Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El Gobierno decretó una nueva emergencia económica, esta vez para atender la crítica situación por la que atraviesan varios departamentos por cuenta de las inundaciones que ocasionó el frente frío que le pegó al país en las últimas semanas.
La medida, según anunció Germán Ávila, ministro de Hacienda, buscará recaudar COP 8 billones. A las 8:00 p.m. de este jueves se realizará un consejo de ministros en el que posiblemente se harán anuncios.
El panorama es catastrófico, especialmente en la costa Caribe y con particular énfasis en Córdoba. De acuerdo con las cuentas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), se han registrado más de 130 emergencias, que han afectado a 69.000 familias; en otras palabras, más de 150.000 personas se han visto directamente afectadas por las inundaciones.
Las inundaciones por este tipo de fenómenos son como el primer dominó en una larga sucesión de malos efectos: hay afectaciones en vías y puentes (lo que dificulta la llegada de ayuda y la movilidad de los afectados), miles de viviendas se encuentran con un metro o más de agua en sus interiores; y desde acá comienza a haber repercusiones para el acceso a servicios básicos, como agua potable y saneamiento.
Al final de la cadena, pero no por eso menos importante, se cuentan los cientos de miles de hectáreas en las que había cultivos o ganado. En otras palabras, después de que las aguas bajen, el problema será un enorme vacío económico, especialmente para pequeños productores.
De acuerdo con la UNGRD, sólo hasta el 6 de febrero se contabilizaban unas 19.800 hectáreas productivas afectadas. Y el Ministerio de Agricultura habla de unos 450.000 animales de producción que se suman al panorama total del desastre.
Con los días se han ido anunciando algunas medidas para atender el aspecto productivo y económico de la ecuación. Por ejemplo, desde la cartera del agro se anunció el congelamiento de términos para que no se pierdan los incentivos otorgados a través de algunos instrumentos, así como la normalización de obligaciones de pequeños productores. A través del fortalecimiento del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA) se planea otorgar beneficios por unos COP 700.000 millones para atender las afectaciones en bovinos y bufalinos, así como avanzar en la diversificación productiva.
También se han anunciado periodos de gracia de 180 días para los créditos con vencimientos entre enero y junio que tengan suscritos los productores de la zona con el Banco Agrario.
Pero por acá llegamos a un punto difícil. Por ejemplo, el Banco Agrario ya tiene una cartera de COP 1,2 billones en los departamentos afectados y esto sólo con pequeños productores de bajos ingresos, según cifras del Minagricultura. El dato muestra el enorme reto financiero en las tareas de reconstrucción y asistencia que llegaron con las inundaciones.
Los anuncios de una nueva emergencia económica llegan en un momento en el que las cuentas públicas enfrentan presiones importantes.
También lea: Es oficial: Gobierno decreta nuevo estado de emergencia económica, esta vez por las lluvias
¿Para qué se usarán los recursos de la emergencia?
Si bien al cierre de esta edición no se conocían las medidas específicas que aplicará el Gobierno al amparo de la emergencia económica, el decreto permite entrever cuáles serían las prioridades de gasto de esos recursos.
Lo primero, como ya se mencionó, es comenzar a apoyar y reconstruir el tejido productivo de las zonas con vocación agrícola y ganadera.
De acuerdo con el decreto del Gobierno, tras realizar un análisis satelital de las hectáreas afectadas por inundación en los departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia, se observa que el 94,7 % de los predios afectados corresponde a sistemas de doble propósito (1.952 predios con 231.477 bovinos), lo que implica una afectación simultánea tanto en la producción cárnica como en la láctea. El 65,2 % de los predios afectados son de pequeños productores (1.344 predios), que dependen económicamente de esta actividad. “La concentración de pequeños productores en las cuencas del San Jorge, San Juan y Canalete, sumada a la deficiente infraestructura vial terciaria, agrava la exposición de estas comunidades al impacto de la ola invernal”, dice el documento.
Otro de los renglones en los que el Gobierno está poniendo la lupa es el sector turístico ya que, argumenta el decreto, “se requieren medidas extraordinarias para garantizar la sostenibilidad de los prestadores de servicios turísticos y hoteleros afectados por la situación extraordinaria descrita, con el fin de mitigar los efectos adversos derivados de dichas condiciones”.
