, hechos representados en desplazamiento forzado, asesinatos a la comunidad, autoridades locales y departamentales.
La violencia ha afectado las operaciones de empresas de hidrocarburos, por ejemplo, en el año 2022 se reportó el asesinato de un trabajador de una empresa del sector de hidrocarburos que transportaba petróleo.
También se ha denunciado la extracción ilegal del crudo en oleoductos en el Caquetá. Entre 2017 y 2018 Ecopetrol reportó pérdidas hasta de 140.000 dólares por esta práctica en el tramo del oleoducto San Miguel -Orito, de acuerdo con las autoridades nacionales, las bandas que operaban contratan y
capacitaban personas con conocimiento técnico en la instalación de válvulas para seguir hurtando el combustible.
En los Llanos Orientales, la situación no es diferente. Este año en Arauca, la empresa Parex anunció la suspensión de los proyectos de hidrocarburos que desarrollaba en los municipios de Tame y Saravena por las constantes amenazas de terroristas de bandas alzadas en armas. Este asedio generó un ambiente de incertidumbre en el sector por la falta de garantías para operar, a esto se suma el despliegue de guerrillas por el control territorial. También, la china, sucursal Colombia, Emerald Energy solicitó la cancelación de su contrato de explotación de petróleo y gas en la región de San Vicente del Caguán, Caquetá.
Para el caso de Casanare las operaciones se han interrumpido por los bloqueos que han promovido sindicatos y gremios por las afectaciones ambientales en la zona.
En el Valle Medio Magdalena se han presentado conflictos debido a la contratación con petroleras en la región, la presencia de grupos armados ilegales como Los Rastrojos, así como el asesinato de líderes sociales.
Las licencias ambientales
Dice la ACGGP que de conformidad con el Decreto 1076 de 2015, los proyectos de hidrocarburos que requieren de Licencia Ambiental de competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) son aquellas actividades de exploración sísmica que requieran la construcción de vías para el tránsito vehicular, actividades de exploración sísmica en las áreas marinas del territorio nacional cuando se realicen en profundidades inferiores a 200 metros, proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción de hidrocarburos existentes, de acuerdo con el área de interés que declare el peticionario.
Igualmente, la explotación de hidrocarburos que incluyen la perforación de los pozos de cualquier tipo, la construcción de instalaciones propias de la actividad, las obras complementarias incluidas el transporte interno de fluidos del campo por ductos, el almacenamiento interno, vías internas y demás infraestructura asociada y conexa.
Señala el gremio petrolero que las licencias en la ANLA se pueden demorar en promedio un año y cinco meses, eso si los tiempos se cumplen a cabalidad, pero por lo general un proceso de exploración de hidrocarburos puede tomar hasta 6 años.
En la etapa inicial del proyecto, la empresa debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que dependiendo de la iniciativa puede durar hasta un año o más. Una vez entregado a la ANLA entra en un proceso de revisión de aproximadamente 90 días hábiles.
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Recuerda el informe que la autoridad ambiental competente podrá, mediante resolución motivada, declarar la pérdida de vigencia de la Licencia Ambiental, si transcurrido cinco años a partir de su ejecutoria, no se ha iniciado la construcción del proyecto, obra o actividad, pero hay que decir que los contratos de exploración de hidrocarburos han sido históricamente afectados por la falta de capacidad de las instituciones para tramitar las licencias ambientales.
La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se implemente una articulación entre los ministerios de Minas y Energía, Defensa y del Interior para articular acciones concretas que garanticen la seguridad en las zonas donde operan las empresas petroleras.
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