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Se despeja el camino para que Tigo y Movistar operen como una sola compañía. El viernes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció que aprobó su integración, tras un extenso proceso que comenzó en diciembre del año pasado.
La decisión de la SIC es clave, pues la unión de estas dos compañías dará origen al segundo gran operador del mercado de telecomunicaciones en Colombia, con todas las implicaciones que esto supone para los usuarios y los demás competidores de la industria.
Según cifras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), para el segundo trimestre de este año, Claro concentraba más del 50 % de los servicios móviles en el país.
La brecha frente a sus competidores es amplia: Movistar registraba una participación del 21,1 %; Tigo, del 16,4 %; mientras que WOM alcanzaba el 6,3 %. Vale recordar que Claro fue declarado como operador dominante hace varios años.
Con la fusión de Tigo y Movistar, cerca del 88 % del mercado colombiano quedaría en manos de solo dos operadores. Del porcentaje restante, WOM concentraría alrededor del 6 %, mientras que casi el6 % estaría repartido entre los operadores móviles virtuales (OMV), categoría en la que figuran marcas como Virgin, Éxito y Suma.
Como advirtió en su momento el Ministerio de las TIC, un mercado tan concentrado representa un riesgo elevado, tanto para los usuarios como para los operadores más pequeños. En ese escenario, por ejemplo, los dos grandes jugadores podrían coordinarse para aumentar las tarifas y reducir la competencia en aspectos como nuevas inversiones, lo que podría llevar a un estancamiento o incluso al deterioro de la calidad del servicio.
La decisión de la Superintendencia
Tras analizar la propuesta de fusión de estas compañías, la SIC tenía tres caminos: aprobarla, negarla o darle luz verde, pero con condicionamientos. Según explicó la superintendente Cielo Rusinque, la tercera opción fue la más adecuada, pues la entidad considera que el mercado tiene más posibilidades de ser competitivo con dos grandes operadores, en lugar de uno solo que durante años ha mantenido una posición dominante.
No todos comparten esa postura. Según señaló WOM, Colombia se aleja de lo que ocurre en otros países de la región y en los referentes de la OCDE, al pasar de cuatro operadores principales a solo tres, en un mercado en donde los dos más grandes concentran nueve de cada diez usuarios. En suma, esta compañía señala que competir en estas condiciones es extremadamente complejo.
La SIC reconoció que la fusión podría generar efectos negativos en el mercado. Por eso impuso una serie de condicionamientos que pretenden mantener la competencia y contribuir a que los precios del servicio se mantengan, al tiempo que se incentiva la inversión para ampliar la cobertura en las zonas más apartadas del país.
En el caso de los servicios móviles (internet, voz y mensajería), la SIC advirtió que existe el riesgo de que la empresa resultante de la fusión incremente las tarifas que cobra a operadores como WOM, Suma, Móvil Éxito y Virgin Móvil por acceder a su red y utilizar su infraestructura para cubrir zonas donde no cuentan con red propia.
Eso podría traducirse en riesgos para los usuarios, pues los operadores se verían obligados a subir sus tarifas para cubrir esos mayores costos. Para mitigar este efecto, la SIC impuso como condición que la empresa integrada deberá ofrecer tarifas más bajas que las actuales. En el caso de WOM, por ejemplo, se fijó una tarifa de acceso que implica una reducción de entre 12,5 y 24,3 %.
Para los denominados OMV se fijó una tarifa diferente, dado que WOM sí cuenta con espectro e infraestructura propia. Para esos operadores el descuento quedó entre 11 y 46 %.
Sin embargo, cifras de WOM señalan que este descuento sería de apenas dos centavos, pues pasarían de pagar COP 1,6 a COP 1,4 por megabyte. Para el operador, este condicionamiento no es garantía suficiente de que las tarifas para los usuarios en Colombia no aumentarán. De hecho, creen que los precios podrían subir un 22 %, de acuerdo con el mercado que encontraron antes de que empezaran su operación, en 2021.
