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La revisión en las tarifas eléctricas puede tomar el mismo sendero que lleva explorar cambios en el esquema tarifario de los combustibles: las mesas técnicas convocadas por el gobierno. Hasta la fecha no se ha conseguido un alivio significativo en el costo de la electricidad para los colombianos.
Un estudio del Banco de la Republica recuerda que “como resultado de las decisiones de las autoridades colombianas para reducir las tarifas de la energía eléctrica, el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de este servicio retrocedió en los dos últimos meses de 2022. En noviembre la información recogida por el DANE muestra que las tarifas de energía en el nivel nacional habrían caído un 1,14 %, mientras que en diciembre se habrían contraído un 0,85 % adicional”.
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Eso como producto del tan anunciado pacto por la justicia tarifaria, anunciado en septiembre del año pasado por el ministerio de Minas y Energía, que produjo más ruido que resultado. Pero con la expedición del decreto 0929 de 2023, el mandatario de los colombianos buscó fijar los lineamientos que deben ser tenidos en cuenta por la CREG en el momento de expedir la normatividad que fije menores precios para la electricidad. Pese a que aclaró que el decreto no busca intervenir el marco tarifario vigente, no cayó bien entre los empresarios del sector.
Ahora ante la expectativa sobre la presencia del fenómeno de El Niño, se ciernen dos peligros sobre el servicio de energía eléctrica que podría afectar el bolsillo de los colombianos: cortes programados en el servicio y mayor valor de las tarifas eléctricas.
La primera alerta la dio la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) al advertir que, ante las deudas nacionales y regionales, las electrificadoras podrían sufrir un apagón financiero que llevaría a un corte de energía en algunas zonas y elevar las tarifas eléctricas. Dice el gremio que la suspensión de los contratos de suministro de energía, que puede suceder por la falta de liquidez, en algunas empresas comercializadoras, “podría ocasionar incrementos promedios en el Costo Unitario (CU) de las empresas de Asocodis entre un 5% y 6% que podría representar sobrecostos para los usuarios de cerca de $170.000 millones mensuales durante todos estos meses hasta diciembre próximo”.
También sostiene Asocodis que, la aplicación de la opción tarifaria acumula un saldo de $4,9 billones que con otras obligaciones y la demora en el pago de los subsidios a los estratos 1, 2 y tres podría llegar a más de $7,2 billones. “La opción tarifaria la creó Duque de una manera similar a como lo hizo con el déficit del fondo de la gasolina, pero en energía eléctrica”, dijo Petro.
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, sostuvo que “la aplicación de la opción tarifaria durante el anterior gobierno produjo una acumulación de saldo de los comercializadores de energía. Sobre estas decisiones y otras, como el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el actual gobierno ha tenido que hacerse cargo para responder, responsablemente, por las finanzas del país”.
Según la Superintendencia de Servicios Públicos, Bogotá estaría al día con la recuperación del pago de la opción tarifaria, mientras que Medellín y las ciudades de la región Caribe muestran rezagos
Lo cierto es que los dos gobiernos, el actual y el pasado, se encuentran enfrentados por el costo de los subsidios en los combustibles y en las tarifas eléctricas. La última propuesta que podría afectar la tarifa eléctrica contempla rebajar el precio del valor del transporte urbano con cargo a la factura de electricidad. “El incremento en la cuenta de la luz sería demasiado grande y, además, se distorsiona el mercado de energía de manera irreparable”, dice el presidente de ANIF, Mauricio Santa María.
Los habitantes de la región Caribe pagan en la actualidad las tarifas más altas que el resto del país. El estudio del Banco de la República explica que “el aumento de la tarifa en el servicio de energía ha sido superior en el norte del país, en parte por la implementación de la Resolución CREG 010 de 2020 que estableció un régimen transitorio especial tarifario, en el que el porcentaje de pérdidas reconocidas en las tarifas que debe asumir el usuario en la región Caribe es del 28,1 %, mientras que en el resto del país es del 12,5 %”.
Apagón frente a alzas
Los cortes de energía se podrían presentar en algunas zonas, pero debido a la obsolescencia de las redes de distribución y eso podría suceder en la región Caribe y en el Chocó de acuerdo con la alerta entregada por la firma XM, operador del Sistema Interconectado y el administrador del Mercado de Energía Mayorista. “Nos preocupa la situación de algunos territorios en los cuales se identifica que, con los incrementos esperados en la demanda, sería muy complejo prestar el servicio con la seguridad y calidad acostumbradas”, señaló Jaime Zapata Uribe, gerente del Centro Nacional de Despacho en XM.
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También podría ser más costoso para los consumidores el hecho de tener que importar gas natural para alimentar las plantas de generación. Una voz de alerta se ha registrado en la Región Caribe donde se han incrementado las compras externas de gas por algunos problemas que tuvo Canacol Energy en el suministro a las industrias que atiende. Esto sería otro motivo de preocupación que afectaría el bolsillo de los colombianos.
El presidente Petro ha reiterado que, “es indispensable bajar las tarifas eléctricas para garantizar la industrialización del país y la descarbonización de nuestra economía”. Mientras tanto, se espera la decisión que salga de las mesas técnicas donde se va a definir la suerte del precio de los combustibles y de una posible rebaja en el costo de la electricidad.
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