¿Es nuestra responsabilidad?

Proviniendo de líderes de multinacionales, estos llamados suelen dirigirse hacia el mejoramiento de la gobernanza global, de las reglas de juego y de las instituciones que las respaldan. Si bien hay muchos problemas que deben atacarse a nivel global, las actuaciones nacionales también son necesarias. Esto cobra particular validez en América Latina, donde hay serias deficiencias en la gobernanza nacional. Si las acciones de apoyo al buen gobierno redundan directa o indirectamente en los beneficios presentes o futuros de las empresas, éstas podrían considerarse como parte legítima de la responsabilidad social corporativa.

Existen graves deficiencias en el entorno de los negocios, desde infraestructura, pasando por salud, educación, eficiencia gubernamental y hasta en seguridad jurídica. En comparación con otras regiones del mundo, muchos de los países de América Latina no salen muy bien parados. Un estudio del Banco Mundial sobre los indicadores de gobernanza, calificó a la región cerca o debajo del promedio, en las categorías de ejercicio de la opinión, mejor que sólo el 52% de los países; estabilidad política, 38%; efectividad del gobierno, 43%; calidad de la regulación, 47%; seguridad jurídica, 35%; y control de la corrupción 45%. Con estas cifras quedan bastante lejos de los países latinos de Europa, que a su vez están a buena distancia de las naciones del mundo con los mejores índices.

La solución de estos problemas beneficiaría a las empresas, pero se trata de problemas demasiado grandes para que los aborde una empresa por sí sola y muchas veces se produce un desánimo ante la magnitud de la tarea. Sin embargo, algunas compañías han mostrado interés en participar en alianzas múltiples para contribuir a paliar estos problemas.

¿Cómo involucrarse? Las actividades que deben apoyar las empresas deben entonces tener algún impacto positivo sobre su propia situación.

Las siguientes podrían ser algunas de las áreas de intervención de las empresas: Asistencia administrativa en la gestión del Estado. Estas mejoras en la administración del gasto y las inversiones públicas pueden redundar en beneficios para las empresas en términos de mejor infraestructura, personal más educado, reducción de la corrupción y estabilidad política.

Mejoramiento en sistemas de administración de justicia. Los procesos judiciales son lentos y engorrosos. Las empresas pueden contribuir al fortalecimiento de instituciones y al diseño de políticas a través de capacitación y mejoras en los sistemas de información legales que dependen de la documentación escrita.

Fortalecimiento de las instituciones de supervisión y regulación. Las empresas se enfrentan cotidianamente al impacto y costos de las regulaciones. Ellas pueden contribuir al diseño de éstas facilitando el acceso a mejores prácticas, mejorando los sistemas de información y entrenando a los reguladores.

Simplificación de trámites para hacer negocios. El 21% de las empresas de América Latina cree que hay que hacer “pagos informales” para lograr que se hagan las cosas. Se puede apoyar al diseño de los procesos y las capacidades de los funcionarios.

Servicios de seguridad o de protección. Éstos pueden ser una actividad completamente fuera del ámbito de las empresas. No se trata de sustituir el sistema de seguridad pública, sino de complementarlo.

Reducción de la oferta de corrupción. Además de apoyar la simplificación de trámites y el fortalecimiento de la administración pública (demanda), las empresas pueden reducir la oferta a través de acuerdos anticorrupción.

Pero, ¿hasta donde llega la responsabilidad de las empresas? Obviamente que la empresa es responsable del impacto de sus actividades. Pero la línea que divide lo que es obligación y lo que es deseable es variable, y puede cambiar de posición dependiendo de las circunstancias.

En algunas áreas podemos hablar de responsabilidades en el sentido de que si no se hace, se habrá dejado de cumplir alguna ley, regulación, compromiso adquirido. En otros podemos hablar de responsabilidad en el sentido de que si no se hace se habrá dejado de aprovechar una oportunidad de mejorar la situación de las empresas, que forma parte de la responsabilidad fiduciaria de buscar lo mejor para los accionistas y dueños y asegurar el éxito de las empresas y su sustentabilidad. Es dentro de este segundo sentido de la responsabilidad empresarial donde caben las intervenciones en paliar las fallas de gobernanza.

La responsabilidad es la misma para todas las empresas sin importar su tamaño; lo que varía es la modalidad y capacidad de intervención. Ciertamente que las empresas grandes son las que tienen acceso a mayores recursos para invertir en estas actividades y las que posiblemente se beneficien más, pero la posibilidad de intervención no se limita a ellas. Todas las empresas pueden contribuir, especialmente a través de asociaciones ad hoc o a través de asociaciones empresariales ya constituidas, no sólo porque la asociación mejoraría el impacto, sino además porque permite mitigar riesgos políticos.