Expertos consultados por este medio afirman que el mercado de las telecomunicaciones en Colombia sí enfrenta presiones al alza en las tarifas. Esto, explican, se debe a que indicadores como el ingreso promedio por usuario (ARPU, por su sigla en inglés) no han mostrado incrementos significativos en los últimos años, según lo reflejan múltiples reportes financieros.
La SIC también identificó el riesgo de que, tras la integración, los dos grandes operadores que quedarán en el mercado puedan coordinarse para afectar a sus competidores más pequeños. Esto podría darse mediante estrategias, como empaquetar servicios que los otros no ofrecen —por ejemplo, promociones que combinen internet móvil con televisión—, lo que pondría en desventaja a los operadores de menor tamaño.
La SIC impuso como condición que la empresa integrada no podrá realizar este tipo de prácticas. Además, cualquier estrategia comercial deberá enfocarse exclusivamente en competir por participación frente al operador dominante (Claro), y no en afectar a los competidores más pequeños.
La SIC, asimismo, identificó riesgos en los 82 municipios en donde actualmente solo compiten Tigo y Movistar en servicios fijos, pues la integración podría generar aumentos de precios y un deterioro en la calidad del servicio. Para mitigar este escenario se estableció como condición que la empresa integrada no podrá empeorar las condiciones de precio ni de calidad en esos lugares.
Finalmente está el caso de On Net (compañía dedicada al despliegue de la red de fibra óptica en el país). La SIC advirtió el riesgo de que Movistar, que tiene una participación accionaria en esta compañía, pueda influir en decisiones como la asignación de presupuesto o la fijación de condiciones.
Con la integración, estas actuaciones podrían traducirse en un bloqueo al acceso de los competidores a la red de fibra óptica. Para evitarlo, se estableció un esquema estricto de manejo de información confidencial —al que la empresa integrada no podrá acceder— y esta, además, renunció a su derecho de veto.
Todos estos condicionamientos estarán bajo vigilancia de la Dirección de Cumplimiento de la SIC, que podrá imponer sanciones en caso de incumplimiento.
Los detalles del negocio
A mediados de 2024, Colombia conoció que la multinacional Millicom planeaba quedarse con la totalidad de Tigo y Movistar. Los meses pasaron y la gran inversionista firmó un acuerdo definitivo de compraventa con quienes hoy tienen la mayor participación accionaria de este último operador, Telefónica.
Se pactó que Millicom pagará cerca de USD 400 millones por el 67,5 % de las acciones. Sobre el 32,5 % restante aún no hay claridad, ya que esos títulos le pertenecen a la Nación (mientras que 0,001 % es de un pequeño grupo de accionistas). Sin embargo, se sabe que al país también se le habría ofrecido la misma cantidad por acción, lo que se traduce en unos USD 192 millones.
En su momento, El Espectador consultó a diversas fuentes inmersas en la industria de las telecomunicaciones. Algunas consideraron que no tiene sentido que la Nación venda por ese valor su participación, pues no hay que perder de vista que Movistar es hoy el segundo operador más grande del país; mientras que otras coinciden en que, por la presión fiscal que experimenta el Gobierno, es altamente probable que acepte el negocio (y más cuando el sector de las telecomunicaciones viene consolidando años de complejidad financiera y sostener una compañía como estas, en el corto plazo, es más un gasto que un ingreso).
Sobre el negocio con Tigo, hay que recordar que la mitad de las acciones las tiene Millicom, mientras que la otra mitad la tiene Empresas Públicas de Medellín (EPM). Lo que busca la multinacional es comprarle la participación accionaria a su socio, para así quedarse con la totalidad.
A comienzos de julio, la junta directiva de EPM aprobó la venta de las acciones que tienen en Tigo. Se acordó la enajenación de 5.015.035 títulos. A cada uno se le dio un precio mínimo de $418.741, lo que resultaría en un negocio de más de COP 2,1 billones.
