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A principios de febrero, Vanti les puso los pelos de punta a más de uno al asegurar que prontamente las facturas de gas natural para millones de usuarios subirían hasta 30 %.
El anuncio vino seguido de una intensa polémica, que incluyó una serie de elementos que ya se volvieron paisaje cuando la conversación involucra empresas, recursos energéticos y servicios públicos. La receta común incluye sazón a dos manos con acusaciones de manipulación de precios o de negligencia en la administración de la política pública, todo espolvoreado con una dosis nada despreciable de incertidumbre y desconfianza.
Pero lo cierto es que, ya con los datos sobre la mesa, las alzas en gas sí terminaron por materializarse no sólo en los recibos de todo tipo de usuarios, sino en su efecto en la inflación general.
En febrero, los datos del DANE mostraron que el IPC registró una variación anual (esto es en comparación con el mismo mes del año pasado) de 5,28 %. Con ese resultado, la inflación muestra un cierto estancamiento, pues lleva tres meses presentado un resultado anual prácticamente igual. En los resultados de febrero hay dos renglones que mostraron grandes incrementos y significativas contribuciones al crecimiento de la inflación: los arriendos y el precio del gas. Sin embargo, cuando se miran los datos de forma desagregada se puede ver que el gas natural manda la parada en los incrementos de ese grupo de gastos: mientras que los arriendos (efectivo e imputado) subieron 7,1 % y 6,6 % en su medición anual (respectivamente), el gas sufrió un incremento de 22,1 %; los demás servicios públicos tienen crecimientos que se encuentran cómodamente en un solo dígito.
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Ahora bien, si se mira la ecuación desde la variación mensual, el resultado es un poco el mismo, pero con brechas mucho más grandes entre el gas y los demás servicios de ese renglón de gastos: mientras el alojamiento no llegó al 1 % en el crecimiento mes a mes, el gas tuvo un alza del 14,4 %.
En febrero, los mayores aumentos, por encima del 30 %, se registraron en Ibagué, Neiva y Popayán, seguidas por Bogotá, Florencia, Tunja y Villavicencio.
Las alzas la sienten bolsillos de usuarios como Leonor Rodríguez, quien vive en estrato 5 en Bogotá, cuya factura pasó de rondar los $20.000 a casi duplicarse con el mismo consumo. “Yo vivo sola y buena parte del día no estoy en la casa. Y pues no tengo un restaurante en mi cocina. Así que esos precios no tienen explicación”.
La explicación llega por el lado macro del estado del gas en el país, como explica Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás —gremio que reúne a 29 compañías productoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras—, quien asegura que para poder garantizar el suministro, teniendo en cuenta la escasez de gas local, ha sido necesario importar, que es mucho más costoso. El precio sube por la molécula, pero también por la logística: es necesario transformarlo a estado líquido para el transporte en barco desde el origen, que puede ser Estados Unidos o Trinidad y Tobago, después regasificarlo en Cartagena (en la planta regasificadora, SPEC LNG) y moverlo a diferentes zonas del país. El gremio también advirtió que el precio del gas local ha subido por oferta-demanda. Las alzas tocan a todo tipo de usuarios y comercios, y tienen el potencial de afectar la expansión de este servicio en un país en el que cerca del 10 % de los hogares aún cocina a punta de leña, según datos del DANE (2023).
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El impacto en los restaurantes y bares
“La afectación ha sido total”, cuenta Mateo Bohórquez, gerente de El Tablazo, gastrobar de comida típica con tres sedes ubicadas en Melgar, Ibagué y Murillo, en Tolima. De acuerdo con el empresario, pasaron de pagar por el servicio del gas $2′500.000 a pagar $3′800.000 en la factura de febrero. “El impacto se ve en toda la empresa. Estamos haciendo un esfuerzo diario por mantener a los 40 empleos directos y pensando en iniciativas para que todo el gremio no se vea afectado”, comentó Bohórquez.
