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Unos 600 municipios del país dependen de la economía cafetera. Este sector es, entre los agropecuarios, el de mayor aporte al Producto Interno Bruto (PIB) del país y el que empuja las cifras de exportación del agro. Por su importancia, el café tiene una cuenta parafiscal: el Fondo Nacional del Café (FoNC). Su administración está a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) hasta principios de julio.
Ad portas de esta fecha, fue mucha la incertidumbre que se generó ante la posibilidad de que se le retirara la administración a la Federación. La razón de ello fueron los cuestionamientos hechos por el Gobierno de Gustavo Petro y las diferencias políticas que se originaron en la elección del gerente, cuando no ganó el candidato de su preferencia. El ruido cesó esta semana, cuando en lugar de renovar el contrato por 10 años como se ha hecho siempre, el Gobierno prorrogó el ya vigente por cinco meses. Será la nueva administración la que fije las condiciones del próximo contrato.
Este es un tema vital para los cafeteros porque son sus recursos. Entre los interrogantes que quedan están: ¿cómo debe ser el nuevo contrato?, ¿qué debe cambiar para atender las inconformidades de los productores?, ¿cómo debe ser la relación de la Federación con el Fondo y con el Gobierno? Le contamos en qué va la discusión, que se deberá retomar en unos meses cuando se instale el nuevo gabinete del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
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¿Qué es y por qué existe el Fondo del Café?
Lo primero que se debe tener en cuenta es que, gracias al éxito cafetero en los mercados del mundo, el país recoge un dinero que tiene un manejo especial. Se trata del fondo parafiscal que recauda seis centavos de dólar estadounidense por cada libra de café verde exportado, USD 1,08 centavos para café tostado, USD 0,48 centavos para café soluble y USD 0,36 centavos para extracto de café. En abril, el valor estimado de las exportaciones fue de 312 millones de dólares. Y el presupuesto del Fondo para 2026 por ingresos corrientes es de 8,768 billones de pesos.
La suma no va a parar a las arcas del Gobierno, ya que no pasa por el Presupuesto General de la Nación. La ley establece que el recaudo sólo se puede emplear en pro del sector que realizó la contribución a la cuenta parafiscal, en este caso, va para los cafeteros a través del FoNC.
Si bien son recursos públicos que vienen de un impuesto, su administración ha estado a cargo de un privado desde hace casi 100 años: la Federación Nacional de Cafeteros. Esta nació en 1927 y ese mismo año comenzó la parafiscalidad cafetera, aunque con otro nombre. Pero su destinación ha sido clara desde entonces: sólo puede utilizarse en beneficio de la caficultura, su promoción y comercialización dentro y fuera del país, entre otras actividades.
El manejo de la FNC de los recursos se oficializó con un contrato suscrito en abril de 1928, con la posibilidad de prorrogarse por períodos de 10 años. Luego se creó el Fondo el 22 de noviembre de 1940 mediante el Decreto 2078 y la administración continuó en manos del gremio, mediante otro contrato suscrito con el Gobierno en diciembre de ese mismo año, de acuerdo con Fedecafeteros.
Las últimas renovaciones contractuales se firmaron el 12 de julio de 2006 y el 9 de julio de 2016, por lo que el vencimiento de este último es a comienzos de julio. En dicho acuerdo, el Gobierno autorizó que la Federación reciba, como contraprestación por la administración, una suma anual que no exceda del equivalente a tres centavos de dólar por libra del total de las exportaciones del país (la mitad de los seis centavos que se cobran).
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¿Quién decide sobre el dinero de los cafeteros?
La Federación administra, pero para direccionar el gasto hay un equipo en el que participa el Gobierno y miembros del gremio: el Comité Nacional de Cafeteros.
El órgano se conforma por las cabezas de los Ministerios de Hacienda, Agricultura, Comercio, así como de Planeación Nacional. También participa el Comité Directivo del gremio con un representante por cada uno de los 15 comités departamentales de cafeteros. La representación cafetera se define mediante unas elecciones internas.
Aunque la administración es privada, al ser un dinero público, la FNC debe garantizar que todos los productores y el sector se vean beneficiados con las inversiones que realice y no solo favorezca a sus asociados.
¿Sólo la FNC puede administrar el Fondo?
Aunque son de naturalezas distintas, el FoNC es un recurso público y la FNC un gremio privado, la historia de ambos ha estado entrelazada desde el principio. Y, por primera vez en casi un siglo, esta relación fue cuestionada por el Gobierno a tal punto que no era seguro si la Federación seguiría administrando el Fondo.
Mucho se comentó del interés del presidente Gustavo Petro en terminar el contrato que tiene Fedecafeteros debido a las diferencias políticas y al interés que tenía de no beneficiar a un privado con el manejo del dinero público. Finalmente, esta intención no se materializó.
Algunos analistas consultados por este medio dijeron que, aunque el Gobierno tiene mecanismos legales para hacerlo, se deben cumplir dos condiciones: que se incumpla el contrato y que no se garantice la representatividad del sector por ser baja o porque exista un gremio más representativo. Ninguna de éstas se cumplía.
A esto se le suma que se les acabó el tiempo para las negociaciones del contrato, el candidato del continuismo del Gobierno perdió las elecciones y había mucha presión sobre el futuro del Fondo. Además, si le quitaban el contrato a la Federación, la próxima administración podía devolvérselo sin problema, según analistas que pidieron no ser citados.
Más allá de la tensión política, queda abierta la pregunta de si es posible cambiar el administrador y a quién se le podría destinar dicha responsabilidad.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, le explicó a El Espectador que la Ley 101 de 1993 establece que, si el gremio tiene dificultades, la administración queda a cargo de la cartera a través de un patrimonio autónomo, con cuentas separadas. De dichas posibilidades legales, en la opinión pública se estuvo comentando que el Gobierno podría darle el manejo de la cuenta parafiscal a entidades como Fiduprevisora o Fiduagraria.
