Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El economista Dairo Estrada llegó en noviembre de 2018 a la presidencia del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, un banco de segundo piso, es decir, que irriga recursos al Banco Agrario y la banca privada a través de figuras como el llamado redescuento, para que sean esos intermediarios los que ofrezcan productos como el crédito al sector agropecuario.
En entrevista con este diario, el funcionario celebró logros como el aniversario número 30 de la entidad, que se cumplió este mes, y las cifras récord en colocaciones de crédito en 2019: $19,2 billones, que representaron un crecimiento de 26 % respecto al año anterior, así como el dinamismo de la participación de la banca privada, que ha venido aumentando su oferta para los productores. La inclusión financiera y el crecimiento del PIB agropecuario impulsado en el crédito están entre los retos que dice tener para su gestión.
Lleva más de un año en el cargo. ¿Qué logros o cambios destaca de este período?
Finagro está cumpliendo 30 años, fue creado con la Ley 16 de 1990. Durante esta trayectoria ha sido el principal gestor de la política de financiamiento, que funciona mediante un mecanismo en el que los intermediarios financieros compran títulos de desarrollo agropecuarios. Con esos recursos se pueden hacer operaciones de redescuento: un traslado de recursos hacia los bancos que otorgan el crédito agropecuario, principalmente el Banco Agrario. El año pasado fue récord en colocaciones de crédito en Finagro: más de $19,2 billones en más de 410.000 operaciones, equivalentes a un crecimiento de 26 %, que nunca habíamos tenido. Lo atribuyo a que hemos hecho cambios de política que permiten flexibilización del crédito.
¿Como cuáles?
A través de la Comisión Nacional de Crédito, ente regulador de la política, ha habido cambios importantes, como la ampliación de los plazos de las líneas de capital de trabajo, es decir, aquellos créditos para garantizar el sostenimiento de los cultivos, para el pago de las nóminas y, en general, para que las inversiones continúen de manera fluida. Ese plazo se cambió de dos a tres años. Creo que eso dio dinamismo al crédito. También creo que se ha visto influenciado por la política de subsidio de tasa de interés que viene adoptando el gobierno del presidente Duque. El crédito en condiciones Finagro es en condiciones de fomento, es decir, las tasas más bajas del mercado, pero además el Gobierno da un subsidio de tasa de interés para que se pague a tasas aún menores, más favorables para los pequeños productores. Y creo que el sistema financiero tiene cada vez mejor estructurado el financiamiento al sector agropecuario, que se está volviendo más atractivo. Hay unos bancos más dinámicos llevando financiamiento al campo.
Estando en el Banco de la República, a partir de estudiar el tema, usted y otros autores señalaban que los productores agropecuarios demandan productos financieros, pero no les llega la oferta adecuada. Ahora que está de este lado, ¿cómo ve esa oferta? ¿Qué cambios se han hecho o qué se puede mejorar?
Hay una brecha entre la inclusión financiera rural y la urbana. En la primera hay un rezago porque es más difícil llevar servicios financieros al campo: tenemos problemas de infraestructura, comunicaciones, situaciones geográficas complicadas. La demanda existe, los pobladores rurales quieren acceder al crédito, pero encuentran todas esas barreras que hacen que la colocación de crédito sea más compleja. Hay mecanismos que nos han ayudado, como la tecnología, que permite disminuir costos. La idea es cambiar la filosofía que hay en las ciudades: en el campo, el banco tiene que ir a donde está el productor para disminuir los costos de intermediación que tiene, porque le toca desplazarse a los centros urbanos u oficina más cercana para poder hacer sus transacciones y eso es costoso: salir de la finca e ir a la cabecera es un día de trabajo perdido, algo muy costoso para un productor. Para llevar la operación de crédito al productor, el Banco Agrario está haciendo la tarea a través de tabletas y celulares, para hacer la operación directamente en la finca. Las microfinancieras también vienen haciendo un trabajo muy importante porque es parte de su modelo, en el que los intermediarios ofrecen los servicios en el lugar donde se hace la actividad productiva. Ese es el reto: tener cada vez más instrumentos financieros acordes a las necesidades de los productores y trabajar en educación financiera, en donde también hay un rezago, para que los productores sepan qué es una tasa de interés, una garantía, un seguro.
¿Cómo va Finagro en materia de aseguramiento?
