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Lo que pase con Telecall es un asunto de alto interés, pues detrás de esta empresa hay un compromiso adquirido con la Nación por más de COP 300.000 millones.
La compañía en cuestión es un operador de origen brasileño que busca abrirse camino en el mercado de las telecomunicaciones en Colombia. Muchos escucharon su nombre por primera vez a finales de 2023, cuando el Ministerio de las TIC anunció los resultados de la subasta de espectro para el despliegue de la red 5G. En ese proceso, la compañía resultó adjudicataria junto con Claro, WOM y la alianza conformada por Tigo y Movistar. Sin embargo, una bandera roja se levantó un año más tarde, cuando Telecall incumplió con el primer pago acordado, el cual fue por COP 41.383 millones.
En su momento, el representante legal de Telecall, Iván Mantilla, le explicó a El Espectador que los ruidos de inestabilidad en el sector de las telecomunicaciones hicieron que su socio inversionista retirara los fondos de este proyecto, lo que les impidió cumplir con ese compromiso.
Mantilla también detalló que, sin esa fuente inversionista, la empresa se vio presionada a reactivar su búsqueda de capital. No lo encontró antes del plazo y, por eso, incumplió su obligación. No obstante, señaló que le manifestaron su interés al MinTIC de llegar a un acuerdo de cumplimiento, mediante el cual se le permitiera pagar a la Nación no solo el capital adeudado, sino los intereses de mora que se causaron (que para febrero de 2025 se traducía en una obligación de unos COP 46.000 millones). No obstante, el Ministerio no aceptó dicha propuesta, argumentando que no se ajustaba a la normativa que había asumido el operador tras la subasta.
Desde entonces, el futuro de Telecall cayó en la incertidumbre. No era claro si, ante el incumplimiento, el MinTIC revocaría la asignación del espectro y haría efectivas las pólizas, o si, por el contrario, aceptaría el pago pendiente junto con los intereses de mora causados.
El concepto
Con la intención de encontrar un norte en medio de esta incertidumbre, Telecall acudió a una de las voces más reconocidas del derecho administrativo en Colombia, Jaime Orlando Santofimio, para solicitar un concepto sobre el alcance de esta situación.
El análisis que aportó este profesional fue contundente. En un documento de 76 páginas y con fecha del 25 de agosto de 2025, el experto concluye que, a la luz de la jurisprudencia, el incumplimiento de Telecall constituye “una infracción menor que fácilmente puede remediarse”. En ese sentido, advierte que impedir a la empresa ponerse al día con el pago y, eventualmente, revocar la asignación del espectro, sería una medida desproporcionada y contraproducente no solo para el operador, sino para el erario, teniendo en cuenta las expectativas de recaudo que se generaron tras la subasta.
En suma, para Santofimio era claro que el pago extemporáneo que buscaba Telecall no solamente era legal, sino que el Estado estaba en la obligación de recibirlo.
Un proceso que tardó un año y medio
Luego de un año y medio de iniciarse este proceso, el Ministerio de las TIC publicó una resolución en la que, grosso modo, aceptó el pago extemporáneo de Telecall, más una sanción por COP 7.422 millones, de los cuales COP 4.286 millones fueron por incumplir la obligación de realizar el primer pago de forma oportuna y COP 3.135 millones por su incumplimiento en la presentación oportuna de la garantía de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil extracontractual.
En diálogo con este medio, Santofimio insistió en que, desde su punto de vista, este es un trámite que debió resolverse de manera rápida y sencilla. Y aunque señala que no tiene una respuesta definitiva sobre lo que ocurrió internamente, sí hay señales de algo que califica como una “enorme improvisación en el manejo del caso”.
“Pensemos en un ejemplo cotidiano”, argumenta Santofimio, “cuando una persona se atrasa en el pago de una obligación con un banco, la entidad financiera no cancela inmediatamente el crédito ni remata sus bienes. Primero cobra los intereses por mora y brinda la posibilidad de ponerse al día. Solo cuando existe una negativa persistente a cumplir con las obligaciones pueden adoptarse medidas mucho más severas”.
Para él, aquí hubo un claro desconocimiento de las normas aplicables, de los procedimientos internos y, especialmente, del Decreto 1078, que regula este sector. “Ese decreto era fundamental para resolver el caso y, sin embargo, prácticamente fue ignorado”, manifestó el jurista, al agregar que queda la impresión que quienes lideraron la defensa jurídica del ministerio no tenían el conocimiento suficiente del régimen aplicable.
