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El Permian volvió a ser centro del debate nacional. Ecopetrol participa junto a Occidental Petroleum (OXY) en este yacimiento. El presidente Gustavo Petro insistió en que la petrolera debe vender su participación en el negocio. Esta no es la primera vez que el mandatario pide salir de ese activo en Estados Unidos, tampoco es la primera vez que los ruidos alrededor de negocios de “fracking” generan cuestionamientos sobre la independencia de la empresa y el carácter técnico de las decisiones. En el medio hay nuevos análisis y discusiones por las cifras.
Las claves del debate
El Permian (yacimiento no convencional, donde se utiliza “fracking”, técnica que el propio Gobierno ha rechazado en el país) se extiende entre el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México. Es una de las cuencas más prolíficas del mundo en extracción de petróleo y gas, y se ha convertido en el epicentro del auge energético de Estados Unidos durante la última década. En 2019, Ecopetrol ingresó al Permian gracias a una alianza con OXY, en la que adquirió el 49 % de participación en los activos del proyecto, mientras OXY mantiene el 51 % y la operación.
El sector de minas y energía y los analistas económicos están de acuerdo en que es un buen negocio para Ecopetrol, pero el presidente Petro insiste en que la empresa debe venderlo. Las decisiones alrededor del “fracking” en la petrolera son un tema complejo, tanto así, que el año pasado dos miembros salieron de la junta directiva por un negocio que no fue.
El 1° de agosto de 2024 Ecopetrol informó que la compañía decidió no ampliar las operaciones de “fracking” en Estados Unidos en el proyecto Oslo, también en el Permian. A finales de ese mes, Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta presentaron sus renuncias a los cargos de miembros independientes de la junta con un documento que avivó las dudas sobre el gobierno corporativo de la empresa.
En mayo, la junta aprobó por mayoría adquirir el 30 % de los activos de la sociedad CrownRock, propiedad de OXY, en la cuenca del Permian, pero —según el relato de Echavarría y Zuleta— el 31 de julio Petro les dijo a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y a varios miembros de la junta, que no estaba de acuerdo. Después la junta decidió no continuar con un negocio que parecía clave para proteger el futuro de la empresa. La situación generó críticas y dudas sobre el gobierno corporativo.
En febrero de este año, Petro señaló en un consejo de ministros que quiere que se venda la operación en el Permian que ya tiene Ecopetrol, para invertir los recursos en energías limpias. Las palabras del presidente llegaron pocos días después de que Ecopetrol informara que acordó con OXY extender su plan de desarrollo en la cuenca del Permian, argumentando que tras cinco años de operación se han alcanzado “resultados operacionales y financieros positivos, reflejados en el crecimiento de la producción y su contribución a los resultados del Grupo Ecopetrol”.
En los últimos días Petro revivió el tema, justo en un momento de cambios para la empresa. Mónica de Greiff renunció a la junta directiva que además presidía. Fuentes cercanas a la empresa afirmaron a este diario que la salida tiene que ver con desacuerdos con Petro frente a tres temas: la compra de Monómeros, la negociación de gas de Venezuela y el Permian. Sin embargo, De Greiff no ha confirmado los hechos que motivaron su renuncia y tampoco si esta, efectivamente, tiene que ver con el presidente.
Ecopetrol citó a una asamblea de accionistas extraordinaria para el próximo 11 de noviembre. En la sesión se aprobará la modificación a los estatutos sociales. Básicamente, el cambio permite que un trabajador, elegido por votación por empleados de la compañía, sea parte de la junta directiva. Así se abre la puerta para que la silla vacía sea ocupada, justamente, por una trabajadora (considerando que actualmente no se cumple con el mínimo de participación femenina requerido).
¿Qué está en juego?
Esta semana, expresidentes y exmiembros de la junta de Ecopetrol, exministros de Minas y Energía, así como expertos, firmaron una carta en la que les pidieron a la Contraloría y la Procuraduría “tomar acciones inmediatas y efectivas” para defender la empresa y evitar un detrimento patrimonial con la posible venta de Permian.
La carta, que reúne los argumentos de 70 expertos del sector, destaca que el Permian representa el 15 % de la producción de Ecopetrol y que en términos financieros es el mejor negocio de la compañía, con un margen Ebitda del 76 %, frente a un promedio del 35 al 40 % de los proyectos nacionales y el 14 % del Ebitda del segmento de exploración y producción. Los datos provienen de los reportes presentados por Ecopetrol ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Los firmantes de la misiva añadieron que desprender a la petrolera de su participación en el Permian afectaría los ingresos y la estabilidad de las reservas: “Se estima perdería cerca de 189 millones de barriles equivalentes de reservas, es decir, 10 % del total”. La venta también implicaría una caída del 30 % en el precio de la acción, según los expertos.
Ante los rumores de una posible venta, la Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de trabajadores de Ecopetrol, aseguró que una decisión de este tipo pondría “en riesgo a la empresa más importante de los colombianos”, significaría renunciar al negocio más rentable de la petrolera en el segmento de hidrocarburos y enviar un mensaje de inestabilidad al mercado y a los trabajadores. “De materializarse esta decisión, no le quedará un camino diferente al sindicato que adelantar acciones contundentes de movilización y protesta contra medidas que marchitan la empresa”, dijo el sindicato.
