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Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) propuesto por el gobierno de Gustavo Petro, en los próximos años el país estará adelantando una transición hacia un nuevo modelo con el que se busca identificar, de una mejor forma, a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad.
Recientemente el Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó para comentarios el borrador del decreto con el que cimentará el denominado Registro Universal de Ingresos (RUI) que, a grandes rasgos, será el reemplazo del Sisbén.
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En Entrevista con El Espectador, el subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del DNP, Juan Miguel Gallego, explicó los detalles de este nuevo modelo.
Gallego asegura que el Registro tiene como propósito principal hacer más eficiente la inversión en ayudas, asegurándose de que lleguen a quienes verdaderamente las necesitan.
¿Por qué es necesario implementar un modelo que reemplace el Sisbén?
Los métodos de focalización que tenemos en Colombia se pueden reducir a dos. El primero es el Sisbén, que es una encuesta que se realiza cada 10 años y que se desactualiza fácilmente, porque la realidad económica de los hogares es cambiante. El segundo es la estratificación, que sirve para clasificar viviendas, pero no a las personas ni a los hogares. Este último se emplea, por ejemplo, para recibir subsidios en servicios públicos domiciliarios, o para beneficios relacionados al ingreso a la universidad.
El problema con ambos es que tienen errores de inclusión. En la estratificación, cerca del 80 % de los hogares está en los estratos 1, 2, 3 y 4, pero esa es una fotografía de hace unos 20 o 25 años. El gran problema con este mecanismo es que se actualiza cada vez que hay un barrido de clasificación de viviendas y su entorno, y eso no es algo que se haga con mucha frecuencia.
Pero también tienen errores de exclusión, pues no alcanzan a tener en cuenta a los hogares o personas que, por alguna fatalidad económica, pierden su capacidad de generación de ingresos y que podría ser objeto de una política social.
Este es un problema que ha sido diagnosticado desde los últimos 10 años por diferentes académicos, en donde nos incluimos con el director del DNP. De allí la necesidad de buscar otros métodos.
¿Cómo será la transición?
Tras la sanción del PND, el 19 de mayo de 2023, empezamos a trabajar en Planeación Nacional para activar la capacidad que tiene el país para poder utilizar los registros administrativos. Esto nos permitió, a finales de ese mes, lanzar el Registro Social de Hogares, que es una actualización de la encuesta del Sisbén en donde se utilizan más de 40 registros administrativos del país, en donde figura información, por ejemplo del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y registros locales que nos permiten identificar mejor la capacidad de pago y el estado socioeconómico real de los hogares.
Este año vamos a adelantar varios pilotos, implementando en cuatro ciudades este RUI para ver cómo funcionan los registros administrativos. También trabajaremos con las empresas de servicios públicos y domiciliarios para que entiendan cómo sería el proceso de registrar en la factura los subsidios y contribuciones.
Nuestro objetivo no es cambiar ni retirar la política social existente, sino focalizar mejor a quienes verdaderamente necesitan las ayudas. Es así como para 2025 esperamos comenzar con la transición, con la intención de que en el primer semestre del 2026 ya esté en pleno funcionamiento el RIU.
¿Se trabajará con el personal y equipamiento del Sisbén?
Sí, vamos a construir sobre esa capacidad que tiene actualmente el país en la encuesta del Sisbén. Esta entidad tiene alcances en los territorios y en sus secretarías de planeación, incluyendo las actualizaciones que los propios hogares solicitan cuando consideran que experimentaron una desmejora en su situación económica.
Lo que hace el RUI es poner toda la capacidad del registro administrativo y tecnologías emergentes para observar en qué bases de datos figura una persona, cuáles son sus comportamientos de consumo (mediante el gasto de sus tarjetas de crédito), el manejo que le da a sus cuentas financieras; o si dejó de usarlas y salió de la PILA porque perdió su trabajo, y esa pérdida de capacidad de ingresos se ha mantenido en los últimos seis meses. Eso también lo podremos observar.
