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Se acaba el tiempo del Gobierno para buscarles solución a los problemas que enfrenta el sector eléctrico. Una situación preocupante ante la inminente presencia del fenómeno de El Niño, que se espera con mayor intensidad para finales de 2023 y comienzos de 2024.
Además, la no designación de los expertos en propiedad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) preocupa, pues esos nombramientos son necesarios para mantener la agenda regulatoria andando. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, dice que el proceso de selección ya está en camino.
“Como empresa se invierte porque se cree en la regulación del sector”, dice el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, pero la credibilidad en la institucionalidad se ha venido deteriorando. Varias empresas sienten que no tienen respaldo para seguir actuando y se alistan para frenar los proyectos de generación de energías renovables. Es el caso de EDF Renewables que ha decidido retirarse del desarrollo energético en la planta energética de Girardot (Cundinamarca), ”debido a retrasos significativos en los permisos y licencias ambientales por parte de entidades locales”.
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Igualmente, argumenta la empresa extranjera, la carga impositiva aprobada en la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro juega en contra de sus intereses. “Esta situación, también, ha sido consecuencia de cambios regulatorios y fiscales que han ocurrido desde la subasta. Entre ellos, la reforma tributaria que impactó las rentabilidades de los proyectos y los beneficios de la Ley 1715, para promover las energías renovables”.
El retraso en los proyectos de energía renovable es otro ingrediente que deja mal sabor en el sistema eléctrico colombiano, ya que la expectativa de entrada de proyectos no se ha materializado. Andeg estima que de los 2.500 megavatios comprometidos en 2019 han entrado apenas 400 megavatios. Múltiples razones están afectando el buen desarrollo de estas iniciativas empresariales: conflictividad social, demoras en licenciamientos, falta de redes de transmisión para conectar esa energía al sistema nacional.
La Asociación de Energías Renovables Colombia (SER Colombia) señala que por lo menos 85 proyectos se encuentran en problemas para seguir ejecutando las obras requeridas.
El exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, recordó en la red social X que “el gobierno pasado hizo una subasta de cargo por confiabilidad en sus primeros seis meses para garantizar la seguridad eléctrica y realizó dos subastas de renovables para diversificar la matriz de generación”.
Explicó que antes de terminar el gobierno entraron en operación seis proyectos térmicos y quedó despejado el camino para que Hidroituango entrara a finales de 2022. También se instalaron 22 granjas solares, dos parques eólicos comerciales, 10 proyectos de autogeneración a gran escala y más de 3.000 proyectos solares fotovoltaicos de autogeneración a pequeña escala.
Según Mesa, entre otras cosas, también se dejaron más de 3.500 megavatios en proyectos renovables adjudicados en subastas o en etapa de construcción. “Ante la coyuntura actual y las complejidades propias del sector, es urgente una gestión eficiente y técnica desde la política pública y la regulación”, señaló el exfuncionario del gobierno anterior.
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Al oscuro panorama del sector eléctrico se agrega la situación advertida por Brookfield Corporation, accionista de Isagen. En informe enviado al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, señala que ven con preocupación “las diferentes iniciativas de medidas anunciadas por el Gobierno Nacional que, en caso de ser implementadas, perjudicarán los derechos y las expectativas legítimas de inversionistas extranjeros que han confiado y quieren seguir confiando en el potencial de Colombia”.
La multinacional canadiense critica la forma como el Ministerio de Minas y Energía desconoce “el rol de la CREG como comisión experta e independiente”. Brookfield Corporation advierte sobre la propuesta de modificar el reglamento interno de la Comisión para subordinar “a los comentarios del Ministerio de Minas y Energía” y también acabar con su independencia financiera “trasladando los recursos de su funcionamiento al presupuesto” del Ministerio.