Brany Prado, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés) en el Pacífico y la Amazonia, aseguró que desde que conocieron el anuncio del incremento manifestaron su preocupación, pues el 80 % de los establecimientos gastronómicos del país funcionan con gas natural. Además, mencionó regiones en las que el incremento para los restaurantes fue mayor al 35 %, como Tolima (50 %) y Cauca (65 %), que ya presenta afectaciones por este tema. “Esto se convierte en una carga adicional para los sobrecostos que ya ha sufrido la industria gastronómica durante los últimos años. También se vuelve insostenible mantener estos establecimientos y genera que el precio, en algún momento, tenga que ser trasladado al consumidor”, dijo Prado.
Cristian Padilla, socio de grupo Altas Vistas (que maneja restaurantes como Astoria, Santorini y Compañía Criolla, así como las discotecas Federal y Presea, en Bogotá), aseguró que el incremento entre la factura de enero y la de febrero fue del 35 %. “Pasamos de pagar en un sitio entre $5 y $6 millones a $8 millones, lo que afecta la rentabilidad y se nos hace muy caro operar, especialmente porque es un gasto fijo que ya teníamos controlado. Además, el incremento es casi siete veces la inflación”.
Por el momento, están asumiendo el incremento desde la rentabilidad, pero deben evaluar si suben algunos precios para mitigar el impacto.
Por su parte, Felipe Giraldo, chef ejecutivo y creativo de Mile High Hospitality Group (de los restaurantes Tremé, Adriano y Bicono), cuenta que el gas es un recurso esencial en sus cocinas, usado en casi todas las áreas de preparación, “desde la cocción hasta la conservación de alimentos a la temperatura adecuada. Con el incremento en las tarifas, los costos operativos han aumentado de forma considerable, afectando los márgenes de rentabilidad del sector”. Dicho aumento los pone “en una situación difícil”, ya que no siempre es viable trasladar estos costos al cliente sin afectar la demanda. En un contexto en el que los consumidores también enfrentan dificultades económicas, “subir los precios de los platos puede llevar a una reducción en la afluencia de clientes. Como resultado, muchos restaurantes han tenido que replantear sus estrategias, buscando optimizar el uso de recursos, ajustar los menús o incluso considerar fuentes de energía alternativas para mantener la sostenibilidad del negocio”, agrega Giraldo.
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Además de la rentabilidad, no es fácil usar sustitutos, según Prado, porque la energía eléctrica ni el gas de cilindro son opciones viables. Por un lado, la electricidad cuesta más y hay equipos de las cocinas de los restaurantes que necesitan la presión del gas natural. Por el otro, el gas de cilindro “tampoco es una opción rápida o viable”, pues tendrían que acondicionar los espacios, lo que también implicaría costos adicionales y modificaciones al presupuesto que se fijaron las empresas para este año.
El menú ejecutivo, uno de los que más preocupa
El aumento del servicio se vio reflejado en el menú ejecutivo. Por ejemplo, en Cauca el precio pasó de $13.000 a $20.000. En Bogotá está entre $18.000 y $20.000. De acuerdo con Acodrés, hay regiones del país en las que el valor está en $23.000. “Es un incremento que golpea el bolsillo del colombiano de a pie que, por sus condiciones laborales, le toca comer por fuera. La situación puede causar el cierre de las operaciones y de establecimientos, lo que afectará la generación de empleo”, explicó Prado.
Paulo Cantor, dueño del restaurante Los Discípulos, ubicado en San Felipe, Bogotá, que ofrece entre semana platos a la carta y menú ejecutivo, y comidas rápidas los fines de semana, menciona que ha visto reducción de las ventas, pues los consumidores han notado el incremento en los precios por cuenta del gas. “El incremento del servicio se suma a los aumentos que han tenido productos e insumos básicos, lo que dificulta la labor de los emprendedores y de las personas que tienen negocios propios. Además, los fabricantes que utilizan gas también deben subir el precio de los productos. Toda la cadena se ve afectada y se debe subir el precio del plato”.
Sin embargo, el impacto no se ha sentido en todas las regiones. Por ejemplo, en el barrio Santa Lucía, al sur de Bogotá, está el restaurante de Marelbis López López, quien asegura que el “gas está estable, dependiendo lo que uno gasta, aumenta, pero estamos bien por el momento. Lo que sí ha subido es la energía”.
