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La decisión fue calificada por la superintendente Evamaría Uribe, como un valioso apoyo a la labor de la Superintendencia de Servicios.
"Este es un trabajo conjunto -afirmó la superintendente- que estamos adelantando la Procuraduría y la Superservicios y que tiene como principal objetivo no sólo que los gobernantes y gerentes de empresas prestadoras cumplan con esta obligación, sino también que no se ponga en peligro la prestación de los servicios públicos a todos los demás colombianos".
El no pago de los servicios públicos también compromete las inversiones en el sector, al igual que la calidad y expansión de cobertura de los servicios, concluyó la funcionaria.
El pasado 16 de septiembre la Superintendencia había hecho un llamado a todas las empresas de acueducto y alcantarillado del país -en especial las de la Costa Atlántica- que mantienen deudas en materia de servicios públicos con las empresas de energía para que se pusieran al día con estas obligaciones.
De acuerdo con los datos suministrados por la empresa Electricaribe a 30 de junio del presente año la deuda de los prestadores de acueducto en la Costa Atlántica ascendía a $17.000 millones
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