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El gobierno está ante un reto muy grande en lo relativo al fracking, teniendo de por medio la conciencia ambiental y la amenaza de perder la autosuficiencia petrolera por la caída apresurada de las reservas petroleras y de gas.
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Tres son los actores involucrados que de alguna manera van a ser determinantes en la suerte de los Yacimientos No Convencionales (YNC): el Consejo de Estado, el Gobierno (petroleras) y el medio ambiente que procura la defensa del agua.
La economía y lo ambiental en orillas opuestas, mientras que el alto tribunal, que debe pronunciarse sobre temas administrativos, tiene en sus manos la señal de partida o de freno para la implementación de la estimulación hidráulica que permitirá extraer más crudo o gas del subsuelo colombiano.
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La decisión del Consejo
En el auto del 8 de noviembre de 2018, que decretó la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 3004 de 26 de diciembre de 2013, el alto tribunal señaló que el Gobierno considera que “acceder a la medida cautelar atentaría contra la legalidad de los actos administrativos atacados y a su vez afectaría la seguridad de abastecimiento energético de la Nación, toda vez que las técnicas convencionales de exploración y explotación de hidrocarburos son insuficientes para asegurar la demanda energética; en otras palabras significaría la pérdida de autosuficiencia”.
Explica que, “dentro de las medidas cautelares que trae el C.P.A.C.A. (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) se encuentra prevista la suspensión provisional de los actos administrativos, que es una figura concebida por el legislador con el fin de hacer cesar los efectos de un acto hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante la medida cautelar que afecta su cumplimiento”.
Sin embargo, el 17 de septiembre de este año, la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó el auto del 8 de noviembre de 2018, pero aclaró que “el alcance de esta decisión no impide la realización de proyectos piloto integrales de investigación (PPII)…”.
Entre los argumentos de Gobierno que destaca el auto del Consejo de Estado está el relacionado con la actividad sísmica que tanto han denunciado los representantes de las organizaciones ambientales, apoyado por académicos que se han declarado en contra de la técnica del fracking. “Se prevé la suspensión de actividades de estimulación hidráulica para el operador cuando se presente un evento sísmico de magnitud mayor o igual a cuatro en la escala de Ritcher”.
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Sección Tercera del Consejo de Estado considera importante aplicar el “principio de precaución”. Es decir, que ante la duda sobre los posibles daños que pueda causar una actividad al medio ambiente se le debe dar prioridad a la protección ambiental.
Recuerda que la Corte Constitucional ha aplicado ese principio en actividades de aspersión con glifosato en cultivos ilícitos, en las actividades de explotación de recursos naturales; también para garantizar el derecho a la salud por la exposición a campos electromagnéticos por la instalación de antenas telefónicas cerca a las viviendas.
Razones ambientales
Integrantes de la Alianza Colombia Libre de Fracking tienen sus argumentos para oponerse a la implementación de la estimulación hidráulica. “Cada pozo de fracking gastaría el equivalente al mínimo vital de agua (6 m3) que consumen al mes entre 1.500 a 4.833 familias. Un pozo de estos consume la misma cantidad de agua que una ciudad de entre 118.000 y 380.000 habitantes en un día”, señala Carlos Santiago de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec) .
Advierte que las cuencas sedimentarias del Valle Medio y Superior del Magdalena Medio, donde Ecopetrol espera iniciar en dos años las pruebas piloto no comerciales, “están enriquecidos de uranio, cadmio y níquel” aumentando el riesgo para la salud y la vida humana.
Autosuficiencia e ingresos
Dice el Gobierno que desde el punto de vista de ingresos tributarios, el desarrollo de los YNC “podría representar una importante fuente de recursos con la que actualmente la Nación no cuenta”.
En un horizonte de 30 años, el Estado estima ingresos tributarios de $231 billones, un recaudo fiscal total de $323 billones y regalías por $92,5 billones con los YNC. “La fracturación hidráulica es una solución en el mediano plazo para garantizar la autosuficiencia energética en materia de crudo y gas en Colombia”, sostiene el informe de la administración Duque. En total se estiman reservas de 7.500 millones de barriles de hidrocarburos, según el estudio, donde considera que este recurso “puede traer consigo impactos positivos sobre la economía del país y el desarrollo sostenible de las regiones”. Para el Gobierno es importante “seguir los lineamientos establecidos por la Comisión de Expertos”, que recomiendan “realizar Proyectos Pilotos de Investigación Integral (PPII)”.
“El poder proceder con los Proyectos Pilotos de Investigación Integral recomendados por la Comisión de Expertos es una buena noticia para el país, pues nos permitirá no solo validar el potencial en petróleo y gas existente, sino también obtener información valiosa del subsuelo en lo técnico y lo ambiental”, argumenta el presidente de la Asociación Colombiama del Petróleo, Francisco José Lloreda.
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