Explicaciones a medias en la Emergencia Social

Entre más pasa el tiempo mayores son los enredos para el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, en su intento por demostrar que los decretos de Emergencia Social expedidos por el Gobierno para conjurar la crisis de la salud fueron ajustados a la normatividad vigente, que no lesionan los intereses de la comunidad médica ni de los pacientes, y que tampoco aparecieron de manera improvisada.

La situación llega a tal punto que ayer el propio presidente Álvaro Uribe, quien durante la última semana se empleó a fondo para defender las controvertidas medidas —con entrevistas diarias a través de los medios de comunicación incluidas— tuvo que pedirle al Congreso que derogue uno de los decretos, que ponía a los colombianos a pagarse la salud con cargo a sus cesantías.

Como si eso no fuera suficiente, El Espectador encontró una nueva inconsistencia en la defensa de Palacio frente a las acusaciones del candidato presidencial Germán Vargas Lleras por la contratación con empresas privadas de millonarias asesorías para la redacción de los decretos que lo pusieron en el ojo del huracán.

En diálogo con los periodistas, Palacio defendió las calidades de la empresa contratada (el Centro de Gestión Hospitalaria) y dijo que los polémicos contratos cuestionados por Vargas (uno por $725 millones y otro por $1.200 millones) no son onerosos para el país, que el tema fue avalado por el Consejo Nacional de Salud y que también fue informada la Corte Constitucional.

Efectivamente, el Centro de Gestión Hospitalaria es un prestigioso grupo de expertos que desde 1999, y en seis ocasiones, han ganado concursos nacionales e internacionales para asesorar al Gobierno. En lo que quedan aún más dudas de las que había antes de la aclaración del Ministro es en la forma como le fue adjudicado al CGH el encargo de la asesoría para los decretos de la Emergencia Social. Palacio asegura que se hizo mediante concurso y que en el mismo participaron cuatro empresas, pero a la hora de nombrarlas sólo mencionó a la ganadora, al Cendex de la Universidad Javeriana y a Fedesalud. “Yo sí quisiera que se comparara (entre ellas) la calidad de los profesionales y de los informes presentados”, apuntó el funcionario.

Según pudo establecer El Espectador, ninguna de las firmas citadas por el Ministro participó en el supuesto concurso. Lo que el Ministerio pidió a estas dos (¿tres?) firmas fue enviar una precotización. Es decir, tan sólo un valor estimado de lo que podría costar un contrato como ese. “La precotización es un mecanismo muy común antes de fijar los criterios de una licitación —explicó Félix Martínez, presidente de Fedesalud—, “pero a nosotros nunca nos invitaron a hacer propuestas para una licitación”.

La pregunta que queda en el aire es quiénes participaron en el concurso que el Ministro dice haber realizado para el contrato.

Por otra parte, este diario confirmó que siguen surgiendo cuestionamientos al grupo de 19 asesores que forman parte del equipo del CGH. Mientras Julio Portocarrero Martínez es miembro de la junta directiva de Colpatria (que a su vez es dueña de la EPS SaludColpatria); Mauricio Vélez Cadavid es uno de los accionistas de la empresa Medicarte, que administra servicios de salud; Ramón Abel Castaño Yepes, un reconocido investigador del sector, también es director médico de la red de servicios médicos de Colsubsidio, entidad que posee el 50% de la EPS Famisanar.

Todos ellos son personas capacitadas y con formación en el tema, pero algunos de sus colegas y dirigentes de oposición aseguran que tener algún vínculo laboral con actores del sistema de salud, como las EPS, representa una incompatibilidad para participar en el diseño de una reforma que afecta intereses de estas mismas empresas.

Como colofón, el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, anunció investigación sobre presuntas irregularidades en el proceso. No gozan de buena salud los decretos de la emergencia.

Gobierno pide derogar decreto que comprometía cesantías

El ministro de Protección Social, Diego Palacio, anunció ayer que el Gobierno le pedirá al Congreso de la República que derogue el artículo 16 del Decreto 128, según el cual los usuarios con capacidad de pago podían acceder a sus cesantías o pensiones voluntarias para financiar los procedimientos que están por fuera del POS. Este representa un nuevo reversazo del Gobierno en las medidas de Emergencia Social.

Ayer también él ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, declaró que  acudirán al Congreso en caso de que la Corte Constitucional declare inconstitucionales los decretos de Emergencia Social.

La posibilidad de que la Corte tome esta decisión ha sido prevista por expertos como el ex constituyente Hernando Yepes, quien sostuvo que “la Emergencia fue establecida sin atención a los parámetros constitucionales obligatorios”. El ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo también escribió en este diario que “es difícil encontrar en la historia jurídica del país unas normas más improvisadas que éstas. Y lo que es más grave aún: de constitucionalidad más discutible”.

Si esos pronósticos se cumplen, el Gobierno presentaría uno o varios proyectos al Congreso “para buscar, por ejemplo, los recursos que se necesitan y que son imprescindibles para garantizar la viabilidad del sistema”, le dijo Zuluaga a Caracol Radio.