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Las denuncias ciudadanas por el funcionamiento de las cámaras de fotomultas proliferan en las redes sociales y los medios de comunicación: radares que no están a la vista, supuestos excesos de velocidad y cambios abruptos en la señalización hacen parte de un extenso memorial de agravios que el Gobierno prometió que terminaría con la expedición de una ley que regulara la instalación de cualquier sistema de este tipo.
Sin embargo, la situación no es muy diferente hoy. Aunque la nueva norma quedó en firme en julio de 2017, se ha avanzado muy poco en su cumplimiento. La ley 1843 es estricta en los tiempos de notificación y específica en cuanto a la señalización. Así mismo, la reglamentación (resolución 718 de marzo de 2018) es exigente frente a cómo sustentar la necesidad de su instalación. Aun así, la mayoría de las quejas que se tramitan por imposición de una fotomulta piden la revisión de los comparendos, solicitan su anulación o prescripción y denuncian violaciones al debido proceso, especialmente por indebida notificación.
La Superintendencia de Transporte, autoridad competente designada para la verificación del cumplimiento de la norma, ha recibido 767 quejas por infracciones por fotodetección en lo corrido de este año, esto significa 142 % más de las radicadas el año pasado (317) y once veces más de las recibidas en 2017 (68).
La entidad de supervisión le dijo a El Espectador que no tiene competencia frente a estas quejas “en la medida que no es superior jerárquico de los organismos de tránsito, en razón a la naturaleza de sus funciones y, por lo tanto, no puede servir de segunda instancia en los procesos contravencionales por infracciones”. También explicó que su facultad responde a una función de vigilancia y control sobre la labor que realizan los organismos de tránsito o de apoyo.
Pero la Supertransporte sí puede investigar el incumplimiento de los criterios técnicos bajo los cuales deben funcionar los sistemas de detección de infracciones de tránsito, como la advertencia de las zonas vigiladas por radar mediante señales informativas visibles con una antelación de 500 metros de distancia, y suspender la operación de cámaras que no tienen autorización previa para su funcionamiento por parte del Ministerio de Transporte.
La ley les permite a las autoridades de tránsito territorial (secretarías, oficinas o alcaldías) instalar y operar estos sistemas (fijos o móviles) dentro de su jurisdicción sólo después de que el Ministerio de Transporte, con base en estudios técnicos, establezca su necesidad. A la fecha, el Gobierno ha aprobado 389 cámaras de fotodetección en 14 departamentos, según los reportes de la plataforma de SAST del Mintransporte. De hecho, las personas pueden verificar si el comparendo es “legal” o no en la página web https://tramitefoto.mintransporte.gov.co/ubicaciones-aprobadas.
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A la Red de Veedurías Ciudadanas han llegado una serie de denuncias que han presentado presuntos infractores sobre los que pesan fotomultas desde 2016 y que progresivamente comenzaron a ser investigadas por las autoridades de tránsito en Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico, principalmente. La lectura que hace la organización señala que desde que las autoridades territoriales comenzaron a concesionar la instalación y operación de estos sistemas se volvió un negocio atractivo, “conduciendo así a numerosos abusos que intentó frenar el Legislativo en 2017”.
Dados estos vacíos, no se sabe a ciencia cierta cuántas cámaras puede haber instaladas en el país y hay casos como los de Arauca, Caquetá, Cesar, La Guajira, Boyacá, Córdoba y Tolima donde se registraron cientos o incluso miles de infracciones por fotodetección entre 2018 y 2019 (ver gráfico), pero no hay ni un solo radar autorizado, de acuerdo con la plataforma SAST del Mintransporte.
Según cifras del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), desde que arrancó el año hasta el 30 de noviembre de 2019 se han impuesto 1’097.836 comparendos por fotodetección en 18 departamentos, la mayoría de ellos en Antioquia (27,5 %), que acumula 301.884 casos. El año pasado, de acuerdo con la misma fuente, se superaron los 1,7 millones de comparendos, la mayoría en Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá. Esto significa que por este mecanismo se imponen al menos un tercio de las multas totales cada año.
El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Luis Felipe Lota, explicó que cualquier cámara o sistema similar que se instale debe cumplir con cuatro criterios técnicos para obtener una autorización: que sea un punto con alta siniestralidad y se demuestre en las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial que allí sea necesario tomar medidas de prevención para minimizar la accidentalidad, que se identifiquen condiciones de movilidad que necesiten ser mejoradas y que las estadísticas del historial de infracciones sean altas. Toda la información se contrasta con diferentes reportes oficiales.
El funcionario destacó que la filosofía alrededor de una cámara es que sea un elemento para prevenir e inducir el cambio, reducir comportamientos irregulares y mitigar la siniestralidad, no para multar. Desde que la entidad se encarga del proceso ha recibido más de 290 solicitudes para instalación de alrededor de 700 radares y ha negado 200 de ellas.
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En este escenario, David Racero, representante a la Cámara por Bogotá del partido Coalición Lista de la Decencia, presentó un proyecto de ley que está en discusión en la comisión sexta en el que propone que haya una segunda instancia: “Los conductores no tienen procesos justos donde puedan apelar las multas, presentar sus versiones del caso o argumentar por qué consideran que no deberían pagar, pues cuando son notificados de una vez les llega la factura; al tema todavía le falta mucha regulación”, aseguró.
También le apunta a obligar a las autoridades a que hagan una actualización del registro semestral para que puedan notificar cada cierto tiempo a los conductores de manera que no se les incrementen los intereses y a implementar por fuerza la notificación por correo electrónico o celular y mecanismos electrónicos para que los infractores hagan los trámites a distancia, vía virtual. “La iniciativa surge de consolidar una serie de demandas y quejas de la ciudadanía en función de los derechos de los conductores; tenemos cifras de la Superintendencia de Transporte que muestran que el 79 % de las quejas que reciben son por fotomultas y por los procedimientos para su pago; el número se está desbordando”, dijo el congresista, quien espera que el tema llegue a plenaria el próximo semestre.
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