
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La crisis de la economía, que por primera vez se genera por un hecho sanitario, presenta más complicaciones para la recuperación del aparato productivo por la confusión que genera la propia dinámica de la pandemia, con las incertidumbres que ha introducido en los sistemas económicos y sociales.
En este contexto, el Gobierno ha comenzado a dar las primeras puntadas para iniciar la reactivación de la economía, con el trazado de un documento Conpes que encamine al país por la ruta que traía antes de la presencia del COVID-19.
Lea también: La reactivación no es tan fácil como la pintan
El plan de acción de la Política para la Reactivación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente (PRCSI) debe estar listo antes de que termine este 2020. En ese documento se desnudan fallas en el aparato productivo y se proponen soluciones para que el engranaje del crecimiento no se detenga.
A muy grandes rasgos, la reactivación económica contempla inversiones por unos $170 billones y será un plan de acción que deberá arrancar en enero de 2021 para finalizar en diciembre de 2026.
Según las estimaciones del Departamento de Planeación Nacional (DNP) y el Ministerio de Hacienda, el plan puede impulsar cerca de un millón de empleos, dijo Luis Alberto Rodríguez, director del DNP.
“El Conpes condensa el plan de reactivación propuesto por el Gobierno, discutido con todos los ministros con metas creíbles y que son factibles, presidido por el presidente de la República”, sostuvo Rodríguez. El Conpes (Consejo Nacional de Planeación Económica y Social) siempre ha sido una institución que sirve para condensar los planes con cambios estructurales para la sociedad colombiana, argumentó el director de Planeación Nacional.
Origen de los recursos
El PRCSI contempla que, para la generación de empleo, un 50 % de los recursos cuentan con inversión privada. Se han definido cerca de 219 proyectos clasificados dentro de grandes ejes relacionados con la aceleración de las vías terciarias, las vías para la legalidad, la modernización de aeropuertos, la habilitación de accesos a ciudades y la financiación de obras de integración regional, como el pacto por el golfo del Morrosquillo. El valor estimado de estas inversiones asciende a cerca del 13 % del PIB, se explica en el documento, que aún sigue siendo un borrador.
Por cada peso invertido en la demanda de obras civiles se tiene un impacto de 2,7 pesos sobre la producción de la economía, esto es un efecto multiplicador de casi tres veces, y este mismo choque genera 28 mil empleos, precisa un estudio reseñado en el informe que prepara Planeación Nacional. Los recursos dirigidos al sector de la infraestructura de transporte serán claves para reactivar la economía colombiana tras la crisis originada por la pandemia, se precisa en el documento.
El programa de vivienda nueva tendrá impactos importantes en el proceso de reactivación, debido a los efectos multiplicadores sobre el crecimiento económico. Se tiene previsto entregar durante el período 2020-2022 por lo menos 100 mil coberturas a la tasa de interés para la financiación de vivienda nueva urbana, cada una por un valor de 42 salarios mínimos legales, independiente del valor de la vivienda. La inversión destinada para este esquema es de $3,9 billones.
Para el crecimiento limpio y sostenible, la mayor parte de los recursos es inversión privada en cerca del 69 %, seguido de un 30 % de aporte público-privado. Se espera destinar cerca del 8 % del valor total de los recursos de reactivación para la puesta en marcha de más de 30 proyectos, en los que se destacan la promoción de fuentes de energía renovable y la restauración y protección del medioambiente.
En el campo de las ayudas a los más pobres y vulnerables, el 29 % de la financiación proviene de las transferencias. Se han priorizado cerca de 130 proyectos relacionados con transferencias monetarias, acceso a servicios públicos, vivienda digna, protección a la primera infancia y educación. Se diseñarán iniciativas a escalas municipal, departamental y nacional. Sostiene el informe que este compromiso apalancará recursos de distintas fuentes para lograr invertir más de $18 billones para beneficiar estos renglones de la población, apoyándose, en buena medida, en la inversión privada con incentivos fiscales.
La financiación del programa Compromiso con el Campo y Paz con Legalidad, contempla que un 40 % de sus inversiones proviene de recursos públicos. En total se han seleccionado más de 80 proyectos en distintas regiones, sumando alrededor de $2,5 billones.
Para los programas de salud, el 32 % de sus recursos provienen de inversión pública. Reseña el informe que “contar con un sistema de salud es clave para el desarrollo económico, pues un recurso humano saludable se asocia a mayor productividad laboral y a mayores ingresos, lo que termina impulsando el crecimiento económico”. Todo esto sumado a que, claro, permite enfrentar futuros rebrotes.
Lea también: Desde la próxima semana empresas podrán aplicar de nuevo al subsidio a la nómina
Empresas y mercados externos
Con la idea de acelerar la reactivación, productividad y sostenibilidad de las empresas se contemplan estrategias de formalización, acceso a financiamiento, internacionalización, estándares de calidad, desarrollo rural, infraestructura, transformación en transición energética, servicios públicos, innovación y adopción de tecnologías y sostenibilidad ambiental. Para la generación de puestos de trabajo se analizarán las recomendaciones de la Misión de Empleo para identificar las principales barreras para la recuperación del empleo.
Para fortalecer la internacionalización de la economía se propone el diseño de instrumentos que permitan agilizar y reducir los costos de los procesos de importación de materias primas y bienes de capital, con el fin de generar acceso efectivo a factores de producción para reactivar la actividad productiva. Asimismo, se formularán incentivos tributarios y no tributarios para crear oportunidades de inversión en el país.
El documento Conpes contempla, además, que se impulsarán proyectos de encadenamiento productivos BIO en las regiones con la vinculación del sector privado, así como las empresas productoras con enfoque regional, como bioenergía, biocosméticos, ingredientes naturales, salud y bioproductos agrícolas.