“Para quienes trabajamos en derecho administrativo, el problema planteado era relativamente sencillo de resolver. Sin embargo, terminaron convirtiéndolo en una controversia mucho más compleja de lo que realmente era”, puntualiza.
A esto se sumó la inestabilidad institucional que marcó al Ministerio TIC durante el gobierno de Gustavo Petro. En ese periodo, la cartera tuvo cuatro ministros, además de varios cambios en los viceministerios y en los equipos jurídicos. En la práctica, cada relevo implicó que los nuevos funcionarios tuvieran que familiarizarse nuevamente con el expediente, lo que ralentizó el proceso y obligó, en buena medida, a retomar el caso casi desde cero.
La respuesta del MinTIC
El Espectador también consultó al Ministerio TIC. Según la cartera, el año y medio de incertidumbre que rodeó el caso de Telecall —con implicaciones para los recursos que esperaba recaudar la Nación y para el despliegue de la red 5G— fue consecuencia de la aplicación de las normas que regulan la asignación y el uso del espectro radioeléctrico. En otras palabras, el Ministerio defiende que actuó conforme a las reglas vigentes y que las decisiones adoptadas respondieron al procedimiento previsto en la ley.
También se le preguntó al MinTIC cómo se calculó el monto de la multa impuesta. La entidad respondió que la sanción fue definida dentro de un proceso administrativo en el que, asegura, se respetó el debido proceso y se valoraron las pruebas del caso. La entidad agregó que el valor de la multa se fijó con base en los criterios establecidos por la ley y que no obedeció a una decisión arbitraria, discrecional o producto de una negociación.
Ante las sospechas que se han levantado desde algunos sectores de esta industria, las cuales señalan que el espectro que hoy tiene Telecall podría ser cedido o vendido a otro operador en el futuro, el MinTIC recordó que cualquier decisión de esta naturaleza debe estar sujeta a la ley y al acto administrativo particular de otorgamiento del permiso para el uso del espectro radioeléctrico.
¿Demandará Telecall?
Aunque, desde el punto de vista jurídico, la empresa tendría argumentos para iniciar un litigio y reclamar una reparación por el tiempo que, a su juicio, tardó el Ministerio TIC en resolver el caso, fuentes consultadas por El Espectador aseguran que ese no sería el camino que planea seguir. La intención de la compañía sería dar por cerrado este episodio y evitar prolongar el desgaste.
Ahora que se encuentra al día con sus obligaciones frente a la Nación, Telecall estaría concentrada en ejecutar sus planes de inversión y consolidar su entrada al mercado colombiano de las telecomunicaciones. Su estrategia, según las mismas fuentes, se enfocará en expandir la cobertura en zonas donde la presencia de los operadores tradicionales sigue siendo limitada, o inexistente.
No obstante, si eventualmente quisiera iniciar un proceso, jurídicamente tiene cuatro meses contados desde el momento en que el acto administrativo quedó en firme. Si ese término vence sin que se interponga la acción correspondiente, la decisión quedará consolidada y ya no habrá posibilidad de cuestionarla por esa vía.
¿Telecall se favoreció?
Otras fuentes consultadas por este medio, que pidieron mantener su identidad en reserva, consideran que el tiempo durante el cual Telecall permaneció al margen del mercado también pudo jugar a su favor. En la práctica, explican, la empresa tuvo la oportunidad de observar cómo se desenvolvieron sus competidores, identificar sus aciertos y errores y, con ese aprendizaje, preparar una estrategia antes de entrar a competir.
En parte, este fue uno de los argumentos por los que se creía justo quitarle el espectro a Telecall.
El Ministerio, por su parte, señala que a Telecall no se le ha dado un trato diferencial y que si, eventualmente, algún otro operador incumple con sus obligaciones, las consecuencias serán las mismas.
Más allá del desenlace para Telecall, este caso deja preguntas sobre la capacidad del Estado para resolver con asertividad y prontitud controversias que involucran inversiones estratégicas para la nación. En un sector que exige reglas claras y decisiones ágiles, un trámite que se prolongó durante más de un año y medio terminó impactando no solo a un operador, sino también a los recursos que esperaba recaudar la Nación y al ritmo del despliegue de la tecnología 5G en Colombia.
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