Así mismo, se menciona la necesidad de implementar programas e instrumentos orientados al apoyo y fortalecimiento de las micro, pequeñas, medianas empresas y unidades productivas de economía popular ubicadas en los territorios afectados.
Otra de las preocupaciones de la emergencia es salvaguardar la prestación del servicio de energía en la zona, pues la situación de los operadores de la costa Caribe es notablemente frágil (con Air-e intervenida y en “caída libre”, financieramente hablando).
En la lógica del Gobierno, se necesitan herramientas jurídicas extraordinarias para salvaguardar la infraestructura crítica del sector energético, relacionadas con flexibilizar la autorización de apropiaciones presupuestales, crear contribuciones parafiscales y crear contraprestaciones tributarias en materia de energía eléctrica.
La administración Petro asegura que el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres cuenta con recursos por sólo COP 668.000 millones, que ya fueron apropiados y comprometidos por la UNGRD.
El análisis de la Corte Constitucional
Sebastián Correa, socio de Serrano Martínez CMA, y experto en derecho tributario, explica que los impuestos que se recauden en el marco de la emergencia solo pueden usarse para atender la crisis climática y evitar los efectos de la misma, según el artículo 215 de la Constitución. No podrían utilizarse, por ejemplo, para cubrir déficits estructurales del Estado, para financiar gasto ordinario o para cerrar las brechas fiscales. Sin embargo, resalta que es necesario revisar de manera detallada los decretos que aterricen las medidas prácticas de la emergencia.
Juan Pablo Díaz Castaño, senior counsel en Holland & Knight, agrega que la misma Corte Constitucional así lo ha indicado. En la Sentencia C-431 de 2025 declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 1 al 10 del Decreto Legislativo 175 de 2025 del Gobierno, que estableció impuestos temporales para atender la situación del Catatumbo. El alto tribunal señaló que los recaudos tenían disposición exclusiva para financiar la conmoción interior y ordenó “devoluciones si se excedía la financiación directa de las acciones de fuerza pública y de atención humanitaria”.
El Gobierno justificó la declaratoria de la emergencia en la intensificación de la ola invernal, las afectaciones territoriales nuevas y un impacto presupuestal extraordinario no previsto.
El decreto con el que el Gobierno declaró la emergencia ya está bajo la revisión de la Corte Constitucional, el caso será liderado por el magistrado Miguel Polo Rosero, quien fue designado como ponente.
Correa explica que la Corte Constitucional entrará a analizar si hay hechos sobrevinientes, que sean nuevos, imprevisibles y extraordinarios. A pesar de la gravedad de las afectaciones, el abogado pone sobre la mesa que no es la primera vez que ocurre una crisis climática de este tipo y aparentemente hubo alertas de autoridades, por lo tanto, se podría cuestionar que sea un hecho imprevisible. “Le queda al Gobierno la tarea de demostrar técnicamente que hay un incremento imprevisto y abrupto del gasto, y que no hay mecanismos ordinarios para cubrirlo ni es posible acudir al Congreso dada la urgencia de las circunstancias. Sin embargo, la Corte deberá hacer un análisis de fondo y determinar que lo que está tratando de cubrir el Gobierno no es un tema estructural”.
Díaz destaca que, teniendo en cuenta las afectaciones y con el fin de restablecer los derechos de las comunidades afectadas, sí se requerirán medidas rápidas y recursos para atender la emergencia, pero eso no significa que la única herramienta con la que cuenta el Gobierno para hacerle frente a la situación sea un nuevo paquete tributario. También podría acudir a un eventual recorte presupuestal o a la reasignación de partidas presupuestales de las diferentes entidades.
Entre los puntos que para Correa serán claves en el análisis está la temporalidad de recaudo de los tributos: si se establecen impuestos que serán recaudados en más de tres o cuatro meses, ya no será una medida que tenga conexión directa y necesaria con la atención de la crisis. También se estudiará la proporcionalidad del monto, considerando si realmente se necesitan los COP 8 billones a los que se ha referido Minhacienda, y que no se estén “sustituyendo las potestades del Congreso”.
También lea: DIAN entrega mercancía decomisada para atender emergencias de la ola invernal
¿Más impuestos para las empresas?
Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda solo ha anunciado modificaciones al impuesto al patrimonio.
Esta sería la tercera vez, en menos de seis meses, en la que el Gobierno busca hacerle cambios a este tributo, que está vigente desde la reforma tributaria que la administración Petro logró aprobar en 2022.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, este impuesto es un instrumento redistributivo, pues sólo afecta a quienes tienen más recursos. “Para 2024, dicho impuesto fue pagado por 32.397 contribuyentes, lo que implica que alrededor de 0,5 % de los declarantes del impuesto de renta de personas naturales hacen parte de los contribuyentes del impuesto al patrimonio”, se lee en un informe de esta cartera.
Sin embargo, la aplicación del impuesto para patrimonios por encima de COP 10.000 millones y COP 30.000 millones (con tarifas de 0,6 % y 1,2 %), despierta dudas entre algunos analistas, principalmente por sus efectos en las empresas.
Esto por cuenta de la carga extra sobre el aparato productivo, que va en contra de recomendaciones de la OCDE, que sugieren tener una tributación más alta para personas naturales que para las compañías.
“Este es un problema porque afecta al motor empresarial. Es un castigo a las empresas por tener activos fijos”, aseguró Brandon Espinel, profesor de la U. del Rosario y miembro de la Red de Trabajo Fiscal.
César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, resalta que las empresas en Colombia tienen el nivel de tributación nominal y efectiva más alto en la región y una de las más altas en el mundo, lo que hace inviables proyectos de inversión.
“No debemos pensar solamente en las grandes empresas, sino también en pequeñas empresas que también serían cobijadas por ese umbral mínimo que anunció preliminarmente este Gobierno. Muchas de estas empresas, además, ya tuvieron que hacer ajustes tras los incrementos en los costos laborales por el salario mínimo”, dijo.
El momento económico
El Presupuesto General de la Nación 2026 quedó con un faltante cercano a COP 16 billones luego de que el Congreso hundió la ley de financiamiento que buscaba aportar esos recursos adicionales. El Gobierno Petro decretó una emergencia en diciembre, argumentando, entre otras cosas, el hueco en las cuentas de este año por la decisión del Legislativo, la situación de seguridad y desastres naturales por la ola invernal.
El 29 de enero la Corte Constitucional decidió suspender la emergencia económica y los nuevos impuestos por más de COP 11 billones que traía el estado de excepción, mientras estudia de fondo si la medida es constitucional.
Tras la decisión del alto tribunal, el Gobierno Petro anunció que recortaría el presupuesto para este año. Aunque, hasta ahora, no se conocen más detalles de esos reportes.
El panorama fiscal también está marcado por otras presiones. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el aumento del 23 % del salario mínimo para 2026 sumaría al menos COP 5,3 billones al déficit fiscal del próximo año y hasta COP 8 billones a partir de 2027. Según el Comité, el mayor impacto se explica por el aumento del gasto en pensiones y en salarios públicos, así como por una reducción estimada de COP 2,7 billones en el recaudo del impuesto de renta.
Hay otros temas que también preocupan de la economía. Los datos de inflación de enero, cuando el dato se ubicó en 5,35 %, por encima de diciembre, y los aumentos en las proyecciones para este año siembran profundas dudas de si los precios en el país se mantendrán estables o irán hacia arriba.
Con un crecimiento mensual inusual en enero (1,18 % en comparación con diciembre de 2025), lo que los datos parecen confirmar es que el Índice de Precios al Consumidor comenzará una senda al alza. Incluso, en una entrevista con este diario, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que “el aumento de la inflación para 2026 es probablemente inevitable”.
Le recomendamos: “Fue una decisión dolorosa, pero necesaria”: gerente del Banrep habla de tasas de interés
Todavía está pendiente la publicación del Plan Financiero del Gobierno, documento en el cual se actualizan las cifras del déficit fiscal, por ejemplo, indicador que ayuda a explicar los problemas de caja de la administración del presidente Gustavo Petro.
Pabón sostiene que la necesidad de decretar un estado de excepción por las inundaciones es el reflejo de la crítica situación fiscal.
Una de las advertencias de varios analistas era que navegar los temas fiscales con tantas presiones encima quitaba margen de maniobra ante un choque. Y el choque llegó bajo la forma de emergencia climática.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
Conoce más