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Este viernes pasó lo que tenía que pasar: el primer plazo para concertar el salario mínimo llegó y se fue y no hubo acuerdo acerca del aumento para 2024.
Era casi un hecho, luego de que los sindicatos presentaran esta semana una propuesta de incremento (18 %), que no fue contestada por parte de los empresarios. Estos, si bien no han sentado una posición unificada oficial, han comentado por aparte que el incremento del mínimo para 2024 debería estar más pegado al valor de la inflación proyectada para 2023. Según el Banco de la República, el IPC cerrará 2023 entre 9,4 % y 9,8 %. Un porcentaje similar se registra en la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, en donde la mayoría de los analistas ubicó el crecimiento de los precios en 9,6 % para este año.
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Para algunos analistas, la cifra que propusieron los sindicatos es una exageración (más en tiempos de desaceleración económica) cuando se le compara con lo que sucedió el año pasado. En 2022 el IPC llegó a 13,12 % y el aumento del mínimo fue de 16 %.
En 2023 se espera cerrar con cuatro puntos porcentuales menos de inflación con respecto a 2022, pero con un alza de dos puntos por encima del incremento del año pasado. Es esta matemática la que explica la falta de concertación en una mesa que, para todos sus poderes anunciados, no hace mucho el resto del año en términos de políticas laborales.
Según lo comunicado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) este viernes, el no cumplimiento del plazo obedece a la instrucción de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramirez, de continuar con las reuniones bilaterales, que son encuentros privados que tiene con sindicatos y empresarios por aparte.
Según lo explicado por el presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Percy Oyola, es prudente que la ministra decidiera aplazar la reunión, pues de lo contrario la jornada entre empresarios y sindicatos habría terminado, una vez más, sin mayores avances.
Su esperanza está en que las reuniones bilaterales de este viernes permitan destrabar la discusión, para que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo.
“Esperamos ser convocados a una nueva reunión cuando se haya avanzado en un acercamiento de propuestas a lo que ya presentamos”, manifestó.
¿Por qué se le da tanta importancia al salario mínimo?
De entrada hay que decir que en Colombia el grueso de los trabajadores no depende del salario mínimo. Según cifras aportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de enero a octubre del presente año apenas el 11,3 % de los ocupados generaron dicho ingreso, esto son 2,51 millones de personas.
La realidad es que en el país la mayoría de los trabajadores, 47,1 % (que son más de 10,4 millones de ocupados) gana menos de un salario mínimo al mes, mientras que 39,6 % (8,8 millones) devenga más de un salario mínimo. El 2,1 % restante no informa.
Estas cifras señalan hacia un fenómeno harto conocido en Colombia, el de la informalidad laboral. Ese enorme renglón que está por debajo de un salario mínimo en remuneración está poblado, justamente, por trabajadores informales.
Esta es una crítica que le han hecho a la negociación desde siempre: pareciera más un asunto político que de política económica, pues su impacto no tiende a resolver los problemas, de fondo y mucho más graves, que tiene el mercado laboral en Colombia. Y desde el año pasado, el mínimo perdió algo más de protagonismo, si se quiere, con el impulso para desligar costos de servicios y trámites con el Estado del incremento que tiene anualmente el mínimo. La idea es migrar más de un centenar de ítems a un aumento expresado en UVT (unidad de valor tributario).
Ahora bien, a pesar de la desindexación, del mínimo siguen dependiendo una serie de variables que no han sido migradas a la Unidad de Valor Tributario (UVT). Y, más allá de su peso en el mercado laboral, es por este lado por donde se encuentra la relevancia (menor ahora que antes) de esta variable.
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Las empresas
En el primer rubro están las empresas que, con el cambio de año, sienten el impacto en el aumento de los costos de contratación formal.