El seguro agropecuario es una lucha a largo plazo. No es fácil llevarlo a los productores porque no hay cultura de aseguramiento; hay que trabajar por el lado de la demanda para que los productores entiendan los beneficios de asegurarse. Destaco del Gobierno que el presidente Duque y el ministro Andrés Valencia han hecho la apuesta de garantizar que haya suficiente oferta de recursos para subsidiar los costos de las primas. El año pasado hubo $80.000 millones para ese fin, para que más productores, principalmente pequeños, puedan acceder a seguros. Por el lado de la oferta también había que trabajar, porque durante mucho tiempo solo hubo una compañía de seguros que tenía oferta de seguro agropecuario. Ahora hay seis que los ofrecen, incluso empresas del exterior. El año pasado, la línea del seguro agropecuario se movió para beneficiar actividades productivas que estuvieran más enfocadas en un ordenamiento productivo: queremos que la producción tenga un ordenamiento lógico, que se siembre donde se debe sembrar, donde hay más productividad, y que esos cultivos que se aseguren cumplan con unos beneficios de acuerdo con las condiciones de los productores: si es pequeño, mujer o joven rural tiene mayores beneficios; si el productor hace parte de un clúster productivo estratégico (de los priorizados por el Ministerio) también recibe un subsidio adicional. Esta dinámica arrancó. Colocamos cerca de $50.000 millones y este año esperamos que con los recursos, que vuelven a subir hasta los $80.000 millones en recursos para subsidio a la prima, también veamos esa dinámica, no solo con el seguro comercial tradicional (un cultivo protegido contra plagas o fenómenos climáticos), sino empezar a incorporar seguros paramétricos o de índice que permiten que las compañías ni siquiera tengan que visitar al productor, sino que con una administración de información se establecen índices y se pagan las primas por los siniestros de acuerdo a como se comportan esos índices. Eso disminuye los costos. O los llamados seguros catastróficos, para que no sea un productor el que se asegure sino una región, una zona, un municipio o productores agremiados en una zona específica.
Finagro se había empezado a interesar en asuntos no agropecuarios, por ejemplo, municipios que necesitan financiación para el desarrollo de vías. ¿Por qué? ¿No se cruza eso con las funciones de otras entidades estatales?
Finagro ha visto una transformación que queremos fortalecer y es pasar de financiar producción agropecuaria a tener más un concepto de ruralidad: no solo con servicios financieros al productor, sino a la población rural. Para eso, podemos financiar a los entes territoriales en condiciones favorables. Por ejemplo, un municipio que quiera hacer reformas en sus plazas de mercado. Son las tasas más bajas del mercado, es un costo muy barato para los municipios. También somos muy conscientes de que no solo podríamos financiar actividad agropecuaria, sino al panadero que trabaja en una vereda o el que está haciendo transformación de algún producto primario. Con microfinanzas llegamos a todos esos pobladores rurales con una actividad económica. En el Plan Nacional de Desarrollo se le da la oportunidad a Finagro de hacer operaciones de redescuento con entidades no vigiladas: ONG, cooperativas, fundaciones, asociaciones de productores, que por estar en las regiones están en la capacidad de dar los créditos a ese tipo de actividades. Tenemos un fondo de microfinanzas rurales que se creó hace unos años, y ahora, con recursos de Finagro, podemos pasar hasta el 20 % del patrimonio técnico de Finagro, unos $200.000 millones, para que estas entidades puedan recibir recursos para operaciones de microfinanzas.
¿A qué condiciones se someten los municipios a cambio de términos tan favorables? ¿Cosas como lo que ocurrió con los Bonos Agua no ha minado la confianza para acceder a fuentes de financiación?
Los Bonos Agua fueron un mecanismo para obtener financiamiento para inversión en administración de recurso hídrico. Ahora, esta es una oportunidad mayor, porque puedo financiar cualquier tipo de proyecto y no necesito hacer emisiones: voy al banco, hago la operación de crédito y nosotros ya tenemos una categorización de municipios. De acuerdo con el perfil financiero de cada municipio, establezco unas condiciones. El sistema nacional de crédito dijo que cojamos esa categorización y, en la medida que estén en una categoría, pueden obtener más o menos financiamiento. No queremos que los municipios se sobreendeuden.
¿Y cómo es la evaluación del riesgo a través de las entidades no vigiladas, por el bien de los recursos públicos y de los usuarios?
Ha habido un esfuerzo por conocer las características de los intermediarios, necesitamos acomodar los modelos de riesgo a las características que tiene cada tipo de intermediario: no puedo evaluar una fundación o una ONG como un banco. Hemos depurado esos modelos de riesgo para que las no vigiladas tengan un modelo especial, más preciso. Por ejemplo, las entidades pequeñas tienen problemas de gobierno corporativo. La idea no es que Finagro sea gran validador del riesgo, que si no pasó, de malas, sino decir que veo ciertas cosas que hacen que no le pueda dar el redescuento, para que entonces armemos un plan a dos, tres o seis meses para mejorar esos indicadores, y le voy a dar asistencia técnica para que mejore y que entonces pueda tener la operación de redescuento. Somos más proactivos en dar esa capacitación y acompañamiento.
Finagro formará parte de la holding financiera del Estado. ¿En qué va esa conformación y qué implicaciones tendrá para la entidad?
El cambio más significativo que habrá es tener una sombrilla general alrededor de todas las entidades financieras del Estado. La idea es que se sigan cumpliendo los objetivos que tiene cada entidad. No tenemos mucha información. El proyecto lo está manejando directamente el Ministerio de Hacienda, pero hemos venido colaborando con los consultores y la gente que está estructurando el proyecto. Hay garantía de que la institucionalidad de cada entidad será prioridad, y dentro de ese holding lo que se quiere tener es sinergias que puedan disminuir costos y que las entidades mejoren en eficiencia. El mensaje del presidente ha sido muy tranquilizador en el sentido de que uno puede generar eficiencias sin que haya repercusiones en las condiciones laborales o el número de empleados.
Conoce más