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Los despidos colectivos parecieran ser un eco tardío del estruendoso impacto económico de la pandemia. Por ejemplo, recientemente se conoció la solicitud que radicó ante el Ministerio del Trabajo la empresa textilera más antigua de Colombia, Coltejer, que busca el permiso para despedir a 54 trabajadores, argumentando la inestabilidad financiera que le significó la crisis del covid-19.
A su vez, el Banco Itaú también radicó una de estas solicitudes ante el Mintrabajo. La diferencia con Coltejer es que no hay una crisis financiera de por medio, sino un proceso de transformación tecnológica (también impulsado por la pandemia) que, bajo la argumentación de la empresa, hace ver la necesidad de prescindir de 288 personas, cuyas labores prácticamente han caído en la obsolescencia.
“Dicha transformación está respaldada en la evaluación previa del capacity que necesita la organización para operar (…). Estas acciones están alineadas con una perspectiva integral y estratégica, encaminada a responder a estos nuevos retos, centrados en nuestro objetivo principal de satisfacer y atender las necesidades del cliente, así como de fortalecer la operación de Itaú en Colombia”, le explicó el banco a El Espectador. De fondo, lo que la empresa argumenta es que debe mantenerse competitiva ante un entorno cambiante.
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También señala que no solo busca despedir a estas personas, sino que en sus planes está la contratación de 200 nuevos talentos especializados en análisis de big data, inteligencia artificial, digitalización, nuevas tecnologías y gestión de la información.
“Basados en estas premisas, y con un profundo y riguroso análisis, durante el último tiempo el banco ha tomado decisiones de estructura en condiciones de máximo respeto y consideración por las personas”, precisó la compañía financiera, al añadir que a quienes saldrían de la organización se les ha presentado un plan de retiro, el cual incluye compensaciones que superan “de manera relevante” a lo fijado por la ley.
¿Persecución sindical?
Sin embargo, otra es la mirada que tiene Nelson Caballero, presidente de la Asociación Democrática de Empleados del Sector Bancario y Financiero (Adeban), uno de los sindicatos de Itaú, quien asegura que hay razones para pensar que detrás de esta solicitud se esconde una estrategia de desarticulación sindical.
“Esta lista de 288 personas incluye casi a todos los dirigentes sindicales, así como a delegados y activistas de esta y otras organizaciones”, menciona al añadir que allí también se encuentran otros aforados, como trabajadores con enfermedades. “No están contemplando la situación de muchos que van a quedar en una posición muy grave. Colaboradores que son cabeza de familia y de quienes dependen otros familiares”, detalla.
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Caballero reconoce el plan de retiro que ha presentado el banco a quienes resultan afectados con la decisión, y no minimiza el hecho de que se están ofreciendo beneficios que van más allá de lo que establece la ley, pero asegura que por la cantidad de responsabilidades financieras, para muchos esto sigue siendo insuficiente.
Para evitar que se presente un despido colectivo, este líder sindical propone un plan de reconversión, en el que el banco capacite a estas 288 personas en la formación de las competencias que está buscando por fuera, en el mercado laboral. Itaú, por su parte, desconoce dicha propuesta y argumenta que por años ha ejecutado procesos de capacitación en nuevas competencias para sus empleados, pero estas no son suficientes para hacer el ajuste que necesita.
El panorama legal
Víctor Julio Díaz, abogado laboralista y rector del Colegio Colombiano de Derecho Social (Coldesocial), explica que Itaú necesita la aprobación del Ministerio del Trabajo porque pretende despedir a más del 5 % de su nómina (que es el límite para las empresas con más de 1.000 trabajadores), pues hay que tener en cuenta que el banco actualmente dispone de 2.180 colaboradores.
También detalla que es viable su solicitud, pues una empresa puede pedir este tipo de permisos cuando hay modernización de procesos o equipos, cuando se presenta una situación financiera o eventos similares.
“El Ministerio va a mirar que la empresa quiere optimizar procesos, porque de pronto lo que hoy está haciendo con 2.180 trabajadores lo puede hacer con 1.892, entonces no hay razones jurídicas ni legales para que tengan que quedarse con esos 288 trabajadores”, señala.
No obstante, detalla que para los aforados (como los sindicalistas y personas con enfermedades) se debe surtir un trámite adicional, en el que un juez decidirá si es válido o no su retiro de la compañía.
Lo que está pasando con el Banco Itaú no es ajeno a la realidad del sector. Patricio Silva, CEO de Digital Bank Latam, explica que la banca tradicional está experimentando importantes transformaciones, y que en estas son importantes los empalmes entre los antiguos y nuevos talentos, pues los unos tienen que aprender de los otros.
Esta transformación, que no es nueva bajo ningún estándar, sigue su curso después de una de las peores crisis económicas en la historia reciente del país. Una crisis en la que, sin embargo, el sector bancario salió bastante bien parado, sin sufrir los desangres que se vieron en renglones como el comercio o el turismo, por ejemplo.
Por otra parte, y también como cortesía de la pandemia, varios jugadores de la industria se encuentran ajustando sus esquemas de sucursales y servicios presenciales (incluyendo personal para estos puntos), pues una parte de la demanda de servicios es ahora digital, lo que permite replantear prioridades.
La realidad para la banca ha cambiado, y hacer ajustes en su personal no solo representa retos para la compañía, sino para el Gobierno, que debe velar porque no se vulneren los derechos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales.
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