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La Superintendencia de Sociedades informó que, en una audiencia el 25 de agosto de 2025, la empresa Don Jediondo Sopitas y Parrilla ingresó formalmente en proceso de liquidación judicial, según la Ley 1116 de 2006.
La compañía, conocida por su oferta de platos típicos colombianos, cuenta con 183 trabajadores directos, activos por $25.601 millones y pasivos por $25.580 millones. En total, Don Jediondo Sopitas y Parrilla tiene 33 establecimientos de comercio activos.
La empresa estaba en proceso de reorganización desde agosto de 2022, pero la Supersociedades informó que incumplió de manera reiterada las obligaciones pactadas, incluyendo los pagos fiscales, de seguridad social y gastos de administración.
“Durante la fase de seguimiento al acuerdo, el juez del concurso adelantó cinco sesiones de audiencia, en las que se constató la persistencia del incumplimiento frente a obligaciones con entidades como Colpensiones, DIAN, Porvenir y Protección, así como el incremento de deudas relacionadas con el impuesto al consumo”, dijo la Superintendencia en un comunicado.
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Pese a los requerimientos del juez y a las oportunidades que dieron los acreedores, la cadena de restaurantes no logró normalizar su situación financiera ni demostrar capacidad de cumplimiento. Por lo tanto, se declaró el incumplimiento definitivo del acuerdo y se ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, aseguró que en el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla se agotaron los mecanismos legales de recuperación previstos en el marco del proceso de reorganización.
“Tanto esta Superintendencia como los acreedores involucrados sumaron esfuerzos para brindarle una oportunidad real de continuidad a la empresa. Sin embargo, ante la imposibilidad de superar las circunstancias que comprometían su operación y cumplimiento, esta entidad actuó con diligencia para ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial, con el propósito de salvaguardar el orden económico, proteger los activos disponibles y garantizar, dentro del marco legal, la atención prioritaria a los derechos de los acreedores”, dijo el superintendente.
Entrar en proceso de liquidación judicial implica que la empresa ya no es viable, por lo tanto, termina su actividad. La Supersociedades nombrará un liquidador que, básicamente, debe vender los bienes de la empresa para pagar sus deudas.
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