“La regulación debe respetar todos los principios, incluido el de suficiencia financiera, no solo algunos de ellos, y tomar decisiones en beneficio del servicio con razones técnicas, de seguridad y confiabilidad, con independencia de otro tipo de razones. Hay que mantener la inversión nacional y extranjera en el país”, señala Patrícia Arrázola, socia directora de Energía & Recursos Naturales de la firma Gómez-Pinzón.
Por su parte, la firma calificadora Fitch Ratings había advertido que “las medidas regulatorias adversas adoptadas por el gobierno colombiano desde finales de 2022 han debilitado la confianza de los inversores en el sector, desalentando las inversiones en nueva capacidad de generación de electricidad necesaria para satisfacer el crecimiento futuro de la demanda”.
Como si fueran pocos los problemas que enfrenta el gobierno en el sector eléctrico y que lo tienen caminando por una cornisa mojada y resbalosa, el principal proyecto hidroeléctrico del país, Hidroituango, también sufrió bloqueos y protestas sociales, que por fortuna fueron solucionados.
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Una radiografía alterada
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, señaló que XM, la empresa que administra y opera el mercado mayorista del Sistema interconectado nacional (SIN), informó en un boletín del pasado miércoles “que el precio de la energía en Bolsa ($1.051 KWH) rebasó este miércoles el denominado precio de escasez (1.047.65 KWH) en el predespacho ideal” para el jueves. Lo que según él “es una señal inequívoca de que estamos en presencia de una situación crítica en el SIN”.
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La generación eléctrica a base de gas, otros combustibles líquidos y carbón empieza a presionar el costo de la electricidad en el país. Se estima que el valor de la factura eléctrica podría subir hasta en un 11 %. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, recuerda que “los aportes hidrológicos (lluvias) en septiembre fueron de 55,87 %, lo que representa el peor registro de un mes de septiembre en la historia”, ello obliga a que los generadores hidráulicos desembalsen a menor ritmo para producir energía.
“La realidad es que nos estamos gastando el agua de los embalses a mayor velocidad de lo que se están llenando. Por eso, nuestra prioridad debe ser garantizar el abastecimiento desde hoy y durante los próximos meses, en los cuales se sentirá con mayor intensidad el Fenómeno de El Niño”, alertó Acolgen.
Gutiérrez recuerda que a los embalses les caben 13.400 GWh de agua y diariamente se utilizan 220 GWh, que es el consumo diario de energía en el país. En la red social X explicó que ante la disminución de las lluvias, los embalses se llenan a menor ritmo y las precipitaciones pueden llegar a ser 100 GWh diarios.
Si se consumen diariamente 220 GWh y solo llegan 100 GWh al día, gradualmente se va a ir reduciendo el nivel del embalse, aun cuando el gobierno establece que ese embalse no debe bajar de un nivel del 63 %. “Bajo la coyuntura señalada, pasados 20 días podríamos ubicarnos por debajo del nivel mínimo de embalses establecido por el Gobierno y en menos de cuatro meses podríamos quedarnos sin generación hidráulica”, dijo Gutiérrez. En esas circunstancias hay que echar mano de una mayor generación térmica a gas, diésel o carbón.
Asimismo, Acolgen hizo un llamado al ministerio de Minas y Energía, a la CREG y a XM para “revisar las condiciones de intercambio de energía eléctrica con Ecuador, dada la actual coyuntura energética”. En el marco de las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con Ecuador, en agosto Colombia importó 42.23 GWh y exportó 20.25 GWh, precisa XM.
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En declaraciones radiales, el ministro de Minas y Energía afirmó que el Gobierno no está viendo un apagón en términos de energía, sino dificultades financieras de, al menos, ocho electrificadoras que están quedando expuestas en bolsa, lo que las hace vulnerables. Por ello, exploran medidas para suministrar los recursos necesarios para sacar estas empresas de la sequía financiera. La suma que les adeuda a las electrificadoras, de capital privado, públicas y mixtas, es cercana a los $7,2 billones, que equivale a algo más de 2,4 años del ingreso regulado de comercialización, que hace inviable este servicio que prestan las empresas, recuerda Asocodis.
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