Sin embargo, Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la Universidad Javeriana de Cali, expresa que la posibilidad que la Fiduprevisora administre este fondo es jurídicamente inviable en el marco normativo actual. Además, ha tenido varios problemas con el manejo de recursos como con el dinero de la salud de los maestros.
“El régimen de parafiscalidad cafetera tiene una protección constitucional especial que reserva la administración a la gremialidad cafetera organizada”, agrega Duarte.
¿Conviene cambiar al administrador del FoNC?
La posibilidad de que se le retirara la administración al Fondo quedó en eso, una posibilidad. Aunque la discusión sigue vigente en torno a si sería positivo cambiar el funcionamiento actual, académicos y analistas coinciden en que la respuesta corta es: no.
En esencia, Jairo Andrés Rendón, director del Observatorio Financiero Rural de la Pontificia Universidad Javeriana, se pregunta si existe evidencia de que otra entidad puede generar más productividad, más innovación, mejores ingresos para el productor y una mejor articulación de toda la cadena cafetera. Hasta ahora no ha visto esa evidencia.
“Sustituir una organización especializada por una entidad pública simplemente porque es pública es preocupante. La naturaleza pública o privada de una entidad no garantiza mejores resultados”, asegura.
Incluso los más agudos críticos de la Federación reconocen que tiene la idoneidad y capacidad para llevar a cabo estas funciones, apunta Luis Fernando Samper, consultor internacional en temas cafeteros.
¿Cuáles son los cuestionamientos a la Federación?
Es claro que lo más apropiado es que la entidad que tiene las capacidades instaladas, la experiencia y el conocimiento del tema cafetero sea la que administre el Fondo, es decir la Fedecafeteros. Pero ello no zanja la discusión en torno a críticas y aspectos a mejorar que tiene la entidad.
La ministra Carvajalino destaca que el Gobierno ha adelantado el proceso de concertación y ajuste para la creación del próximo contrato que se le dará a la FNC. “La parafiscalidad no tenía un seguimiento adecuado por parte del Gobierno, la renovación contractual era casi una inercia”, dijo.
Y agregó que los vencimientos que se dieron en su administración tuvieron en el centro una discusión profunda sobre la diferenciación entre el gremio como actor privado y el papel que cumple frente a la administración del fondo de fomento, de manera general. La separación entre ambas características también se buscó lograr con el Fondo Nacional del Café.
Otra crítica que resalta la ministra del funcionamiento actual del contrato es la poca representación que tienen los caficultores que no están afiliados a la Federación y que muchos que sí hacen parte no están de acuerdo con sus comités cafeteros. Por eso, entre las propuestas que llevaron a la mesa de discusión estaba la de cambiar la conformación del Comité Nacional de Cafeteros para incluir representantes que no hagan parte del gremio y que haya una cuota femenina.
También se busca garantizar que los beneficios lleguen a productores en todas las zonas para que haya irrigación de los recursos y no cargarlo sólo a los afiliados, porque terminaría siendo una contribución pública que estaría dirigida a favorecer intereses privados y particulares, en palabras de la ministra.
“Lo que hemos hecho es avanzar en los diálogos. El mensaje del presidente es absolutamente preciso: hay que ampliar la democracia cafetera y no se pueden sostener privilegios a costa de la contribución de las 600.000 familias, cuando la mayoría de ellas son campesinas”, afirma la jefa de la cartera.
En últimas, se ha dado el espacio para plantear una discusión que el país necesita sobre cuál es el propósito y cómo debe ser el liderazgo que la FNC debe tener con las familias cafeteras y cómo debe existir el Fondo, para qué y cómo va a lograr tener la máxima influencia posible en el bienestar y desarrollo de los productores, según Jaime Alberto Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle.
¿Qué viene para el Fondo del Café?
Las condiciones que deberá tener el Fondo Nacional del Café (FoNC) es un tema que se aplaza por cinco meses, en el marco de la negociación que ya fue iniciada. La decisión para los próximos 10 años está en manos del siguiente gobierno.
Esta fue una decisión atípica, pues se esperaba la renovación. La ministra Carvajalino asegura que le dejan la responsabilidad a la próxima administración porque se les “acabó el tiempo” y no podían simplemente renovar a 10 años. Lo que han hecho hasta ahora ha sido “avanzar en la estructuración del documento. Lo que está en juego es la producción cafetera, que es quizá la cadena que mayor representación tiene del campesinado”.
Al respecto, el gerente de la FNC, Germán Bahamón, saludó “la voluntad de diálogo y construcción expresada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino. El respeto mutuo y la disposición para encontrar soluciones han permitido avanzar con serenidad y responsabilidad”.
Los términos de la prórroga del contrato todavía se desconocen. Desde la cartera de Agricultura sostienen que tendrá algunos cambios, aunque no sustanciales porque esto sería como “hacer uno nuevo”. Bahamón añadió que en los próximos días definirán conjuntamente los términos en que quedará.
Esta noticia fue bien recibida entre los distintos sectores y fue calificada de “sensata”, en un momento de alta incertidumbre por el futuro del FoNC.
En 100 años, ningún gobierno había llegado tan lejos en cuestionar quién maneja los recursos del café. Tampoco había llegado tan lejos sin cambiar nada. Lo que viene — un nuevo contrato, nuevas reglas, un nuevo gobierno — determinará si esta pausa fue el inicio de una transformación real en la caficultura colombiana o simplemente otro capítulo de una historia que, aunque avanza, lo hace sin mayores alteraciones al guion principal.
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