En esa línea, Carlos Chemas Avendaño, de Casa de Paso Mi Hogar, fundada en 2016 en Barranquilla, presta servicios de alojamiento, alimentación y transporte. “En el restaurante el incremento fue del 5 % desde hace un mes aproximadamente. No hemos tenido que aumentar el precio de nuestros platos, pero estamos a la expectativa. La situación con el servicio del gas en Barranquilla y la costa Caribe no ha sido tan abrumadora como sí está ocurriendo en el interior del país. El servicio público que más afecta sí es la energía, que desde hace unos años viene con costos altos y perjudica la operación en el restaurante”.
Los consultados y el gremio, que representa a más de 600.000 establecimientos gastronómicos, le solicitan al Gobierno diálogo y un subsidio o auxilio del 20 al 30 % en ese servicio para el sector. También piden una revisión en las tarifas de la energía. “Pedimos regularizar o bajar esos sobrecostos para el sector gastronómico, que alimenta a gran parte del país”, dijo Prado.
Por su parte, Giraldo afirmó que la industria de la restauración es un motor clave para la economía, genera empleo y promueve la cultura gastronómica colombiana. “Sin medidas que permitan controlar estos aumentos y garantizar tarifas justas, muchos establecimientos podrían verse obligados a reducir operaciones o incluso cerrar sus puertas, afectando a miles de trabajadores y emprendedores”.
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La industria
Un informe reciente del centro de estudios económicos ANIF advierte que estos incrementos pueden afectar al tejido productivo del país, especialmente a los sectores que tienen al gas como un insumo clave, como el manufacturero, el agroindustrial y el energético. Los mayores costos de producción, dijo el centro de estudios, pueden comprometer la operación e incluso aumentar los precios para los consumidores finales.
El 80 % de los afiliados a la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) son no regulados, los grandes consumidores de gas que, básicamente, establecen sus propios contratos para la compra de este energético; el otro 20 % son usuarios regulados, que están sometidos a las reglas establecidas por la CREG.
De acuerdo con Sandra Fonseca, directora de Asoenergía, todos están sintiendo los impactos. Los consumos de gas regulados por los incrementos en las facturas y los no regulados, porque los contratos de largo plazo que vencieron en noviembre de 2024 no se renovaron y las empresas están teniendo que comprar gas en el mercado secundario a precios más altos, que van hasta los US$20 por millón de BTU (antes estaba, en promedio, en US$5,1 por millón de BTU).
La situación se volvería más crítica a final de año. Para el 75 % de los no regulados que están afiliados a Asoenergía y se ubican en el interior del país los contratos vigentes terminan en noviembre de 2025, para los del mercado de la costa es cerca del 50 %. “Lo más grave es que aunque tengamos contratos, si no hay gas, igual nos cortarán el suministro porque la CREG decidió que la demanda esencial es lo primero que se cubre, incluso si no hay racionamiento declarado”.
Cerro Matoso, empresa minero-industrial, dijo a este diario que a finales de 2024, cuando tuvo que contratar algunas cantidades para atender su demanda en el corto plazo, identificó un incremento cercano al 20 % en el valor del gas frente al precio que solía pagar. La empresa opera 24 horas al día con dos hornos de altas temperaturas que requieren suministro continuo de gas natural para mantenerse en funcionamiento.
A la compañía le preocupa el acceso a gas en el mediano plazo y la volatilidad de los precios en el país, pues los productores de gas nacional podrían acercar los precios a los de importación, que son mucho más altos. Cerro Matoso aseguró que está enfocada en conseguir un suministro de gas “sostenible y competitivo a largo plazo”, pero que, si no lo consigue, estudia alternativas.
De acuerdo con cifras de Asoenergía, la industria colombiana se abastece, aproximadamente, en un 31 % con gas, 30 % con energía eléctrica, 20 % con carbón y 20 % con biomasa. Para las empresas que no tienen la opción de sustituir el gas, ante el aumento de los precios o una eventual escasez, la opción sería bajar la producción y los costos aumentarían considerablemente para quienes puedan sustituirlo por energía eléctrica, carbón, GLP o combustibles líquidos. De acuerdo con el gremio, la agroindustria, la producción de plástico, papel, cemento y la minería serían los más afectados.
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