Al tratarse de acciones de una empresa pública, hay que tener en cuenta que en agosto del año pasado el Concejo de Medellín aprobó, en segundo debate, la venta de estas acciones.
Reacciones a la decisión de la SIC
Millicom, que es la gran empresa de telecomunicaciones detrás de la oferta de compra para Tigo y Movistar, dijo sobre esta decisión que “estamos analizando en detalle la resolución y, en tanto avanzamos en esa revisión, valoramos positivamente este paso, que representa un avance más hacia el cierre de la transacción. Reafirmamos nuestro compromiso con seguir contribuyendo al desarrollo digital del país, impulsando la conectividad, la innovación, la competencia y el crecimiento económico de todos los colombianos”.
A su turno, Telefónica (Movistar) señaló que esta decisión es una oportunidad para seguir construyendo el sector de las telecomunicaciones de una forma equilibrada y sostenible. Subraya que los grandes beneficiarios serán los colombianos, quienes contarán con un operador que tendrá una gran capacidad de inversión, lo cual permitirá llevar de forma más ágil las mejoras que se requieren en materia de conectividad y tecnología.
Este medio consultó a Claro y ETB, pero no dieron declaraciones.
Otro actor clave en este proceso es la CRC, la autoridad encargada de reglamentar los condicionamientos impuestos por la SIC.
“La Comisión considera importante señalar que ha advertido que el mercado mayorista de acceso y originación móvil ya presenta altos niveles de concentración, con riesgos de restricción para terceros operadores que utilizan roaming automático nacional para la prestación de sus servicios y para los operadores móviles virtuales (OMV). Por lo tanto, la integración entre Tigo-UNE y Movistar podría tener consecuencias importantes en el mercado minorista de servicios móviles, como lo es el aumento en la probabilidad de que se generen efectos coordinados como consecuencia del incremento en la concentración, o una potencial subida en los precios que pagan los usuarios por dichos servicios”, informó en un comunicado.
Adelantándose al trabajo de regulación que tendrá que hacer, señaló que avanza en tres proyectos regulatorios, los cuales abordan los siguientes tres temas: esquemas de remuneración mayorista de redes móviles, revisión de temáticas específicas del Régimen de Protección de Usuarios y un marco regulatorio para el servicio de conectividad local.
Según explicó a El Espectador Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, los condicionamientos adoptados por la SIC no parecerían ser suficientes para garantizar una competencia real en el mercado de las telecomunicaciones, especialmente en lo relacionado con las tarifas que los operadores deben pagar para acceder a las redes de los grandes jugadores.
El académico también detalla que no se dejó espacio para que nuevos operadores que quieran sumarse al mercado puedan participar y generar una presión competitiva, debido a la alta concentración que habrá en Colombia.
“En los mercados que tienden a concentrarse, la evidencia económica muestra que menos competencia y mayor concentración suelen traducirse en tarifas más altas y en una disminución de la calidad del servicio. Lamentablemente, la autoridad de competencia tenía la oportunidad de establecer reglas y condiciones equilibradas para todos los actores, pero ese espacio se está perdiendo por completo”, concluyó.
Algunas fuentes consultadas, que pidieron no ser identificadas, pues mantienen relaciones de negocios con los operadores, manejan una visión distinta. Consideran que la SIC actuó de manera adecuada y que la efectividad del plan dependerá de la rigurosidad con la que se ejerza la vigilancia, así como de la regulación que expida la CRC, la cual debería provocar una real presión en el mercado. Sin embargo, advierten que existe un antecedente poco alentador: pese a que Claro fue declarado operador dominante, se ha hecho muy poco —o nada— para revertir esa situación.
Los meses que se vienen son claves, ya que definirán el futuro que tendrá este negocio en el país, en donde el Estado tiene parte, al ser el segundo mayor accionista de Telefónica.
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