Según lo explicado por el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, las cargas para el empleador formal van más allá del salario mínimo, pues también debe contribuir a la pensión del trabajador (12 % sobre la base del ingreso), a la cotización de las cajas de compensación familiar (4 %), a la aseguradora de riesgos laborales (que varía entre el 0,52 % y el 4,3 %) y a la salud (4 %). A esto se suman otros costos como las cesantías, la prima de servicios y las vacaciones.
Para entender mejor estas cuentas, y tomando el salario mínimo que rige en 2023, el $1.160.000 que se le paga a cada trabajador representa un costo de $1.803.561 para el empleador.
Es por lo anterior que algunos analistas señalan que una subida desproporcionada del salario mínimo podría provocar el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas, reducir su cantidad de empleados (más desempleo) o impulsarlos a la informalidad.
Las cuotas moderadoras y los copagos
Las cuotas moderadoras y los copagos son contribuciones que se hacen cuando se accede a determinados servicios de salud, como lo puede ser una cita de medicina general y de odontología. Estos varían dependiendo de los ingresos de los cotizantes.
Por ejemplo, la cuota moderadora en 2023 es de $4.100 para quienes ganan menos de dos salarios mínimos, de $16.400 para los que ganan entre dos y cinco, y de $43.000 para los de más de cinco.
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Por su parte, los copagos son del 11,50 % del valor del servicio para quienes ganan menos de dos salarios mínimos, del 17,30 % para los de entre dos y cinco, y del 23 % para los de más de cinco.
La vivienda
Las viviendas de interés social (VIS), así como las de interés prioritario (VIP), están ligadas a este ingreso, pues según el Ministerio de Vivienda las primeras no pueden sobrepasar los 135 salarios mínimos, mientras que las segundas tienen un tope de 90 salarios mínimos.
Para quienes compran sobre planos, y aceptan que el valor de la vivienda sea en salarios mínimos, con el cambio de año experimentarán un incremento en el valor de los inmuebles. En 2023, por ejemplo, la variación llegó a superar los $20 millones con la subida del 16 % que se acordó en diciembre de 2022.
Sin embargo, hay quienes piensan que esto puede ser positivo, pues el aumento de valor podría traducirse en viviendas de mejor calidad, así como un mayor acceso a créditos hipotecarios en familias de escasos recursos, y mayores ingresos por cuenta de subsidios, ya que estos también están amarrados al salario mínimo.
Otros rubros indexados
De este ingreso también dependen otros cobros, especialmente relacionados con el estado (como sanciones y trámites). Gran parte de estos están en los renglones de la agricultura; comercio, industria y turismo; educación; hacienda; salud y vivienda.
Para los jardines vinculados al Bienestar Familiar, por ejemplo, la contribución que hacen los padres también dependen de los ingresos (en salarios mínimos) que recibe el núcleo familiar.
También están las categorías de las cajas de compensación familiar, que agrupan a los usuarios con base en sus ingresos (en salarios mínimos) al momento de realizar cobros de tarifas.
En suma, aunque el salario mínimo impacta directamente a poco más del 11 % de los trabajadores en el país, su variación afecta a la totalidad de los ocupados (y sus familias en el país), pues del mismo se desprenden el cálculo de una serie de tarifas y costos.
La desindexación del mínimo
Pensando en que el incremento del salario mínimo puede afectar negativamente el bolsillo de los hogares en el país, cuando lo que se busca es preservar su poder adquisitivo, desde el año pasado se ha adelantado una apuesta por desindexar lo máximo posible del mismo.
En su momento la mesa de concertación de políticas laborales y salariales informó que son 204 los cobros que se pretenden desatar del mínimo. Sin embargo, hasta el momento solo se ha logrado consolidar 116.
La meta para el próximo año es alcanzar los 88 que quedan pendientes, entre los cuales se encuentra gran parte del listado descrito en este artículo. Los mecanismos para lograrlo sería mediante la expedición de decretos y resoluciones por parte del Ministerio de Hacienda y demás carteras implicadas, aunque para otros serían necesarios proyectos de ley que pasen por la aprobación del Congreso.
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