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El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, recordó a las instituciones de la UE su obligación de proteger «con medidas concretas» a las empresas nacionales en aquellos países en los que ha habido expropiaciones no compensadas, como en Bolivia.
El objetivo de esas acciones, según García-Margallo, debe ser «disuadir a los países que quieran incumplir los principios básicos que rigen las relaciones comerciales o las relaciones de inversión» de seguir por esa senda.
El ministro se refirió a ese asunto en declaraciones a los medios antes de reunirse con el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, a quien ya ha remitido una carta con ese mensaje.
García-Margallo recordó que el Tratado de Lisboa «obliga a las instituciones de la Unión a proteger a todas las empresas europeas», y que «esa protección debe plasmarse en medidas concretas».
Entre ellas, explicó, figura la creación de una lista de los países que incumplan las reglas mínimas de inversión o de comercio, un análisis por países, plantear los problemas existentes ante los foros internacionales y señalar el listado de acciones que la UE puede adoptar para proteger a sus empresas.
Según el ministro, el último caso de expropiación, el de la administradora de aeropuertos Sabsa en Bolivia, no ha sido planteado por ahora a Bruselas, pero confió en que haya un «análisis» y «soluciones» de «carácter general», dado que las empresas españolas no han sido las únicas afectadas por las medidas del Gobierno de Evo Morales.
García-Margallo aseguró que España ha recibido siempre el apoyo de las autoridades europeas y recordó el respaldo de la UE en el caso de la expropiación de las acciones de Repsol en YPF.
«No hemos sentido nunca estar solos en este tema«, aseguró el ministro español.
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