Quiero resaltar que no estamos diciendo que quitaremos la política social. De hecho, el Gobierno ha hecho una inversión muy grande para el presupuesto de 2024 en esta materia. El objetivo es tomar ese presupuesto y hacer un gasto más eficiente. Por ejemplo, hay personas de estrato 3 que reciben un subsidio que no representa ni el 1 % de los ingresos de la familia, por lo que si dejan de recibir esa ayuda no se van a afectar; pero en un hogar de estrato 1 esos recursos sí serían una ayuda considerable, pues puede llegar a representar hasta el 15 % de sus ingresos.
Cuando lleguemos con los pilotos a las ciudades podremos observar lo que pasa al nivel local porque hay un montón de información que no nos está llegando y que puede venir de la información catastral o la renovación de la información de impuestos a nivel local.
¿Cada cuánto se actualizará la información en el RUI?
Eso solo lo sabremos con los resultados de los pilotos, pero creemos que puede ser de máximo un año, o seis meses mínimo, la frecuencia de actualización. En cualquiera de estos casos tendríamos un avance importante.
Ese es un ciclo que, por ejemplo, se ve en Europa, en donde la actualización se da cada vez que una persona hace su declaración universal de ingresos. Eso es lo que también buscamos con el RUI, que las personas declaren sus ingresos, sabiendo que si tuvieron un año económicamente negativo podrán acceder a las ayudas que tiene el Estado para ofrecer.
¿Cómo será la autodeclaración y cómo evitar las declaraciones fraudulentas?
Tendremos tantas bases de datos que podríamos decirle a una persona que declara un valor equivocado que, en realidad, sus bienes, autos y generación de ingresos representan determinada cantidad de dinero. En ese caso se le envía un reporte en donde se le dice que su situación económica es diferente a la declarada y, por tanto, no es objeto de la política social.
Las personas van a empezar a declarar con la misma declaración de renta que hacemos quienes estamos obligados a declarar, esa es la parte que hay que entrar a regular en el piloto. La idea es que en este proceso nos acompañe la DIAN, pero no queremos que la gente asocie este proceso con pagar impuestos, sino más bien como una autodeclaración que permitiría identificarlo como un beneficiario de una política social.
¿Cuáles serán los criterios para seleccionar a los hogares que necesitan ayudas?
Tenemos la metodología de clasificación de grupos, que ese trabajo ha sido muy bien hecho por el DNP por muchos años y en colaboración con el Gobierno Nacional. Eso se va a mantener. Diremos al Gobierno Nacional y a las administraciones locales cuáles son las personas que están en los diferentes grupos de clasificación, es decir, pobres extremos, pobres, vulnerables y no pobres y no vulnerables. Creemos que esta es una clasificación muy bien hecha y avalada por expertos.
Si el Departamento de Prosperidad Social antes gastaba o invertía subsidios con altos índices de errores de inclusión, pues ahora los puede invertir y copar a otras partes de grupos más vulnerables. Esto no quiere decir que un grupo vulnerable vaya a perder sus inscripción en programas sociales, sino que puede pasar a otros programas sociales como estabilidad de generación de ingresos y apoyo al emprendimiento, pero no quedarse con el subsidio de pobreza extrema cuando ya no lo es. El DNP garantizará una focalización adecuada para la política social.
¿Se incluirá población migrante?
Se tiene población migrante, sí. Habría que ver qué programas específicos se pueden hacer atenderlos.
¿Otras entidades podrían usar la información del RUI, por ejemplo la DIAN para identificar posibles evasores de impuestos?
No, y queremos ser claros en esto. Queremos mantener el RUI con un objetivo de política social y de mejora en la inversión social. No está pensado para ayudar a la identificación de entidades como la DIAN. Eso dañaría lo que se quiere lograr. Nuestro objetivo es mejorar la eficiencia de la política social. Los instrumentos de mejora en política fiscal y de impuestos tendrán que ir por otros mecanismos.
Con los impuestos ya tenemos una inversión grande en política social que ronda los $11 billones. Hagamos que esos $11 billones sean cada vez más eficientes.
Colombia tiene una necesidad de mejorar sus índices de desigualdad. Se han mejorado los índices de pobreza y pobreza extrema, pero tenemos una deuda con la desigualdad muy grande. Vamos a trabajar en eso para ver cómo pueden ir mejorando esos indicadores.
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