Petro, por su parte, afirmó en entrevista con Daniel Coronell que informes de las agencias de control estadounidenses sobre capitales evidenciarían que el negocio no es “una mina de oro” como se presenta en Colombia y que, de hecho, pondría en riesgo la estabilidad financiera de la compañía.
En paralelo, se conoció un informe del Consejo Permanente para la Transición Energética Justa y de la Alianza Colombia Libre de Fracking, de la autoría de Juan Gonzalo Castaño Valderrama, ingeniero de petróleos y magíster en ingeniería industrial. El texto, en el que también se estaría apoyando el Gobierno, sostiene que el Permian no es un buen negocio para Ecopetrol.
Entre otras cosas, el informe dice que en cinco años de operación apenas se han recuperado USD 822 millones, frente a una inversión que ya supera los USD 2.800 millones, más USD 970 millones en pasivos; que la producción entre 2023 y 2024 no se tradujo en utilidades; que la rentabilidad cayó 48 % entre 2023 y 2024, y que el margen por barril es de solo USD 5, mientras las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja generan el doble.
“Nuestra gran conclusión es que este ha sido un excelente negocio para OXY, que obtiene el 51 % de la producción con una inversión mínima, mientras Ecopetrol y, por ende, el Estado colombiano asumen hasta el 75 % de los costos. Un negocio así no fortalece a la empresa pública ni a su accionista mayoritario, que es la Nación”, señaló Castaño a El Espectador.
El estudio, que contradice las valoraciones que la misma empresa ha hecho del negocio, fue recibido con escepticismo por parte de expertos del sector. El ingeniero Óscar Ferney Rincón, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Energía y Tecnologías Afines (Acipet), aseguró que hay cifras “auditadas y certificadas por terceros” y publicadas por la empresa que demuestran la importancia del Permian.
El gremio está revisando el informe de la Alianza Colombia Libre de Fracking. De manera preliminar, Rincón advirtió que el documento, si bien se basa en cifras publicadas, se queda corto en el análisis. “Entre otras cosas, valora las inversiones que se han hecho, pero no los flujos de caja futuros, sin lo que no es posible hacer un análisis, tampoco se refiere al Ebitda (un indicador claro de caja) ni a los flujos de caja descontados (metodologías aceptadas para la valoración de activos, proyectos y reservas), y si lo hace con la utilidad anual, que si bien es un indicador importante, no refleja el ciclo de vida del activo”.
Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, coincide en que el análisis parece tener problemas metodológicos y sostiene que los supuestos del artículo no son verificables. “Valorar un proyecto es una tarea que requiere muchos elementos que, al parecer, el informe no tuvo en cuenta. Se está evaluando en cuatro años una inversión que es de 10. Los datos públicos sobre el negocio, que podemos confirmar, muestran lo contrario: que sí es rentable”.
En esa misma línea, Sergio Cabrales, investigador en temas de energía y docente de la Universidad de los Andes, explica que el retorno sobre el patrimonio (ROE) del Permian ha sido, en promedio, del 11,2 % entre 2021 y 2024, una cifra que se considera consistente en el sector petrolero. En ese mismo período el patrimonio del proyecto aumentó de COP 3,34 a COP 11,51 billones, lo que -en palabras de Cabrales- evidencia una capitalización progresiva, es decir, que parte de las utilidades se han reinvertido en el propio negocio para aumentar su valor y propender por un crecimiento futuro.
La empresa puede optar por repartir utilidades o reinvertirlas, en el caso del Permian, dice Cabrales, Ecopetrol ha preferido destinarlas a fortalecer la operación y ampliar la capacidad productiva. El investigador también precisó que la reducción reciente en la utilidad neta (de COP 1,36 a COP 0,73 billones) responde al aumento de la inversión y de los gastos financieros, no a una caída estructural del negocio.
Carlos Arturo Cárdenas Guerra, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), advierte que considerar la venta de la participación de Ecopetrol en el Permian sería una decisión desacertada para el país, teniendo en cuenta que su aporte en materia de transferencias, dividendos y regalías al Estado en los últimos tres años ha sido superior a los COP 141 billones.
Las decisiones de la junta
El presidente Gustavo Petro ha sostenido que el Permian es más un lastre que una oportunidad para la empresa. Más allá de las opiniones, las declaraciones del presidente, como lo han advertido los expertos, no deberían afectar las decisiones de la empresa más grande del país. Aunque el Estado es el principal accionista, la compañía tiene una junta directiva que debe analizar cuidadosamente cada movimiento para actuar en pro de la empresas y de sus accionistas.
Los exministros, expresidentes, exmiembros de la junta y expertos que firmaron la carta antes mencionada sostienen que habría detrimento patrimonial, incumplimiento de deberes y extralimitación de funciones por parte de Roa y los miembros de la junta si cedieran a las “presiones que, según ha trascendido, viene ejerciendo el presidente de la República, como ya sucedió en el pasado en el caso del proyecto Oslo”.
Las decisiones sobre el Permian que tome la junta directiva (que se espera tendrá cambios pronto) serán determinantes para el futuro de Ecopetrol, de las finanzas públicas, de los accionistas y de todos los colombianos. Lo ideal es que sean las cifras y los análisis técnicos los que marquen el rumbo de Ecopetrol, más allá de la defensa férrea del Permian o de la negativa al “fracking” del Gobierno.
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