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Es una realidad incontrovertible: las tarifas eléctricas están disparadas. Pero querer bajarlas a sombrerazos es una mala señal. Para eso existe la institucionalidad (las comisiones de regulación) y en ellas hace presencia el Gobierno con los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Desde el año pasado se ha amenazado con intervenir la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Ahora esa idea se hace sobre el mercado de generación eléctrica, tras un primer intento a finales de 2022.
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El alza en las tarifas eléctricas superó ampliamente el nivel de inflación de 2022 del 12,13 %. Sin embargo, intervenir las tarifas, como lo anunció el presidente Petro, no es el camino correcto, sostienen analistas del sector y del mercado financiero. “Lo primero es reconocer que hay un problema en término del aumento tan grande que tuvieron las tarifas de la energía, incluso del gas, el año anterior, bastante por encima de la inflación. Reconociendo ese problema, también es importante hacerlo con la necesidad de tramitar las soluciones a ese problema dentro de la institucionalidad que ha funcionado muy bien durante los últimos 30 años”, señaló el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.
La situación es más delicada cuando el país comienza a presentar déficit de energía en firme, situación que se acentuará a partir de 2025. Por eso se van a requerir unas subastas en las que se espera la participación de importantes inversionistas del sector. De hacerse efectiva la idea lanzada por la administración Petro, es posible que se ahuyente a los inversores y las necesidades del país de una subasta de expansión fracasen.
“La capacidad instalada está al límite, se requieren inversiones inmensas para asegurar abastecimiento en el futuro. Y la incertidumbre sobre las reglas de juego no atrae inversión nueva, porque si abren subastas es probable que pocos o nadie se presenten”, sostuvo a través de su cuenta de Twitter María del Pilar López, profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
En este sentido, el director de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, considera que “estamos a la expectativa de conocer cuáles serán los cronogramas y cuáles serán esas subastas, que creemos nosotros son las vías para solucionar el tema de un mercado en el cual hoy tenemos una estrechez importante desde el punto de vista de oferta de generación de energía eléctrica”.
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En materia de inversiones en el sector eléctrico, la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén), Natalia Gutiérrez, recuerda que la expansión del servicio eléctrico se ha hecho con aportes de la empresa privada, recursos que superan los $140 billones. “En 2021, los aportes del sector superaron los $7 billones, entre impuestos, tasas y parafiscales, y en los últimos cinco años han superado los $26 billones”, señala la dirigente gremial. Destaca que en el sector eléctrico nacional “existen empresas prestadoras del servicio con altísima calidad y eficiencia en su operación”.
Para Gutiérrez, el respeto por la institucionalidad “es un pilar fundamental para seguir teniendo seguridad jurídica y reglas de juego claras para empresas públicas y privadas que le han apostado a este país”. Por su parte, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, justificó el anuncio del mandatario de los colombianos. “El objetivo del presidente es revisar los criterios técnicos para el cálculo y la formulación de las tarifas de los servicios públicos que, para el caso de la energía, no han tenido revisión desde 1994″.
Mensaje de intranquilidad
A juicio del director de Fedesarrollo, la alternativa de retomar funciones desde la Presidencia de la República para bajar las tarifas, ya sea por decreto o por algún tipo de instrumento administrativo, “podría naturalmente generar incertidumbre en el sector, especialmente frente a las nuevas inversiones que son necesarias para continuar generando la expansión del sector”. Lo mejor es tramitar esas diferencias dentro de las comisiones de regulación, donde el Gobierno Nacional hace presencia de manera importante, de nuevo “reconociendo que existe un problema que hay que resolver, y ese problema se debe resolver con medidas de corto, mediano y largo plazos”, sostiene Mejía.
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Desde la Cámara Colombiana de Energía se advierte que “la intervención política en la actividad regulatoria podría traer consecuencias graves a mediano y largo plazos”. El presidente del gremio, Carlos Alberto Zarruk, sostiene que el eléctrico “es un sector en el que el análisis técnico debe prevalecer en la toma de decisiones sin dejar de incluir, por supuesto, componentes de apoyo social cuando sea necesario en algunos momentos y en algunas regiones del país”.
Desde el lado de los consumidores, Sandra Fonseca, presidenta de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), considera que “es importante que se adopten de manera oportuna las decisiones que están llevando al incremento tarifario desmedido y a la falta de competencia en el mercado mayorista de energía”. Esas medidas deben ser aprobadas de manera expedita. El gremio de los consumidores estima importante “la actualización de un indexador equilibrado para las tarifas, el control de las pérdidas y la generación de seguridad, y especialmente las señales para una expansión pronta y eficiente tanto de generación como de transmisión, sin olvidar las expansiones en distribución que están retrasadas y afectan profundamente la calidad del servicio”.
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